PROVINCIA

Arcioni pidió a los diputados rescindir, paralizar y reprogramar los contratos de obra pública


La iniciativa tomó estado parlamentario y ahora se debatirá en Comisiones. Ayer otro de los proyectos que fue presentado en el parlamento fue el del Fondo de Emergencia Alimentaria que había sido adelantado por Diario Jornada, con el objetivo de atacar los casos de chicos mal alimentados.
29/08/2018 02:00

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Una serie de ministros y secretarios fueron citados por los diputados para que se reúnan con ellos y avanzar en algunos proyectos que presentaron sobre problemáticas que se conocieron en las últimas semanas en la provincia. Para hoy miércoles convocaron al ministro de Familia, Martín Bortagaray, debido a la intención de crear un Fondo de Emergencia Alimentaria. Además ingresó un pedido del gobernador Mariano Arcioni un proyecto de ley para paralizar los contratos de obra pública.

En el escrito enviado por el gobernador se solicita a los diputados que faculten al Poder Ejecutivo a promover la renegociación y rescindir de mutuo acuerdo los contratos de obra pública celebrados con ese Poder y las empresas contratistas, en virtud de la Emergencia Económica. El uso de esa facultad no procederá en aquellos casos en que sea posible la reprogramación o la paralización de la obra.

Emergencia alimentaria

La diputada del Frente para la Victoria, Estela Hernández, presentó el proyecto para crear en el Ministerio de Familia el Fondo de Emergencia Alimentaria, destinado a la compra de alimentos, para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia.

Según el proyecto, el Fondo se creará con una partida económica asignada que no debe ser inferior al 1% del Presupuesto total del ejercicio provincial. Se creará un Consejo Consultivo integrado por seis representantes para la supervisión del Fondo Alimentario. Los integrantes serán uno por el Ministerio de Familia, uno del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Educación, dos diputados y el Defensor del Pueblo.

Además establece que los recursos del Fondo de Emergencia Alimentaria se distribuirán entre los municipios de la siguiente manera: un 40% en función del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza y el 60% restante lo supervisará el consejo consultivo destinando en forma directa a los casos vulnerables que hayan sido detectados.

Críticas al Superior

Durante la Hora de Preferencia se hizo mención al sobreseimiento de la diputada Gabriela Dufour, además del resto de los imputados, en la causa por el préstamo de $10 millones a Alpesca.

Dufour calificó como un hecho de gravedad institucional lo ocurrido y acusó al Superior Tribunal de Justicia de no actuar independientemente del poder político.

Les solicitó que “se pongan los pantalones largos” y valoró el primer fallo de sobreseimiento del juez Fabio Monti quien, según la legisladora, “fue muy presionado”. La legisladora aseguró que el STJ se expidió sin pruebas ni fundamentos.

Además tuvo un párrafo especial para el rol de la Fiscalía de Estado en todo este proceso. Relató que durante la audiencia, luego de la decisión del fiscal Báez de no presentar la acusación, el representante de la Fiscalía de Estado, el abogado Martín Castro,  “llamó por teléfono a su jefe para pedir instrucciones. Su jefe es Mariano Arcioni y le dijo que continuara con la acusación. Pero acusó sin elementos nuevos y sobre una causa de la cual fui sobreseída en el año 2016. Esto demuestra que Arcioni continúa haciendo persecución política”, aseguró Dufour.

El diputado de Cambiemos, Eduardo Conde, aseguró que, en el caso del juicio por el préstamo a Alpesca y el accionar del fiscal Báez, “dictar el sobreseimiento en la puerta del juicio está dando cuenta acabada de la influencia del poder político en sus decisiones, porque no se entiende cómo hace un tiempo atrás había recurrido ya la decisión que había tomado un juez sobre la misma materia. Esta actitud del fiscal Báez deja en evidencia palmaria la influencia del poder político sobre la acción del Poder Judicial”.

En relación a la empresa Soriano, los trabajadores de la firma se reunieron con los diputados antes de iniciarse la sesión y presentaron una nota solicitando la intervención de las autoridades provinciales (ver página 4) .

El diputado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, en la sesión expresó sobre el tema que “está absolutamente claro que hay un fraude empresarial”.

“Creemos que estamos ante un fraude empresarial que está condenando a trabajadores, algunos con cuarenta años de antigüedad. No puede suceder que el Gobierno mantenga una actitud pasiva. Por eso citamos con urgencia a los titulares de las áreas de Pesca, Producción y Trabajo”, solicitó el diputado.#

 


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