Bortagaray libre, Pagani con tobillera

El ministro de Familia, Martín Bortagaray, quedó libre pero no podrá comunicarse con ninguno de los involucrados en la causa Revelación. Y el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, tendrá prisión domiciliaria hasta el 24 de noviembre, monitoreado por una tobillera electrónica y bajo la responsabilidad de su concubina, la arquitecta María Fernanda Casanova. El primero –aún parte de la gestión del gobernador Mariano Arcioni- está acusado de integrar la asociación ilícita para cobrar coimas y el segundo, de organizarla. Los investigarán hasta esa fecha.

Lo decidió el juez Sergio Piñeda, que presidió la audiencia de control de detención en la Oficina Judicial de Rawson.

Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, fiscales de la Unidad Anticorrupción, propusieron la libertad del exintendente de Dolavon por su “inusual” colaboración en el operativo de su detención. La noche del miércoles durmió solo en un calabozo de la Comisaría 3ª de Trelew. Para Pagani habían pedido la continuidad de la prisión preventiva pero el defensor Carlos Villada los convenció con sus argumentos.

Nápoli adelantó que el juicio oral podría ser a mitad de 2019 y que seguramente, los imputados que hoy están presos llegarán libres a las audiencias.
Nadie puso en discusión si por sus fueros, Bortagaray podía ser detenido. El juez aclaró que el miércoles, el defensor Jorge Rubiolo planteó un habeas corpus pidiendo su libertad pero lo retiró casi de inmediato a pedido de su cliente. No quería inmunidad alguna para ser investigado.

Nápoli explicó que el exministro “expresamente renunció” a los fueros y que según la Constitución, sirven para delitos comunes, no cuando se cometen en ejercicio de su función. “Habíamos notificado al ministro coordinador, Marcial Paz, y cumplimos con la ley, porque la Constitución Nacional dice claramente que los ministros no tienen fueros porque no fueron elegidos sino designados por un funcionario superior”. Aunque los fiscales llegaron a la audiencia “preparados jurídicamente” para la discusión, no fue necesaria. “No cometimos ningún abuso”, subrayó.

Apenas ingresó al recinto, a Bortagaray se lo notó impactado por la situación. Pidió declarar, visiblemente nervioso. Y lloró cuando pidió “encarecidamente” que lo investiguen. “En 30 años de función pública mi patrimonio no es mucho mayor. Por favor que vayan a conocerlo”. Posee una casa de barrio en Dolavon que “hace años que no puedo terminar de ampliar”; una chacra; una casa en Trelew; una camioneta Jeep Cherokee 95; una Jeep Patriot 2012; un camión Ford 700 modelo 71 y un tractor “medio hecho pomada”. Para comprar la chacra vendió un Neón y un camión tanque. “Me siento muy mal, muy afectado, siempre trabajé por la gente. Pude cometer errores y pueden juzgarme porque a lo mejor no fui eficiente en la función pública, pero no me pueden juzgar por delincuente”.

Secándose las lágrimas, pidió: “Que me investiguen todo y busquen lo que quieran donde quieran. Estoy dispuesto al momento que quieran. Puedo demostrar que no me enriquecí con la función pública”. Dijo que no vacaciona hace 15 años. “Trabajo cada día de 8 a 21. Estos hechos le hacen mal a la política y deben investigarse para que los que tienen responsabilidad en los delitos paguen, porque la gente cada vez cree menos en nosotros”.
Dijo que en su paso por el Instituto Provincial de la Vivienda atendió muy pocos empresarios y que no los conoce. “Pueden preguntarle a cada uno si alguna vez los llamé y les pedí aunque sea un caramelo. Jamás en la vida, pueden juntarlos a todos adelante mío sin ningún problema. Ni siquiera acepté cenas cuando me invitaron”.

Bortagaray reivindicó sus 30 años de labor en la administración pública: inspector municipal en Dolavon, intendente, presidente de Corfo, del IPV y ministro. Antes de asumir en el IPV se reunió con el gobernador Mario Das Neves y con Diego Correa. “Había una profunda y grave crisis económica y problemas para pagar los sueldos. Se venía un cambio importante en la política de viviendas y había que ajustar”.

Por su salud debilitada, no era simple acceder a un diálogo con Das Neves. “Me dijo que habría un control más fuerte del Estado; quería hacer 10 mil viviendas pero sabíamos que era imposible. El control administrativo de la gestión lo tendría Correa”.

Admitió que Correa le pedía planillas para saber los certificados de obra que se debían a cada empresa. También se enviaban al Ministerio de Economía. Pero negó que se usaran para elegir firmas y marcar el pago de retornos. Bortagaray recibía el OK y cancelaba. “El propio gobernador nos dijo que la Secretaría Privada era un superministerio. Correa era la voz del gobernador y más en su estado de fragilidad”.

“Para mí las planillas eran documentación oficial, se lo mandaba por mail y también a Pagani. Lo hicimos el año que estuve en el IPV y es demostrable”.
Bortagaray advirtió que muchas constructoras estaban complicadas por sus compromisos con el Banco Chubut y con la Unión Obrera de la Construcción por las quincenas. “Tratábamos de buscar alternativas para que la obra funcione sin problemas con los trabajadores. Nunca recibí una orden para que no se pague y nunca bajé una empresa, salvo por alguna cuestión administrativa. En alguna ocasión que Oca nos pedía demorar unos días el pago hasta la entrada de regalías, si no se descompensaba el flujo para sueldos”. El extitular del IPV relató que los empresarios, cuando no cobraban, “llamaban reputeándonos porque tenían embargos por materiales que habían comprado. Lo nuestro era poner la cara y tratar de darle un puchito a cada uno”.

Entró al IPV con una deuda de $ 80 millones y se fue con una deuda de 520 millones. “Cualquiera diría que mi gestión fue horrible pero Nación retaceaba plata y teníamos dificultades para cobrar. En esta crisis nadie,  donde esté, puede hacer una buena gestión. Si fuese por mí me hubiese quedado en el IPV. Pero soy un soldado de la política”.#