El Embrujo: pidieron 6 sobreseimientos y hubo fuerte discusión por las escuchas telefónicas

Los defensores Damián D´Antonio, Omar López y Fabián Gabalachis pidieron que no se admitan como prueba los 29 CD´s con las escuchas telefónicas de la causa El Embrujo. Consideraron que aunque en el verano de la investigación el juez Sergio Piñeda autorizó las intervenciones, una vez grabadas las charlas no se respetó la cadena de custodia. Esto generó filtraciones a los medios y hasta pudo dar lugar a adulteraciones de los audios.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams contestaron que en realidad, la inviolabilidad de esas evidencias la garantiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Subrayaron que su contenido es “verosímil” y lo respalda el resto de la prueba, incluyendo pericias electrónicas, testimonios y documentación secuestrada.

D´Antonio dijo que en los 11 cuerpos del expediente “no hay un solo papel, acta o testigo que diga quién las hizo, cómo y dónde”. La solicitud de la Unidad Anticorrupción y la autorización del juez fueron correctas. “Pero después de eso y hasta la audiencia de control de detención cuando nos enteramos de que existían, no hay nada”. Insistió con que “no sabemos si su contenido es fiel y confiable. Los medios las tenían antes que nosotros y no hubo control de la defensa”.

Junto con Daniela Souza, una de sus defendidas, revisaron las llamadas. “Faltaba una del 11 de febrero, de 1.450 segundos, 24 minutos y 16 segundos, a las 20.52. No está en ninguno de los CD´s ofrecidos”.

“No es que se rompió la cadena de custodia. Ni siquiera hubo cadena. Se violaron todas las normas”, advirtió. “Se afectó el derecho de defensa y se violó la privacidad y la intimidad”.

Gabalachis agregó por su parte que “evidentemente las cosas se hicieron mal y ya no es posible remediarlo porque no sabemos cómo esos audios llegaron acá”. Deslizó que el artículo 181 del Código Procesal Provincial, dedicado a las escuchas, es el más extenso justamente por la necesidad de precisar los requisitos de un procedimiento sensible.

“Quien pierde la privacidad lo pierde todo –citó a Milan Kundera-. Si a cualquiera de nosotros lo graban un mes seguramente diremos algo malo o ensuciaremos gente sin que signifique que sea delito”. En este escenario “los fiscales nos dicen que son buenos y que tenemos que creerles porque no van a adulterar pruebas. Aunque tengamos un excelente concepto de ellos, con eso no alcanza ni es lo que dice el Código”.

Rodríguez replicó que todas las partes conocieron los audios durante el control de detención. “Los CD´s estaban a resguardo nuestro, sellados y firmados por ambos fiscales, bajo nuestra responsabilidad. Fueron reconocidos, usados y valorados por todas las partes. Pero resulta que 7 meses después descubren que parece que están mal hechas”. El investigador acotó que los audios se corresponden “con lujo de detalles y de manera acabada” con el resto de la evidencia y eso les da verosimilitud.

Williams consideró que los argumentos defensistas “son un rigorismo formal para hacer caer la prueba”. Explicó que las escuchas las hace un programa de software en una sede de Capital Federal y las protege un complejo sistema de encriptación que reglamentó la CSJN. No es posible adulterarlas. “Los fiscales desgrabamos todos los CD´s y mientras los tuvimos, ni Rodríguez ni yo filtramos las escuchas a los medios”.

En otro tramo, López, defensor de Juan Carlos “Tata” Ramón, pidió que lo sobresean de la asociación ilícita y cuestionó como un exceso que su cliente sea imputado por haber presentado presuntos presupuestos dibujados. “Es maestro mayor de obras e integraba una empresa del rubro así que veremos si es delito. Están usando esa figura jurídica para justificar las prisiones y está muy alejado de lo que dice la doctrina”.

Rodríguez le respondió: “De ninguna manera acepto que usemos una figura para graciosamente estar metiendo gente presa”. Explicó que fue Ramón quien bosquejó el proyecto para construir un complejo en Puerto Pirámides con plata negra y se sacó fotos descargando containers, ente otras varias evidencias. “No hay duda de su pleno conocimiento de la actividad ilegal”.

Policía

D´Antonio, defensor de Jorge Godoy, también pidió el sobreseimiento. Es el policía y maestro mayor de obras que construyó para Correa la casa de dos plantas con pileta y los tres dúplex de Playa Unión, a tres cuadras del mar. Le imputan haber prestado una “colaboración esencial” para que el exsubsecretario de la Unidad Gobernador incrementara su patrimonio. Lleva 34 años en la fuerza y 25 en su otro oficio.

“Es docente en la Escuela Politécnica –dijo el defensor público-. No veo cuál es la irregularidad de haber cumplido por su profesión con un poder que le encomendó un cliente, como los trámites de los lotes, planos y gestiones ante la Cooperativa Eléctrica y la Municipalidad. Hizo lo que debía y no tenía por qué saber el origen de los fondos. Es absurdo suponerlo y creer que tenía que esconder a alguien”.

D´Antonio consideró que Fiscalía “usó datos falsos y tergiversados” para reprocharle una participación necesaria. “En julio de 2011 a Godoy lo adscribieron a la Unidad Gobernador entre muchas otras adscripciones. No hay hecho para imputarle ni razón para que enfrente un juicio kilométrico. Es como imputar también a los albañiles”.

El fiscal Rodríguez graficó que “a primera vista basta para darse cuenta de que ninguno de nosotros puede construirse una casa así y menos Correa, cuyo último sueldo fue de 40 mil pesos”.

Explicó que el defensor “se olvida y no dice que Godoy era un funcionario que dependía de Correa pero que no iba a trabajar como debía a esa área porque se dedicaba a la obra, como otras dos personas de apellido Báez y López que también figuraban en la Unidad pero no iban porque estaban en la obra”.

Rodríguez consideró que Godoy “sabía perfectamente quién era Correa porque dependía de él y conocía que había una irregularidad”. El policía usó un poder “para poder esconder al verdadero dueño. Estoy convencido de que lo vamos a probar”. Sólo la parrilla costó 272.000 pesos y quien firmó el contrato para adquirirla fue Godoy. “Si todo era tan transparente, ¿por qué no firmó Correa?”, se preguntó.

Contrapuntos

D´Antonio pidió otro sobreseimiento: el de Daniela Souza, la amiga íntima de Mac Leod que fue accionista de Dual Core. Cuestionó la figura de la “asociación ilícita” y explicó que desde la constitución de esa firma hasta su detención su cliente “sólo se dedicó a hacer gestiones y eso no es delito”.

Gabalachis también pidió los sobreseimientos de Diego Correa, Natalia Mac Leod y Sandro Figueroa por su imputación de asociación ilícita.

“Es una figura jurídica que están usando para inflar la pretensión punitiva y aunque en el país hay imputaciones para hacer dulce, casi no hay condenas por ese cargo”.

Recordó los casos del estafador “Sapo” Ciarlo en Puerto Madryn y la banda de los LCD en Trelew: participó como defensor y acordó aceptar la discutida figura a cambio de que esos imputados recuperaran rápido la libertad.

“A los acusados no les importa la figura que se les impute, les importa la pena y volverse rápido a su casa. Nada se resuelve creando delitos de la nada”, parafraseó a la Corte.

Los fiscales contestaron convencidos: “Estamos seguros de que se va a probar con amplitud la asociación ilícita; en el juicio se verá la película completa de cómo se escondió a Correa y no la foto que ahora muestran los defensores. Este grupo se juntó para delinquir”.