Fiscalía de Estado querelló a “Chito”

Los abogados Juan Martín Muñoz Rodríguez y Martín Iturburu Moneff, se presentaron en representación de la Fiscalía de Estado, como querellantes en la investigación por presunto fraude en perjuicio de la administración pública contra Oscar Rubén “Chito” Alarcón.

Complicado. El exdirector de Ceremonial sumó otra causa que le apunta al crecimiento de su patrimonio.
29 OCT 2018 - 21:01 | Actualizado

Muñoz Rodríguez explicó que se presentan en representación de la Provincia en la investigación del hecho ocurrido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2018. Alarcón siendo empleado municipal y encontrándose a su vez adscripto a la Legislatura provincial, fuera designado por decreto provincial para desempeñar el cargo de director general de Protocolo y Ceremonial de la Provincia. Fue el 10 de diciembre de 2015. Querella y Fiscalía sostienen que Alarcón se enfrentaba a una presunta situación de incompatibilidad y omitió informarlo, dice el parte de prensa. Por esta causa percibió una doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial tanto de la Municipalidad de Trevelin como de la Provincia. Los hechos se calificaron como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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Muñoz Rodríguez explicó que se presentan en representación de la Provincia en la investigación del hecho ocurrido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2018. Alarcón siendo empleado municipal y encontrándose a su vez adscripto a la Legislatura provincial, fuera designado por decreto provincial para desempeñar el cargo de director general de Protocolo y Ceremonial de la Provincia. Fue el 10 de diciembre de 2015. Querella y Fiscalía sostienen que Alarcón se enfrentaba a una presunta situación de incompatibilidad y omitió informarlo, dice el parte de prensa. Por esta causa percibió una doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial tanto de la Municipalidad de Trevelin como de la Provincia. Los hechos se calificaron como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.


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