El bono a estatales costaría $ 207 millones
Hasta ahora desde el Gobierno Provincial aseguran que no están dadas las condiciones económicas como para afrontar un adicional de fin de año. A nivel nacional UPCN solicitó un plus de $ 5.000, aunque desde la condución local de ATE hicieron un pedido de $ 7.000 e incluir a los jubilados.
Tras la decisión del Gobierno Nacional de otorgar un bono de fin de año para los estatales de $ $ 5.000, se abrió también la discusión en cada una de las provincias para determinar si adherirán o no a la resolución.
Según el relevamiento de la consultora IERAL, en todo el país ya han decidido otorgar un bono de fin de año 8 provincias. En el caso de Chubut, las autoridades de Economía han manifestado que sería muy difícil llegar a concretarlo, teniendo en cuenta los compromisos que asumidos en paritarias y la activación de la claúsula gatillo.
De acuerdo con la estimación hecha por IERAL, en Chubut teniendo en cuenta que hay 41.500 empleados estatales, el costo que le demandaría al Gobierno el bono llegaría a los 207 millones de pesos. Y representaría un 0,4% sobre el gasto total de la provincia.
Ya desde el secto de ATE que lidera Guillermo Quiroga se adelantaron y solicitaron un adicional remunerativo de $ 7.000, que también alcanzaría al sector pasivo. En ese caso se estaría hablando de un desembolso de 392 millones de pesos aproximadamente, si se tiene en cuenta los más de 15 agentes del sector pasivo. La fecha establecida como tentativa para el pago es el 20 de diciembre, previo a las fiestas.
Las autoridades del Ministerio de Economía aseguraron que sería de cumplimiento imposible, teniendo en cuenta que además de los aumentos que se han acordado en paritarias, está pendiente el aguinaldo. Y también el objetivo de poder regularizar definitivamente el pago de los haberes, que hasta ahora se está abonando en dos tramos.
Por un lado, se presenta el caso de 8 jurisdicciones que ya acordaron el otorgamiento de un bono para los últimos meses del año. En este caso se encuentran las provincias de Río Negro ($3.500), Misiones y La Rioja ($4.000), Formosa ($5.000), La Pampa y Tierra del Fuego ($6.000), San Luis ($9.000) y Santiago del Estero ($10.000).
En el otro extremo, 13 provincias ya han planteado su negativa al otorgamiento de un bono sobre los trabajadores estatales dependientes de estas jurisdicciones. Entre ellas, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones. Similar situación a la que presenta en Chubut.
En una posición expectante se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (196 mil funcionarios públicos), la Provincia de Buenos Aires (más de 575 mil efectivos) y la provincia de Córdoba (aproximadamente 137 mil asalariados dependientes del gobierno provincial). En estas jurisdicciones la situación acabará dirimiéndose durante el último mes del año.
En la mayor parte de los casos, la incidencia del bono (ya acordado o ante un potencial otorgamiento de un bono de $5.000) estaría levemente por debajo de 1 punto porcentual del gasto total de cada jurisdicción que se estima para 2018. En los casos de Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, la incidencia resultaría mayor (1,3% y 1,1%, respectivamente).
En el consolidado de provincias, se trataría del equivalente a 0,4% del gasto total de 2018. Con relación al Estado nacional, la incidencia acabaría siendo del 0,05% del gasto previsto para el Sector Público no financiero en 2018. Dados estos matices, y la situación fiscal particular de cada jurisdicción, debería sopesarse individualmente la conveniencia de otorgar un bono de fin de año en las provincias. A mayor déficit inicial, mayor impacto sobre el gasto y mayor reajuste de salarios públicos ya acordado para 2018, menor conveniencia que se pague el bono de fin de año en provincias.#
Tras la decisión del Gobierno Nacional de otorgar un bono de fin de año para los estatales de $ $ 5.000, se abrió también la discusión en cada una de las provincias para determinar si adherirán o no a la resolución.
Según el relevamiento de la consultora IERAL, en todo el país ya han decidido otorgar un bono de fin de año 8 provincias. En el caso de Chubut, las autoridades de Economía han manifestado que sería muy difícil llegar a concretarlo, teniendo en cuenta los compromisos que asumidos en paritarias y la activación de la claúsula gatillo.
De acuerdo con la estimación hecha por IERAL, en Chubut teniendo en cuenta que hay 41.500 empleados estatales, el costo que le demandaría al Gobierno el bono llegaría a los 207 millones de pesos. Y representaría un 0,4% sobre el gasto total de la provincia.
Ya desde el secto de ATE que lidera Guillermo Quiroga se adelantaron y solicitaron un adicional remunerativo de $ 7.000, que también alcanzaría al sector pasivo. En ese caso se estaría hablando de un desembolso de 392 millones de pesos aproximadamente, si se tiene en cuenta los más de 15 agentes del sector pasivo. La fecha establecida como tentativa para el pago es el 20 de diciembre, previo a las fiestas.
Las autoridades del Ministerio de Economía aseguraron que sería de cumplimiento imposible, teniendo en cuenta que además de los aumentos que se han acordado en paritarias, está pendiente el aguinaldo. Y también el objetivo de poder regularizar definitivamente el pago de los haberes, que hasta ahora se está abonando en dos tramos.
Por un lado, se presenta el caso de 8 jurisdicciones que ya acordaron el otorgamiento de un bono para los últimos meses del año. En este caso se encuentran las provincias de Río Negro ($3.500), Misiones y La Rioja ($4.000), Formosa ($5.000), La Pampa y Tierra del Fuego ($6.000), San Luis ($9.000) y Santiago del Estero ($10.000).
En el otro extremo, 13 provincias ya han planteado su negativa al otorgamiento de un bono sobre los trabajadores estatales dependientes de estas jurisdicciones. Entre ellas, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones. Similar situación a la que presenta en Chubut.
En una posición expectante se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (196 mil funcionarios públicos), la Provincia de Buenos Aires (más de 575 mil efectivos) y la provincia de Córdoba (aproximadamente 137 mil asalariados dependientes del gobierno provincial). En estas jurisdicciones la situación acabará dirimiéndose durante el último mes del año.
En la mayor parte de los casos, la incidencia del bono (ya acordado o ante un potencial otorgamiento de un bono de $5.000) estaría levemente por debajo de 1 punto porcentual del gasto total de cada jurisdicción que se estima para 2018. En los casos de Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, la incidencia resultaría mayor (1,3% y 1,1%, respectivamente).
En el consolidado de provincias, se trataría del equivalente a 0,4% del gasto total de 2018. Con relación al Estado nacional, la incidencia acabaría siendo del 0,05% del gasto previsto para el Sector Público no financiero en 2018. Dados estos matices, y la situación fiscal particular de cada jurisdicción, debería sopesarse individualmente la conveniencia de otorgar un bono de fin de año en las provincias. A mayor déficit inicial, mayor impacto sobre el gasto y mayor reajuste de salarios públicos ya acordado para 2018, menor conveniencia que se pague el bono de fin de año en provincias.#