Imputaron a empresarios y comerciantes por el fraude en la emergencia de Comodoro
El plazo de investigación termina el próximo 26 de diciembre.
La jueza Mirta Moreno resolvió este miércoles abrir una investigación contra sesis empresarios y comerciantes de la zona del Valle por el caso del fraude contra el Estado provincial durante la emergencia climática ocurrida en Comodoro Rivadavia en 2016.
Sin embargo, la magistrada les pidió a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams que hagan una acusación “más precisa, clara y concreta, sin conjeturas ni suposiciones”. El plazo de investigación termina el próximo 26 de diciembre.
La audiencia por el “fraude climático” se realizó en la Oficina Judicial de Rawson y tuvo un inicio confuso por la ausencia de algunos, llegadas tardes, imputados sin defensor y retos de la jueza Moreno.
El primer caso que se incluyó en la acusación de los fiscales fue contra la propietaria de la blanquería Matices, ubicada en Trelew, a quien se le contrató la compra de 180 colchones antes de que siquiera lloviera en Comodoro, dijeron los fiscales. También le vendió al Estado botas de goma, capas de agua y toallas, entre otros elementos. El trámite lo firmaron el entonces subsecretario de Familia, Marcelo Suárez; el director de la Unidad Gobernador, Diego Correa; y el ministro coordinador, Alberto Gilardino, que también están imputados en la causa.
Según los fiscales, la dueña de blanquería, Marta Fracasso, participó en contrataciones presuntamente apócrifas por casi $ 3 millones, ya que los elementos nunca se entregaron. Los acusadores dicen que el vínculo de la comerciante era Diego Lüters, secretario de Correa y también imputado, y que las facturas se conformaron mientras la dueña estaba en Brasil, según Fiscalía.
Al pasto
La segunda imputación fue contra Bruno Paolo Taurelli Chiribao, dueño de La Agrícola SRL. Los fiscales aseguran que la empresa estafó al Estado en más de $ 3 millones en la compra de leña, pasto, pañales, módulos alimentarios, papas, zanahorias, calabaza y cebo.
Además, dicen que La Agrícola le habría pagado un retorno de $ 250 mil en su propia casa a Correa. Según la Fiscalía, La Agrícola tuvo márgenes de ganancia de hasta 200% en pocos días.
Otras acusaciones
Por el fraude climático también se imputó a a Estanislao Franco Finiguerra, dueño del Mall Don Bosco de Puerto Madryn. Le imputan una defraudación al Estado de casi 7 millones de pesos junto con los funcionarios imputados. Los fiscales Rodríguez y Williams dicen que habría pagado un retorno de $ 1,2 millones.
También acusaron a Guillermo Williams y César Hughes, dueños de Thor SRL. El fraude habría sido de $ 1,2 millones y el retorno a los funcionarios, de $ 210 mil. Les imputan haber vendido colchones que no se entregaron o eran de menor calidad.
Y por último se acusó a Cecilia Sádaba, dueña del Kiosco Emanuel de Trelew: vendió 1.500 botellas de agua mineral que ni siquiera tenía capacidad de almacenar en su local. La comerciante compró las botellas a 20 mil pesos a una firma distribuidora de la zona y se la vendió al Estado a 57 mil pesos.
La jueza Mirta Moreno resolvió este miércoles abrir una investigación contra sesis empresarios y comerciantes de la zona del Valle por el caso del fraude contra el Estado provincial durante la emergencia climática ocurrida en Comodoro Rivadavia en 2016.
Sin embargo, la magistrada les pidió a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams que hagan una acusación “más precisa, clara y concreta, sin conjeturas ni suposiciones”. El plazo de investigación termina el próximo 26 de diciembre.
La audiencia por el “fraude climático” se realizó en la Oficina Judicial de Rawson y tuvo un inicio confuso por la ausencia de algunos, llegadas tardes, imputados sin defensor y retos de la jueza Moreno.
El primer caso que se incluyó en la acusación de los fiscales fue contra la propietaria de la blanquería Matices, ubicada en Trelew, a quien se le contrató la compra de 180 colchones antes de que siquiera lloviera en Comodoro, dijeron los fiscales. También le vendió al Estado botas de goma, capas de agua y toallas, entre otros elementos. El trámite lo firmaron el entonces subsecretario de Familia, Marcelo Suárez; el director de la Unidad Gobernador, Diego Correa; y el ministro coordinador, Alberto Gilardino, que también están imputados en la causa.
Según los fiscales, la dueña de blanquería, Marta Fracasso, participó en contrataciones presuntamente apócrifas por casi $ 3 millones, ya que los elementos nunca se entregaron. Los acusadores dicen que el vínculo de la comerciante era Diego Lüters, secretario de Correa y también imputado, y que las facturas se conformaron mientras la dueña estaba en Brasil, según Fiscalía.
Al pasto
La segunda imputación fue contra Bruno Paolo Taurelli Chiribao, dueño de La Agrícola SRL. Los fiscales aseguran que la empresa estafó al Estado en más de $ 3 millones en la compra de leña, pasto, pañales, módulos alimentarios, papas, zanahorias, calabaza y cebo.
Además, dicen que La Agrícola le habría pagado un retorno de $ 250 mil en su propia casa a Correa. Según la Fiscalía, La Agrícola tuvo márgenes de ganancia de hasta 200% en pocos días.
Otras acusaciones
Por el fraude climático también se imputó a a Estanislao Franco Finiguerra, dueño del Mall Don Bosco de Puerto Madryn. Le imputan una defraudación al Estado de casi 7 millones de pesos junto con los funcionarios imputados. Los fiscales Rodríguez y Williams dicen que habría pagado un retorno de $ 1,2 millones.
También acusaron a Guillermo Williams y César Hughes, dueños de Thor SRL. El fraude habría sido de $ 1,2 millones y el retorno a los funcionarios, de $ 210 mil. Les imputan haber vendido colchones que no se entregaron o eran de menor calidad.
Y por último se acusó a Cecilia Sádaba, dueña del Kiosco Emanuel de Trelew: vendió 1.500 botellas de agua mineral que ni siquiera tenía capacidad de almacenar en su local. La comerciante compró las botellas a 20 mil pesos a una firma distribuidora de la zona y se la vendió al Estado a 57 mil pesos.