Fraude con la Emergencia de Comodoro: hubo otras tres imputaciones
Se trata de comerciantes que le vendieron al Estado ayuda social para las familias afectadas. Pero según los fiscales hubo sobreprecios o la mercadería ni se entregó, en connivencia con los funcionarios que habrían cobraron los retornos. Otros tres sospechados no estuvieron en la audiencia.
La Unidad Anticorrupción imputó a Franco Estanislao Finiguerra, Bruno Paolo Taurelli Chiribao y Cecilia Sofía Sadaba por su presunta participación en el fraude al Estado durante la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, que según los fiscales trepó al menos a los 10 millones de pesos de los 30 millones destinados para ayudar a los vecinos afectados por las tormentas récord del 29 de marzo de 2017.
Otros tres empresarios, Marta Andrea Fracasso, Guillermo Williams y Adrián César Huges, no estuvieron en la audiencia en la sala de la Oficina Judicial de Rawson. Igual los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams leyeron los hechos que los involucran en su pedido de ampliación de investigación, que la jueza Mirta Moreno autorizó.
Se suman el exsubsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa; su exmano derecha, Diego Lüters; la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez; el exjefe de gabinete, Alberto Gilardino, y a la exjefa del depósito de Familia en Rawson, Vanina Barale. Todos acusados por administración fraudulenta.
Los empresarios habrían cobrado al Estado productos a valores muy superiores a los de mercado, y en otros por mercadería que nunca entregaron. Suárez solicitaba las compras y firmó todos los expedientes, memorandos y facturas. La documentación pasaba por Correa y Gilardino, que autorizaban pagar. La Unidad Gobernador seleccionaba a los proveedores, que presentaban remitos y facturas apócrifos. La documentación regresaba a Suárez, quien ordenaba confeccionar los memorandos para pedir el pago, como si su área comprara aunque no era así. Al remito lo firmaba Barale pese a que la mercadería no ingresaba. Según Fiscalía, las órdenes las daban Huichaqueo, Suárez y Correa.
Fracasso es dueña de “Blanquería Matices, Muebles & Objetos” en Trelew. Será investigada por contrataciones fraudulentas por más de 2.900.000 pesos para vender colchones, frazadas y toallas, mantas, luces led, botas de goma y capas de agua. Nada llegó al Estado. Una factura la presentó el 30 de marzo, antes incluso de que empezara a llover, por 180 colchones. Tenía vínculo telefónico fluido con Lüters.
Las facturas de numeración correlativa se habrían conformado cuando Fracasso estaba en Brasil. “Las facturas de proveedores que se correspondían con la mercadería eran apócrifas, como así las de los fletes”.
En el caso de La Agrícola SRL, la maniobra de Chiribao junto con los funcionarios habría perjudicado a la Provincia por más $ 3,1 millones. Todas las facturas fueron correlativas, arrancando desde cero, para comprar leña, pasto, módulos alimentarios, artículos de limpieza, cebo, zanahorias, papas, calabazas y pañales.
“Suministró mercadería que en un caso no cuenta con respaldo de proveedor alguno, en otros las facturas de los supuestos proveedores tienen serios signos de ser apócrifas y en otros de los supuestos la mercadería que se le vendió a la Provincia se le cobró a un precio que superaría un 200% de ganancia en un breve lapso”, indicaron los fiscales. El retorno habría sido de 250 mil pesos pagados a Correa en su propia casa. De todas las compras de La Agrícola de enero a julio de 2017 “se concluye que no existe una correspondencia en cantidades, tipos de mercadería, y volumen monetario de los bienes adquiridos y los entregados al Ministerio”.
A Finiguerra, titular del “Mall Don Bosco” de Puerto Madryn, le imputan un perjuicio a Provincia de $ 6.814.530. El presunto retorno para los funcionarios fue de 1,2 millones. La mueblería portuaria vendió colchones, frazadas, mantas y colchas polares, sábanas y toallas. Tampoco justificó el volumen de venta: por ejemplo, compró 30 colchones pero a Provincia le vendió 1.800 colchones.
Según la acusación, entre 2015 y 2017 “compró una cantidad sensiblemente menor de productos a la vendida”. Otro ejemplo es que adquiere 174 juegos de sábanas y le vende 420 al Estado. “No existe una correspondencia en cantidades, tipos y volumen monetario de los bienes adquiridos y los entregados”. Se detectaron trámites armados ex profeso “para dar apariencia de un negocio existente cuando ocurrió todo lo contrario”.
También se investiga a Thor SRL, una firma de Trelew contratada por más de 2 millones por la compra de 1.100 colchones. Nunca se entregaron y sólo 40 colchones tienen respaldo documental. El fraude habría trepado a los $ 1,2 millones. Lüters acordó con Williams un retorno de $ 210.000 a cambio del pago. El titular de la firma, Huges, cobró “a sabiendas de que la firma no había entregado la mercadería”.
En cuanto a Kiosco Emanuel, Sadaba le vendió al Estado 1.500 botellas de agua mineral de litro y medio. Se las compró a otro proveedor, Friosur, por 19.985 pesos, y se las re-facturó al Estado a 57.750 pesos. Este sobreprecio le valió un 200 % de ganancia pese a que no poseía siquiera la capacidad de almacenar en su local tal cantidad de botellas, según Fiscalía.
Otros proveedores de la zona contaban con stock y un precio sensiblemente menor al que se le terminó pagando a Sadaba. El presunto fraude al erario fue de $ 37.715.
La Unidad Anticorrupción imputó a Franco Estanislao Finiguerra, Bruno Paolo Taurelli Chiribao y Cecilia Sofía Sadaba por su presunta participación en el fraude al Estado durante la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, que según los fiscales trepó al menos a los 10 millones de pesos de los 30 millones destinados para ayudar a los vecinos afectados por las tormentas récord del 29 de marzo de 2017.
Otros tres empresarios, Marta Andrea Fracasso, Guillermo Williams y Adrián César Huges, no estuvieron en la audiencia en la sala de la Oficina Judicial de Rawson. Igual los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams leyeron los hechos que los involucran en su pedido de ampliación de investigación, que la jueza Mirta Moreno autorizó.
Se suman el exsubsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa; su exmano derecha, Diego Lüters; la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez; el exjefe de gabinete, Alberto Gilardino, y a la exjefa del depósito de Familia en Rawson, Vanina Barale. Todos acusados por administración fraudulenta.
Los empresarios habrían cobrado al Estado productos a valores muy superiores a los de mercado, y en otros por mercadería que nunca entregaron. Suárez solicitaba las compras y firmó todos los expedientes, memorandos y facturas. La documentación pasaba por Correa y Gilardino, que autorizaban pagar. La Unidad Gobernador seleccionaba a los proveedores, que presentaban remitos y facturas apócrifos. La documentación regresaba a Suárez, quien ordenaba confeccionar los memorandos para pedir el pago, como si su área comprara aunque no era así. Al remito lo firmaba Barale pese a que la mercadería no ingresaba. Según Fiscalía, las órdenes las daban Huichaqueo, Suárez y Correa.
Fracasso es dueña de “Blanquería Matices, Muebles & Objetos” en Trelew. Será investigada por contrataciones fraudulentas por más de 2.900.000 pesos para vender colchones, frazadas y toallas, mantas, luces led, botas de goma y capas de agua. Nada llegó al Estado. Una factura la presentó el 30 de marzo, antes incluso de que empezara a llover, por 180 colchones. Tenía vínculo telefónico fluido con Lüters.
Las facturas de numeración correlativa se habrían conformado cuando Fracasso estaba en Brasil. “Las facturas de proveedores que se correspondían con la mercadería eran apócrifas, como así las de los fletes”.
En el caso de La Agrícola SRL, la maniobra de Chiribao junto con los funcionarios habría perjudicado a la Provincia por más $ 3,1 millones. Todas las facturas fueron correlativas, arrancando desde cero, para comprar leña, pasto, módulos alimentarios, artículos de limpieza, cebo, zanahorias, papas, calabazas y pañales.
“Suministró mercadería que en un caso no cuenta con respaldo de proveedor alguno, en otros las facturas de los supuestos proveedores tienen serios signos de ser apócrifas y en otros de los supuestos la mercadería que se le vendió a la Provincia se le cobró a un precio que superaría un 200% de ganancia en un breve lapso”, indicaron los fiscales. El retorno habría sido de 250 mil pesos pagados a Correa en su propia casa. De todas las compras de La Agrícola de enero a julio de 2017 “se concluye que no existe una correspondencia en cantidades, tipos de mercadería, y volumen monetario de los bienes adquiridos y los entregados al Ministerio”.
A Finiguerra, titular del “Mall Don Bosco” de Puerto Madryn, le imputan un perjuicio a Provincia de $ 6.814.530. El presunto retorno para los funcionarios fue de 1,2 millones. La mueblería portuaria vendió colchones, frazadas, mantas y colchas polares, sábanas y toallas. Tampoco justificó el volumen de venta: por ejemplo, compró 30 colchones pero a Provincia le vendió 1.800 colchones.
Según la acusación, entre 2015 y 2017 “compró una cantidad sensiblemente menor de productos a la vendida”. Otro ejemplo es que adquiere 174 juegos de sábanas y le vende 420 al Estado. “No existe una correspondencia en cantidades, tipos y volumen monetario de los bienes adquiridos y los entregados”. Se detectaron trámites armados ex profeso “para dar apariencia de un negocio existente cuando ocurrió todo lo contrario”.
También se investiga a Thor SRL, una firma de Trelew contratada por más de 2 millones por la compra de 1.100 colchones. Nunca se entregaron y sólo 40 colchones tienen respaldo documental. El fraude habría trepado a los $ 1,2 millones. Lüters acordó con Williams un retorno de $ 210.000 a cambio del pago. El titular de la firma, Huges, cobró “a sabiendas de que la firma no había entregado la mercadería”.
En cuanto a Kiosco Emanuel, Sadaba le vendió al Estado 1.500 botellas de agua mineral de litro y medio. Se las compró a otro proveedor, Friosur, por 19.985 pesos, y se las re-facturó al Estado a 57.750 pesos. Este sobreprecio le valió un 200 % de ganancia pese a que no poseía siquiera la capacidad de almacenar en su local tal cantidad de botellas, según Fiscalía.
Otros proveedores de la zona contaban con stock y un precio sensiblemente menor al que se le terminó pagando a Sadaba. El presunto fraude al erario fue de $ 37.715.