PROVINCIA

Jueces e impuesto a las Ganancias: por ahora, mucho ruido y muy pocas nueces


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02/12/2018 02:00

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El anuncio fue ampuloso pero en el fondo no dejó de ser apenas un “fulbito para la tribuna”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esta semana una cautelar que eximía del pago del Impuesto a las Ganancias a los jueces nombrados a partir del 1º de enero de 2017 y el tema se instaló rápidamente en la agenda de los medios.

En verdad, lo que la Corte hizo fue dejar en pie la aplicación de la Ley 27.346 que establece que todos los magistrados nombrados a partir de 2017 comiencen a tributar Ganancias, sin importar si llegaron al cargo desde afuera o desde adentro del Poder Judicial.

El fallo que se conoció esta semana revocó una medida cautelar que eximía del pago de Ganancias a quienes ya tenían una carrera en los tribunales, no así a quienes venían de afuera. El fallo fue unánime pero de ninguna manera avanza sobre la discusión de fondo acerca de la interpretación de esta ley. En ninguna línea de este fallo los supremos de la Corte dieron una opinión sobre el privilegio que exime a quienes integran el Poder Judicial de pagar Ganancias.

En lo inmediato, la decisión de la Corte no provoca un cambio de gran envergadura porque son muy pocos los magistrados que finalmente comenzarán a pagar: se estima que entre jueces, fiscales y defensores nacionales serán algo más de un centenar los que deban tributar; y en las justicias provinciales se sumarían otros 200 con toda la furia entre todos los distritos.

El efecto en Chubut

En el caso de los magistrados del Poder Judicial de Chubut, el impacto sería ínfimo. Fuentes de la Justicia provincial indicaron que apenas dos jueces de Comodoro Rivadavia que asumieron sus cargos en 2017 y no provenían de la carrera judicial comenzarían a pagar Ganancias con este nuevo escenario.

El cambio de reglas tampoco haría necesaria una acordada del Superior Tribunal de Justicia para adherir porque ya hay una firmada en marzo del año pasado que estaba en línea con la ley aprobada en 2016.

Hay que tener en cuenta que la norma no alcanza sólo a jueces sino a toda la magistratura (fiscales, defensores y funcionarios judiciales). Es decir, este primer paso no afecta a casi nadie pero si el Gobierno nacional insiste con nuevas leyes es probable que muchos poderes judiciales enfrenten situaciones gremiales inéditas.

Por eso hay mucha gente atenta a lo que hace un grupo de legisladores nacionales de Cambiemos que siguen batallando con la idea de modificar la Ley 27.346 para ampliar la base imponible de contribuyente del Poder Judicial.

La historia viene de lejos pero vale la pena recordar algunos “hitos”. En 1996, la entonces Corte Suprema “menemista” firmó una acordada en la que se declaró la “inaplicabilidad” del impuesto a las Ganancias sobre las remuneraciones de “los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.

Tras la reforma del gravamen, se estableció que aquellos que hayan ingresado a la Justicia a partir del 1° de enero de 2017 comenzarían a tributar el impuesto. De esta manera, en la legislación vigente se incluyó en la “Cuarta Categoría” de Ganancias a “los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.

Una caja millonaria

El sentido de fondo de esta iniciativa impulsada por el gobierno de Mauricio Macri no es de dar una señal de igualdad al resto de la sociedad sino una cuestión absolutamente recaudatoria. Según el presupuesto, la AFIP se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales alrededor del 0,06% del Producto Bruto Interno (PBI). En 2016 fueron unos $ 4.600 millones; en 2017, alrededor de $ 5.700 millones; y este año casi $ 7 mil millones.

Los que conocen las entrañas del Poder Judicial de la Nación creen que recién en cinco años se habrá dado un recambio de jueces superior al 50% y los nuevos pagarán el impuesto. De ese modo, con la ley actual, el cambio sería a largo plazo y no habría discusión sobre la “intangibilidad” de los salarios judiciales.

Por eso desde las asociaciones de magistrados de todo el país intentan hacer el lobby suficiente para desalentar cualquier otro proyecto de ley, como el que impulsan los legisladores de Cambiemos.

Por ahora, toda la discusión giró en torno a la interpretación del artículo 5 de la Ley 27.346 que modificó la ley de Ganancias e incorporó el gravamen para funcionarios, empleados y magistrados cuando su “nombramiento” hubiera ocurrido desde 2017 inclusive.

La AMFJN –Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- dijo que “nombramiento” equivale al momento de ingreso al Poder Judicial. Con ese criterio, la ley debería regir sólo para quienes ingresan desde afuera a partir de ese momento. Los que ya tienen una carrera judicial, seguirían exentos.

El juez Esteban Furnari, en primera instancia, hizo lugar al pedido de medida cautelar para que no se aplique la ley por el perjuicio que podía llegar a causar a futuro. Según su criterio, los únicos que debían pagar eran quienes ingresaran desde afuera de la Justicia a partir de 2017. La Cámara mantuvo la cautelar solo para los representados por la AMFJN, lo que anuncia otra discusión a futuro.

La Corte simplemente revocó la medida cautelar que eximía de pagar a todos los designados desde 2017. No hizo una declaración de fondo ni de principios sobre el tema. La mayoría argumenta que más allá de las críticas por el alto nivel salarial de quienes trabajan en el Poder Judicial, la dedicación exclusiva que se les exige le impide realizar cualquier otro tipo de actividad. Y si comienzan a pagar Ganancias, sus salarios mermarían sensiblemente. Por eso la corporación judicial no bajará la guardia y seguirá batallando para que ciertos privilegios no cesen.


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