PROVINCIA

Detención de Martín Bortagaray: los fiscales quieren impugnar y apartar a un abogado del sumario


Se trata del asesor Carlos del Marmol, ya que participó como defensor de Gonzalo Carpintero en la Causa Revelación, mismo expediente en el cual se destuvo al ex ministro de la Familia de Arcioni. Nápoli insiste en la necesidad que se actue con celeridad dado los tiempos en que iniciará el juicio.
02/12/2018 02:00

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El consejero popular por Trelew, Luis Torrijos, será el instructor del sumario contra los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, y el juez Sergio Piñeda. Pero como no es abogado, su asesor será Carlos del Mármol, consejero por los letrados de Puerto Madryn. Del Mármol fue defensor de Gonzalo Carpintero en la Causa Revelación, mismo expediente en el cual se detuvo a Martín Bortagaray cuando era ministro de Familia, operativo que originó la denuncia contra el trío.

En este escenario, Nápoli anticipó que junto con Iturrioz evalúan impugnar a Del Mármol para que no participe. “Fue abogado en esta causa y tuvo disputas procesales con nosotros en la sala de audiencias, así que vamos a revisar la situación”.

“No sé si corresponde que sea un abogado que fue parte del expediente, participó de las audiencias y tuvo enfrentamientos técnicos con nosotros –deslizó Nápoli-. Habiendo otros abogados dentro del Consejo sería mucho más sano que sea otro el que lleve adelante esa función”.

Torrijos, el instructor, es de Chubut Somos Todos, el grupo político bajo investigación. “No me parece que sea para hacer ningún planteo porque imputamos a personas con nombre, apellido y conductas, no a un cuerpo partidario. No tengo por qué sospechar que esta persona sea tendenciosa, de ningún modo”.

El fiscal pidió que el sumario “se resuelva lo antes posible porque estamos en medio del caso, el año que viene será el juicio y no queremos sentirnos presionados sino que sea algo que se corresponda con los reglamentos”.

El investigador recordó que “está documentado con el retiro de un habeas corpus” que Bortagaray renunció a sus fueros. “Hay una discusión técnica fina respecto a si son renunciables, si son de las personas o si son de algún cuerpo. Esto tiene mucha tela para cortar y eso pondremos en manifiesto en el Consejo”.

Según Nápoli, “es necesario que se haga este examen y los funcionarios demos cuenta de nuestras acciones; nos da la posibilidad de defendernos y explicar a los consejeros en qué se fundó nuestra decisión”. Los fiscales consideraban que los fueros en el caso no eran aplicables. “Es una opinión jurídica que a la postre de lo que ocurrió vemos que muchos no la comparten y que probablemente estemos equivocados; no decimos que somos los dueños de la verdad”.

En cuanto a la marcha de Revelación, queda revisar la situación de dos empresarios para terminar la pesquisa. Los imputados de la última tanda habrían pagado coimas y retornos en efectivo. “Habíamos comenzado con las maniobras más visibles porque teníamos los cheques pero los últimos requirieron de más estudio porque no pagaron así y no queda registro; había que rodear esta sospecha de otra información”.

Sobre la chance de que la mayoría de los empresarios de la construcción recurran a la probation, el fiscal explicó que “es un mecanismo saludable porque nos permite dirigir las herramientas hacia quienes fueron más gravosos para las arcas públicas, los políticos, y se recupera dinero para la comunidad”.

“De 30 empresarios, con que 15 aporten hablaríamos de 50 millones de pesos que retornarían a las arcas del Estado. Ya se aprobaron probationpor 10 millones y si esto sigue volverán en obras para la comunidad”.

Comisión de Admisibilidad

Según el informe de la Comisión de Admisibilidad que habilitó el sumario para los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli y para el juez Sergio Piñeda, con la detención del exministro de Familia Martín Bortagaray, el trío violó el artículo 25 del Código Procesal Penal Provincial: “Todas las decisiones judiciales, salvo las de mero trámite, deben ser motivadas con adecuada fundamentación lógica y legal e indicarán el valor asignado a cada medio de prueba. La misma exigencia rige para los requerimientos y conclusiones de los acusadores”. Según los consejeros, “tal incumplimiento puede considerarse una falta grave”.

La discusión sobre si Bortagaray estaba protegido por el artículo 248 de la Constitución Provincial o si ese artículo era inconstitucional en el caso, “debieron ser planteadas inexorablemente por Nápoli e Iturrioz al momento de requerir la detención y no discutirse después, como aconteció”.

Los fiscales “nada dicen sobre los fundamentos que consideraban ajustados para no aplicar la inmunidad o por qué motivos consideraron que dicho artículo, en el caso, resultaba inconstitucional. Esta cuestión ineludible la debieron abordar -dada la clara manda constitucional- más allá de que consideraran que no debía aplicarse”.

Y el juez, al librar la orden de detención de Bortagaray, “sabía que aún estaba en funciones, debió fundadamente explicar por qué no resulta aplicable la inmunidad”.

Los consejeros concluyeron que “al no haber dado razones que justifiquen la detención de una persona que detentaba fueros, los denunciados deberán explicar los motivos que los llevaron a tomar tal decisión”.

Firmaron Rafael Luchelli, consejero por los magistrados de Puerto Madryn; Carlos del Mármol, consejero por los abogados de la ciudad del Golfo, y Oscar Massari, consejero por los empleados judiciales.

Disidencia

La disidencia fue del consejero popular por Sarmiento, Claudio Mosqueira: apoyó el sumario para el juez Piñeda pero no para Nápoli e Iturrioz. “Los fiscales realizan funciones distintas de la jurisdiccional; plantean pretensiones u oposiciones a estas en razón de estar en juego intereses sociales superiores cuya realización no admite dejarlos librados a la iniciativa privada como por ejemplo el ejercicio de la acción penal pública”. El Ministerio Publico Fiscal investiga delitos de acción pública. “La imparcialidad es propia de jueces, aunque presupone objetividad, no a la inversa. Es la condición de tercero del Juzgado, quien no es parte del proceso ni se encuentra involucrado en los intereses de ellas, ni comprometido con el éxito de sus pretensiones, ello conlleva también que el juez debe mantener durante todo el proceso una posición equidistante de las partes”.


Bortagaray Sumario