La Corte ordenó investigar un presunto caso de lavado de dinero en la Cooperativa de Trelew
Declaró la competencia del Juzgado Federal de Rawson. Hubo cuatro imputados acusados por el millonario pago a un asesor inexistente por gestiones ante la AFIP que nunca se hicieron. En su momento los involucrados evitaron el juicio gracias a la probation pero el expediente se reactivará.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la Justicia Federal de Rawson investigue un presunto caso de lavado de dinero en la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que data de 2015. El máximo tribunal nacional hizo lugar a la queja y declaró procedente el recurso extraordinario del procurador fiscal Eduardo Casal, quien reclamaba que al expediente lo manejara el fuero federal y no el provincial.
En junio de 2016, el juez Darío Arguiano elevó a juicio oral y público el expediente, que involucraba al expresidente de la entidad, José Evaristo Sandoval; el exsecretario, José Luis Nahuelquín; el extesorero, José Hamzé y al exgerente Daniel Corrieri. La imputación era administración fraudulenta en la Cooperativa, con una pena de hasta 6 años de prisión.
Según los fiscales María Tolomei y Omar Rodríguez, el grupo había diseñado maniobras que habían perjudicado a la empresa en 1.294.700 pesos. El tema estalló tras una investigación de Jornada en 2014, que reveló pagos millonarios a un falso “asesor impositivo”.
Según informó en su momento el Ministerio Público Fiscal, la Cooperativa registraba deuda impositiva ante la AFIP. Desde 2012, Sandoval pedía el refinanciamiento de 44.429.030,98 pesos. En marzo de 2013 hubo dictamen favorable de AFIP. En ese contexto los imputados ejecutaron una “indebida disposición” del dinero que administraban. De acuerdo a aquella acusación, Sandoval, Nahuelquín, Hamze y Corrieri “pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido”.
Con un trámite iniciado ante la AFIP, utilizaron la falsa necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación. Simularon la existencia de un estudio jurídico contable al que llamaron “Lavecchia y Asociados”, y de una persona que identificaron como el abogado Juan Lavecchia. “Le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios inexistentes”. Con este esquema “lograban la disposición indebida y perjudicial de los fondos que administraban y la aprobación de lo que hacían mediante el engaño al resto del Consejo de Administración”.
Hubo pagos por más de $ 1.294.000 por “inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP”. Por nota, alguien que se identifica como Juan F. Lavecchia - se dice abogado sin consignar matrícula ni DNI- informa al Consejo que su asesoramiento para refinanciar la deuda tendría un costo por honorarios de 1,2 % del monto total de capital refinanciado y que el trámite ante la AFIP se encuentra bien encaminado y en vías de acuerdo”.
El 9 de octubre de 2013, Sandoval, Nahuelquín y Hamze firmaron con el inexistente Lavecchia, el contrato que liberó los pagos por supuestos honorarios por un trabajo falso. El acuerdo fue tan irregular que se pactó que el pago debía ir a un número de CUIT sin identificación de su titular. Era de “Nuevo Horizonte SRL”, pesquera en Puerto Rawson.
En noviembre de 2014 otra nota del supuesto estudio informaba que se trabajaba en ampliar los plazos del pago y en una reducción de la tasa de interés. “Merced al ardid desplegado, el Consejo aprobó por unanimidad lo actuado y el reconocimiento de honorarios al Estudio que se encontraba supuestamente asesorando a la Cooperativa”, dijo el MPF. La última nota es de marzo de 2014. El falso Estudio informaba que había conseguido una refinanciación total.
La realidad era que el acuerdo para refinanciar la deuda ya tenía dictamen favorable sin intervención de ningún tipo de asesores o terceros: fue otorgado en enero de 2014 y notificado a la Cooperativa el 10 de marzo. Es decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos otorgó una refinanciación “bajo las mismas condiciones que prometían los artífices de la maniobra defraudatoria, pero dicha refinanciación no tuvo vinculación alguna con una gestión o asesoramiento externo a la deudora, sino que, por el contrario, se realizó en respuesta a los pedidos del propio contribuyente”. No existió asesoramiento del Estudio Lavecchia.
El asesor legal Eduardo Uzcudún fue beneficiado con una probation antes de la elevación. Hamze fue sobreseído sin ir a juicio. El resto cumplió su probation y también fue sobreseído.
En su momento el fiscal federal Fernando Gélvez reclamó competencia para investigar el presunto lavado en la maniobra. El juez Hugo Sastre se opuso. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y la Cámara Federal de Casación Penal fallaron a favor de la incompetencia. Esta diferencia terminó en una insistencia del procurador Eduardo Casal. La Corte le dio la razón. Firmaron los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la Justicia Federal de Rawson investigue un presunto caso de lavado de dinero en la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que data de 2015. El máximo tribunal nacional hizo lugar a la queja y declaró procedente el recurso extraordinario del procurador fiscal Eduardo Casal, quien reclamaba que al expediente lo manejara el fuero federal y no el provincial.
En junio de 2016, el juez Darío Arguiano elevó a juicio oral y público el expediente, que involucraba al expresidente de la entidad, José Evaristo Sandoval; el exsecretario, José Luis Nahuelquín; el extesorero, José Hamzé y al exgerente Daniel Corrieri. La imputación era administración fraudulenta en la Cooperativa, con una pena de hasta 6 años de prisión.
Según los fiscales María Tolomei y Omar Rodríguez, el grupo había diseñado maniobras que habían perjudicado a la empresa en 1.294.700 pesos. El tema estalló tras una investigación de Jornada en 2014, que reveló pagos millonarios a un falso “asesor impositivo”.
Según informó en su momento el Ministerio Público Fiscal, la Cooperativa registraba deuda impositiva ante la AFIP. Desde 2012, Sandoval pedía el refinanciamiento de 44.429.030,98 pesos. En marzo de 2013 hubo dictamen favorable de AFIP. En ese contexto los imputados ejecutaron una “indebida disposición” del dinero que administraban. De acuerdo a aquella acusación, Sandoval, Nahuelquín, Hamze y Corrieri “pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido”.
Con un trámite iniciado ante la AFIP, utilizaron la falsa necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación. Simularon la existencia de un estudio jurídico contable al que llamaron “Lavecchia y Asociados”, y de una persona que identificaron como el abogado Juan Lavecchia. “Le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios inexistentes”. Con este esquema “lograban la disposición indebida y perjudicial de los fondos que administraban y la aprobación de lo que hacían mediante el engaño al resto del Consejo de Administración”.
Hubo pagos por más de $ 1.294.000 por “inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP”. Por nota, alguien que se identifica como Juan F. Lavecchia - se dice abogado sin consignar matrícula ni DNI- informa al Consejo que su asesoramiento para refinanciar la deuda tendría un costo por honorarios de 1,2 % del monto total de capital refinanciado y que el trámite ante la AFIP se encuentra bien encaminado y en vías de acuerdo”.
El 9 de octubre de 2013, Sandoval, Nahuelquín y Hamze firmaron con el inexistente Lavecchia, el contrato que liberó los pagos por supuestos honorarios por un trabajo falso. El acuerdo fue tan irregular que se pactó que el pago debía ir a un número de CUIT sin identificación de su titular. Era de “Nuevo Horizonte SRL”, pesquera en Puerto Rawson.
En noviembre de 2014 otra nota del supuesto estudio informaba que se trabajaba en ampliar los plazos del pago y en una reducción de la tasa de interés. “Merced al ardid desplegado, el Consejo aprobó por unanimidad lo actuado y el reconocimiento de honorarios al Estudio que se encontraba supuestamente asesorando a la Cooperativa”, dijo el MPF. La última nota es de marzo de 2014. El falso Estudio informaba que había conseguido una refinanciación total.
La realidad era que el acuerdo para refinanciar la deuda ya tenía dictamen favorable sin intervención de ningún tipo de asesores o terceros: fue otorgado en enero de 2014 y notificado a la Cooperativa el 10 de marzo. Es decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos otorgó una refinanciación “bajo las mismas condiciones que prometían los artífices de la maniobra defraudatoria, pero dicha refinanciación no tuvo vinculación alguna con una gestión o asesoramiento externo a la deudora, sino que, por el contrario, se realizó en respuesta a los pedidos del propio contribuyente”. No existió asesoramiento del Estudio Lavecchia.
El asesor legal Eduardo Uzcudún fue beneficiado con una probation antes de la elevación. Hamze fue sobreseído sin ir a juicio. El resto cumplió su probation y también fue sobreseído.
En su momento el fiscal federal Fernando Gélvez reclamó competencia para investigar el presunto lavado en la maniobra. El juez Hugo Sastre se opuso. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y la Cámara Federal de Casación Penal fallaron a favor de la incompetencia. Esta diferencia terminó en una insistencia del procurador Eduardo Casal. La Corte le dio la razón. Firmaron los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.