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Consejo de la Magistratura aprobó el acuerdo para que nuevos jueces tributen Ganancias


Ratificó el acuerdo firmado por el Ministerio de Justicia y la Asociación de Magistrados para hacer efectivo el pago del impuesto a las Gananclas a jueces nombrados desde 2017, con diferentes modalidades, según se trate de funcionarios que llegan al cargo de magistrado por la carrera judicial, abogados designados jueces y antiguos jueces que quedaron exentos del pago del gravamen.
20/12/2018 13:01

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"Solicito al Consejo que ratifique mi actuación", dijo el presidente del cuerpo, el juez Ricardo Recondo, apenas iniciado el plenario, pasadas las 11 de la mañana, en la sala Lino Palacio del edificio de Libertad 731.

Lo escuchaban decenas de jueces recientemente ascendidos cuyos salarios serán gravados por el impuesto a las Ganancias, que se hicieron presentes en el lugar desde muy temprano para seguir de cerca la sesión.

El acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de la Magistratura, establece que los jueces que provienen de la carrera judicial y que fueron designados a partir del 1 de enero de 2017 pagarán el impuesto a las Ganancias desde el mes próximo, es decir que el descuento se hará efectivo en el salario que reciban en febrero.

Pero el acuerdo establece que el gravamen no afecte la totalidad de su sueldo, sino que será calculado sobre la diferencia entre el nuevo sueldo de juez y el anterior, para los casos en que se trate de un ascenso dentro de la carrera judicial.

Los más perjudicados son los nuevos jueces que ingresaron a partir de enero de 2017 desde fuera de la carrera judicial; es decir abogados designados magistrados, que tendrán el peso del gravamen (35 por ciento) sobre la totalidad de sus haberes.

En cambio, los más beneficiados son los jueces más antiguos que no pagan el impuesto porque no están incluidos en la ley.

El primero en ratificar el acuerdo fue el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, y la primera en expresar reparos, aunque ratificó el acuerdo, fue la representante de los abogados de las provincias, Marina Sánchez Herrero, que pidió que a los abogados que ingresan al Poder Judicial tras su designación como magistrados "se les descuente de la misma manera" que a los que lo hacen desde la carrera judicial.

En el mismo sentido se manifestaron el representante de los abogados porteños, Juan Pablo Más Vélez, que tras ratificarlo pidió que se busque la "implementación armónica" de la normativa, y el juez Alberto Lugones, que habló de necesaria "equidad".

El representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, ratificó el acuerdo y destacó "la buena voluntad de todas las partes", en tanto que la diputada Graciela Camaño dijo que era "alentador" haber "encauzado el conflicto", y el senador Miguel Pichetto consideró que no creía "conveniente" avanzar más allá de lo que se hizo para "no generar más tensión".

El juez Juan Manuel Culotta destacó la necesidad de que "se lo reglamente cuanto antes", y el diputado kirchnerista Eduardo "Wado" De Pedro fue el más duro al interpretar que la ley que grava los salarios de los magistrados es "una forma de intervención del Poder Ejecutivo para disciplinar al Poder Judicial", ya que el monto que implica "no es significativo", y lo licua la "inflación", según dijo.

El titular del gremio que representa a los trabajadores del Poder Judicial, Julio Piumato, que era parte del auditorio, pidió la palabra y, tras quejarse de que no haber sido convocado a participar de la negociación, recordó que "el espíritu de la ley es que ninguno de los que fueron designados jueces sea alcanzado por este gravamen".

El convenio, anunciado ayer por el Ministerio de Justicia, tuvo el aval de la Asociación de Magistrados, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Procuración General y Defensoría General.

La ley 27.346 había sido sancionada en 2016, pero un recurso cautelar presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional había dejado sin efecto el descuento.

El 27 de noviembre último, la Corte Suprema rechazó el recurso y falló en el sentido de que los nuevos funcionarios judiciales ingresados a partir del 1° de enero de 2017 debían comenzar a tributar.


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