Trelew: imputaron a Lorena Carrizo y Marcos Sánchez por maltrato animal en un criadero

El maltrato y presunto fallecimiento de perros de raza que serían criados en el barrio San Benito de Trelew para la comercialización, denunciado por una protectora de animales, se elevó a juicio ayer.

01 FEB 2019 - 20:19 | Actualizado

La juez Ivana González ordenó la apertura de investigación por 6 meses. Los imputados son los propietarios del inmueble donde los perros estarían expuestos al sol y sin agua hasta incluso fallecer: Lorena Carrizo y Marcos Sánchez. Ellos negaron tal imputación e incluso refirieron haber sido injuriados. La fiscalía, representada por Griselda Encinas pero cuyo caso está a cargo de Fabián Moyano, tendrá hasta agosto para aportar elementos probatorios.

La audiencia se realizó en el 6º piso de Tribunales. Al comienzo, la abogada defensora Cora Mollard hizo saber una llamativa solicitud de sus clientes: la recusación de la juez actuante. El motivo: una publicación de Ivana González en su cuenta de Facebook personal en donde habría compartido un texto de la protectora de animales denunciante. La abogada dijo que Sánchez y Carrizo temían por la “parcialidad” de la magistrado actuante. A este pedido cruzó González aclarando que “apoyo yo llamo a asistir económicamente, a hacer donaciones o rescate de animales. Hago publicaciones de la protectora de Puerto Madryn, de Roca, de Buenos Aires, de Liniers, de San Martín y de Colombia. No lo tomo personal.

Republico el repudio al maltrato de chicos y chequeo fuentes que no sean falacias. También refiero sobre Violencia contra la mujer, abuso sexual infantil, abandono de niños, abandono y maltrato y abandono de animales. Estoy en contra de la megaminería en Chubut. No soy activista, soy juez. Más allá de mis hijos y mis animales que amo, mi cuenta no contiene datos ni casos en los que intervengo. Estoy a favor de los derechos humanos. Mis publicaciones no son en contra de las personas, es a favor de una sociedad mejor. El derecho de las mujeres no ser objeto de violencia. No publico acusaciones. Sino el contenido autorizado. El hecho de proteger los derechos de los seres vivos es válido, también, la protección de la flora, la fauna, los abuelos, los hombres. No tiene que ver con activismo ni militancia que está vedado para un juez. Es ayudar a reconsiderar sin tinte político. Es de suma validez. También publico videos de RCP, mi hermana y mi cuñado son expertos en cómo salvar personas que corren riesgo de morir por ahogamiento, etcétera. Pueden mirarlo, es interminable. Hay publicaciones que tienen que ver los derechos. No le encuentro sentido a la recusación”.

Ante esta explicación, considerada como “razonable, sensata y amplia” se despejaron las dudas respecto a la parcialización y la audiencia continuó presidida por Ivana González.

Acto seguido, la fiscal general Griselda Encinas relató el hecho por el cual se los imputa a Lorena Carrizo y Marcos Sánchez. “En una fecha que no se puede determinar y el día 7 de diciembre de 2018 los nombrados infligieron malos tratos a al menos 7 perros de la raza buldog francés que mantenían encerrados en caniles y sin techo, con piso de cemento y azulejos en el patio de su vivienda del barrio San Benito de Trelew, expuestos al sol, sin agua, abandonados. El 7 de diciembre murieron al menos 2 canes producto de las altas temperaturas y la falta de hidratación.

Por este hecho la calificación es la infracción a la ley 14.346 de malos tratos y actos de crueldad a animales”. Agregó la fiscal que “existen sobrados elementos para sospechar que los imputados resultan ser autores del hecho descripto como evidencia, se cuenta con un video subido a las redes sociales aportado por vecinos, donde se ve a los animales sufriendo, agonizantes como así también la presencia de al menos dos canes sin vida. El vecino intentaba arrojar agua desde el patio trasero para impedir la muerte de más perros. Se cuenta con la documental del allanamiento en la vivienda de los imputados. Se constató el deplorable estado de las jaulas de los animales, en pésimo estado de higiene”.

Remitió Encinas que “se procedió al secuestro de 5 perros de raza bulldog francés que estaban en esa jaula, no hallando los canes fallecidos.

Los perros rescatados por el personal policial se encontraban en mal estado.

El fiscal a cargo en la investigación será Fabián Moyano”.

Tras la alocución de la fiscal en el debate, hizo uso de la palabra la defensora Cora Mollard. “Ante el hecho narrado no hay oposición a la apertura. Aportaremos también pruebas. El delito que se invoca, el de la Ley Sarmiento, es un delito tipificado como doloso que requiere intencionalidad. Se castiga al que tiene una intención de cometer maltratado. Y no a quien por negligencia, impericia, inobservancia u omisión comete algún otro tipo de delito. Significa que se investigará. A lo que tenemos hoy no hay un tipo penal doloso. Si hubo negligencia es dentro de la figura culposa. No queda comprendido en esta ley”.

Advirtió la letrada que “hay cuestiones en el hecho narrado que no coindicen. Los canes no están muertos, están vivos. Están en el grupo de los que quedaron en depósito judicial. Se incorporará la prueba. Mis asistidos se sienten injuriados, no están acostumbrados a esta vía penal. En lo administrativo se puede hacer un control hasta la inhabilitación. Sería por ahí el curso de este caso”, concluyó.

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01 FEB 2019 - 20:19

La juez Ivana González ordenó la apertura de investigación por 6 meses. Los imputados son los propietarios del inmueble donde los perros estarían expuestos al sol y sin agua hasta incluso fallecer: Lorena Carrizo y Marcos Sánchez. Ellos negaron tal imputación e incluso refirieron haber sido injuriados. La fiscalía, representada por Griselda Encinas pero cuyo caso está a cargo de Fabián Moyano, tendrá hasta agosto para aportar elementos probatorios.

La audiencia se realizó en el 6º piso de Tribunales. Al comienzo, la abogada defensora Cora Mollard hizo saber una llamativa solicitud de sus clientes: la recusación de la juez actuante. El motivo: una publicación de Ivana González en su cuenta de Facebook personal en donde habría compartido un texto de la protectora de animales denunciante. La abogada dijo que Sánchez y Carrizo temían por la “parcialidad” de la magistrado actuante. A este pedido cruzó González aclarando que “apoyo yo llamo a asistir económicamente, a hacer donaciones o rescate de animales. Hago publicaciones de la protectora de Puerto Madryn, de Roca, de Buenos Aires, de Liniers, de San Martín y de Colombia. No lo tomo personal.

Republico el repudio al maltrato de chicos y chequeo fuentes que no sean falacias. También refiero sobre Violencia contra la mujer, abuso sexual infantil, abandono de niños, abandono y maltrato y abandono de animales. Estoy en contra de la megaminería en Chubut. No soy activista, soy juez. Más allá de mis hijos y mis animales que amo, mi cuenta no contiene datos ni casos en los que intervengo. Estoy a favor de los derechos humanos. Mis publicaciones no son en contra de las personas, es a favor de una sociedad mejor. El derecho de las mujeres no ser objeto de violencia. No publico acusaciones. Sino el contenido autorizado. El hecho de proteger los derechos de los seres vivos es válido, también, la protección de la flora, la fauna, los abuelos, los hombres. No tiene que ver con activismo ni militancia que está vedado para un juez. Es ayudar a reconsiderar sin tinte político. Es de suma validez. También publico videos de RCP, mi hermana y mi cuñado son expertos en cómo salvar personas que corren riesgo de morir por ahogamiento, etcétera. Pueden mirarlo, es interminable. Hay publicaciones que tienen que ver los derechos. No le encuentro sentido a la recusación”.

Ante esta explicación, considerada como “razonable, sensata y amplia” se despejaron las dudas respecto a la parcialización y la audiencia continuó presidida por Ivana González.

Acto seguido, la fiscal general Griselda Encinas relató el hecho por el cual se los imputa a Lorena Carrizo y Marcos Sánchez. “En una fecha que no se puede determinar y el día 7 de diciembre de 2018 los nombrados infligieron malos tratos a al menos 7 perros de la raza buldog francés que mantenían encerrados en caniles y sin techo, con piso de cemento y azulejos en el patio de su vivienda del barrio San Benito de Trelew, expuestos al sol, sin agua, abandonados. El 7 de diciembre murieron al menos 2 canes producto de las altas temperaturas y la falta de hidratación.

Por este hecho la calificación es la infracción a la ley 14.346 de malos tratos y actos de crueldad a animales”. Agregó la fiscal que “existen sobrados elementos para sospechar que los imputados resultan ser autores del hecho descripto como evidencia, se cuenta con un video subido a las redes sociales aportado por vecinos, donde se ve a los animales sufriendo, agonizantes como así también la presencia de al menos dos canes sin vida. El vecino intentaba arrojar agua desde el patio trasero para impedir la muerte de más perros. Se cuenta con la documental del allanamiento en la vivienda de los imputados. Se constató el deplorable estado de las jaulas de los animales, en pésimo estado de higiene”.

Remitió Encinas que “se procedió al secuestro de 5 perros de raza bulldog francés que estaban en esa jaula, no hallando los canes fallecidos.

Los perros rescatados por el personal policial se encontraban en mal estado.

El fiscal a cargo en la investigación será Fabián Moyano”.

Tras la alocución de la fiscal en el debate, hizo uso de la palabra la defensora Cora Mollard. “Ante el hecho narrado no hay oposición a la apertura. Aportaremos también pruebas. El delito que se invoca, el de la Ley Sarmiento, es un delito tipificado como doloso que requiere intencionalidad. Se castiga al que tiene una intención de cometer maltratado. Y no a quien por negligencia, impericia, inobservancia u omisión comete algún otro tipo de delito. Significa que se investigará. A lo que tenemos hoy no hay un tipo penal doloso. Si hubo negligencia es dentro de la figura culposa. No queda comprendido en esta ley”.

Advirtió la letrada que “hay cuestiones en el hecho narrado que no coindicen. Los canes no están muertos, están vivos. Están en el grupo de los que quedaron en depósito judicial. Se incorporará la prueba. Mis asistidos se sienten injuriados, no están acostumbrados a esta vía penal. En lo administrativo se puede hacer un control hasta la inhabilitación. Sería por ahí el curso de este caso”, concluyó.


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