PROVINCIA

Editorial / Una bomba de tiempo llamada servicios públicos y una campaña vacía de ideas


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28/04/2019 02:00

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En Chubut se aburre el que quiere”, dicen con ironía algunos analistas de la actualidad política, a la luz de los innumerables temas que rebalsan la agenda cada semana. Claro que el problema no parece ser el aburrimiento sino la falta de preocupación.

Y no hablamos solamente de los ciudadanos que miran con desdén la realidad pensando que nunca los va a chocar de frente, sino de los funcionarios públicos y dirigentes políticos que observan los problemas que ellos generan y tienen que solucionar como si fueran responsabilidad de otros.

El pobre papel de Raúl Chicala al frente del estratégico Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos ya pasó de castaño oscuro. Aunque se lo viene dando por “renunciado” hace varias semanas y hasta circula un nombre para reemplazarlo, el comodorense sigue (des)manejando un área clave.

La crisis terminal de los servicios públicos de Chubut es una derivación de la inacción de Chicala y del brutal apriete a las cooperativas que hizo la mayorista energética Cammesa, una empresa privada con participación pública e íntimamente ligada a los intereses de la Secretaría de Energía y de la Casa Rosada.

El apriete de Nación

Nación, precisamente, volvió a apurar al Gobierno del Chubut para que cierre el pago de la deuda de las cooperativas con Cammesa. Pero fue este diario el que detectó detrás de ese pago un oscuro y millonario entramado de honorarios a un estudio de abogados porteño estrechamente vinculado al PRO.

Por primera vez, algunos cooperativistas empezaron a hablar de la falta de legitimidad de la deuda que reclama Cammesa. Sencillamente, porque el enorme pasivo se multiplicó en los últimos años cuando la gestión de Mauricio Macri le autorizó a esa empresa tarifazos del orden de 1.300% en la energía que les vende a las cooperativas, que debieron seguir pagando con tarifas locales casi congeladas.

El anuncio del presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabián Gómez Lozano, de que la entidad prepara una “defensa jurídica” para evitar pagar la deuda con Cammesa (al menos, en los términos y condiciones que le quieren imponer de prepo), parece ser el camino. Ya hubo una situación similar en Mendoza que la Justicia Federal zanjó a favor de la distribuidora local de energía. Sería una picardía no defenderse con argumentos jurídicos fuertes, como hicieron los mendocinos.

Nadie discute nada

Hasta hace tres semanas, todos hablaban de las PASO. Desde entonces, tras los festejos, los contrapuntos sobre quién sacó más votos y cómo se conformaría lista de diputados provinciales del PJ, ya nadie se acuerda que en apenas seis semanas habrá que ir de nuevo a las urnas a elegir al nuevo gobernador, veintisiete diputados provinciales, trece intendentes y jefes comunales, y cientos de concejales, entre otros.

Aunque sobran las chicanas entre los diversos candidatos de Chubut al Frente y del Frente Patriótico, mientras intentan terciar los cada vez más descoloridos aspirantes de Cambiemos, casi nadie parece estar interesado en discutir proyectos.

Nadie habla de qué hacer con el desempleo, la pobreza, la salud y la educación.

El Gobierno parece estar agobiado por la gestión, los ruidos generados por la causa judicial por los fondos para obras escolares y las dilaciones de algunos funcionarios ineficientes. Los opositores no se quedan atrás: no se les cae una idea, se cuelgan de la denuncia fácil, se convierten súbitamente en “antimineros” cuando desde hace años venían diciendo lo contrario y quieren convencer al electorado de que ellos son la “salvación”. Demasiado poco para pretender llegar a Fontana 50.

Justicia veloz

Siempre criticada, un sector de la Justicia hizo esta semana lo que habría que haber hecho siempre: actuar sin temerle al que gobernaba. Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, representantes de una nueva generación y responsables de la Agencia Anticorrupción, actuaron rápido y de manera diligente con respeto a las denuncias por presuntos sobreprecios en las obras de refacción de escuelas, que involucran al Ministerio de Educación.

Sería bueno que también con celeridad se impute a los presuntos responsables y se desligue a los que no tienen nada que ver. Es la mejor manera de evitar las sospechas que surgen sobre estas causas, que suelen moverse mucho en tiempos electorales y dormir en un cajón cuando las urnas están guardadas.


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