Familiares de Víctimas de hechos de violencia volvieron a autoconvocarse ayer frente a la fiscalía de El Bolsón para reclamar justicia por distintos hechos.
“Hemos pedido una reunión al procurador general de Río Negro, y al juez delegado de la Tercera Circunscripción Judicial, Enrique Mansilla, para saber el estado de varios casos de nuestra zona”, resumió Luis Albornoz, referente de la organización social.
“Necesitamos que se tomen decisiones políticas de fondo para que dejemos de ser ciudadanos de segunda a la hora de pedir justicia. Desde hace años venimos gestionando para que se designen más fiscales porque la actual estructura está colapsada; también precisamos un juez de garantías y una oficina de atención a las víctimas”, graficó.
“Actualmente, es imposible que el único fiscal con competencia en la región atienda mil causas y a la hora de investigar tampoco cuenta con las herramientas necesarias (técnicas y recursos humanos), fundamentales para el esclarecimiento de cada uno de los hechos de violencia”, remarcó.
“Estamos apelando a una muestra de sensatez y reclamando que la justicia se acerque a la gente” –agregó-. Nos parece injusto que para una audiencia de presentación de cargos, que no demora más de media hora, se tenga que trasladar a una familia hasta Bariloche. Ni hablar después de los juicios, con decenas de testigos. Es increíble que todavía no se puedan desarrollar en El Bolsón”, resaltó.
Por su lado, la madre de un nene de 4 años, presuntamente abusado por un oficial de Gendarmería Nacional, informó que “en la última reunión que tuve con el fiscal Francisco Arrien me dijo que el caso va a ser elevado a juicio el 20 de junio. Sin embargo, el acusado fue trasladado a Mendoza y sigue trabajando en la fuerza”, luego de permanecer varios meses detenido con prisión domiciliaria en Bariloche. “No puede portar armas, debe firmar cada 15 días y tiene prohibición de venir a El Bolsón, pero está libre. Mientras tanto, hace 8 meses que estamos esperando resultados de pericias, que no llegan. Nuestra familia quiere que esta persona pague por lo que hizo”, reiteró.
A su lado, la viuda de Cristian “Tata” Nievas (28), se quejó porque Simón Raiñanco (sindicado como el autor material de las puñaladas que le costaron la vida el 1 de octubre de 2017), “sigue en total libertad a pesar que la policía lo detuvo luego de haberse fugado, con las pruebas en su mochilla (un cuchillo de grandes dimensiones) y con la ropa ensangrentada. El juicio estaba programado para los primeros días de mayo, pero lo cambiaron; mientras tanto, este sujeto anda libremente por las calles”, replicó.
En coincidencia, Sandra Oyarzo, la madre del joven asesinado Mauricio Burgos, espera “la decisión de los jueces de Viedma para saber qué pasará con los hermanos Karin y Braian Millao (uno de ellos era policía del Chubut), a quienes se les impuso la pena de 12 años de prisión. Lamentablemente, todos los días los tengo que ver pasar por mi casa (en Isla Norte, Lago Puelo), como burlándose de mi familia luego de haber matado a mi hijo”, graficó.
En la movilización también hubo militantes de organizaciones sociales que recordaron el caso “Coco” Garrido, el joven de Epuyén que apareció muerto la noche del 13 de enero de 2011 en un calabozo de la comisaría de El Bolsón. El veredicto del tribunal, conocido a fines de diciembre pasado, declaró no culpables a los dos policías imputados por homicidio culposo. No obstante, ayer se indicó que “está la posibilidad de recomenzar todo el proceso judicial, porque no quedó nada claro sobre las circunstancias para justificar un supuesto suicidio”.
Además se pidió “celeridad, porque está todo parado y el nuevo código procesal implementado en Río Negro determina tiempos perentorios para cada sumario. Ya pasaron ocho años y los vecinos nos preguntamos qué pasa con la justicia que demora tanto, sin ver los sufrimientos de la familia”.
Familiares de Víctimas de hechos de violencia volvieron a autoconvocarse ayer frente a la fiscalía de El Bolsón para reclamar justicia por distintos hechos.
“Hemos pedido una reunión al procurador general de Río Negro, y al juez delegado de la Tercera Circunscripción Judicial, Enrique Mansilla, para saber el estado de varios casos de nuestra zona”, resumió Luis Albornoz, referente de la organización social.
“Necesitamos que se tomen decisiones políticas de fondo para que dejemos de ser ciudadanos de segunda a la hora de pedir justicia. Desde hace años venimos gestionando para que se designen más fiscales porque la actual estructura está colapsada; también precisamos un juez de garantías y una oficina de atención a las víctimas”, graficó.
“Actualmente, es imposible que el único fiscal con competencia en la región atienda mil causas y a la hora de investigar tampoco cuenta con las herramientas necesarias (técnicas y recursos humanos), fundamentales para el esclarecimiento de cada uno de los hechos de violencia”, remarcó.
“Estamos apelando a una muestra de sensatez y reclamando que la justicia se acerque a la gente” –agregó-. Nos parece injusto que para una audiencia de presentación de cargos, que no demora más de media hora, se tenga que trasladar a una familia hasta Bariloche. Ni hablar después de los juicios, con decenas de testigos. Es increíble que todavía no se puedan desarrollar en El Bolsón”, resaltó.
Por su lado, la madre de un nene de 4 años, presuntamente abusado por un oficial de Gendarmería Nacional, informó que “en la última reunión que tuve con el fiscal Francisco Arrien me dijo que el caso va a ser elevado a juicio el 20 de junio. Sin embargo, el acusado fue trasladado a Mendoza y sigue trabajando en la fuerza”, luego de permanecer varios meses detenido con prisión domiciliaria en Bariloche. “No puede portar armas, debe firmar cada 15 días y tiene prohibición de venir a El Bolsón, pero está libre. Mientras tanto, hace 8 meses que estamos esperando resultados de pericias, que no llegan. Nuestra familia quiere que esta persona pague por lo que hizo”, reiteró.
A su lado, la viuda de Cristian “Tata” Nievas (28), se quejó porque Simón Raiñanco (sindicado como el autor material de las puñaladas que le costaron la vida el 1 de octubre de 2017), “sigue en total libertad a pesar que la policía lo detuvo luego de haberse fugado, con las pruebas en su mochilla (un cuchillo de grandes dimensiones) y con la ropa ensangrentada. El juicio estaba programado para los primeros días de mayo, pero lo cambiaron; mientras tanto, este sujeto anda libremente por las calles”, replicó.
En coincidencia, Sandra Oyarzo, la madre del joven asesinado Mauricio Burgos, espera “la decisión de los jueces de Viedma para saber qué pasará con los hermanos Karin y Braian Millao (uno de ellos era policía del Chubut), a quienes se les impuso la pena de 12 años de prisión. Lamentablemente, todos los días los tengo que ver pasar por mi casa (en Isla Norte, Lago Puelo), como burlándose de mi familia luego de haber matado a mi hijo”, graficó.
En la movilización también hubo militantes de organizaciones sociales que recordaron el caso “Coco” Garrido, el joven de Epuyén que apareció muerto la noche del 13 de enero de 2011 en un calabozo de la comisaría de El Bolsón. El veredicto del tribunal, conocido a fines de diciembre pasado, declaró no culpables a los dos policías imputados por homicidio culposo. No obstante, ayer se indicó que “está la posibilidad de recomenzar todo el proceso judicial, porque no quedó nada claro sobre las circunstancias para justificar un supuesto suicidio”.
Además se pidió “celeridad, porque está todo parado y el nuevo código procesal implementado en Río Negro determina tiempos perentorios para cada sumario. Ya pasaron ocho años y los vecinos nos preguntamos qué pasa con la justicia que demora tanto, sin ver los sufrimientos de la familia”.