La Corte niega haber filtrado escuchas a la prensa
La dirección dependiente de la Corte Suprema que se ocupa de las intervenciones telefónicas dispuestas por la Justicia deslindó su responsabilidad en la difusión pública de escuchas vinculadas a ex funcionarios y empresarios detenidos por corrupción.
Según señaló ese organismo, su actuación se desarrolla bajo los parámetros de "los protocolos de actuación" y la "cadena de custodia".
Así lo indicaron los camaristas Javier Leal De Ibarra y Martín Irurzun en una nota que elevaron a la Corte, a raíz de las escuchas que dieron sustento a la llamada "operación puf", supuestamente instrumentada por ex funcionarios kirchneristas detenidos para desprestigiar al fiscal Carlos Stornelli por su actuación en la causa de los cuadernos de la corrupción, según confiaron hoy a Télam fuentes judiciales.
Al mismo tiempo, apuntaron contra la Agencia Federal de Inteligencia, al indicar que, "cuando un juez dispone que una fuerza de seguridad o la AFI cumplan la función de escuchar o transcribir escuchas telefónicas, su tarea como auxiliares del juez se encuentra bajo responsabilidad del magistrado, porque es quien la ordenó".
Las fuentes agregaron que, "más allá de eso, de acuerdo con lo acontecido con los audios obtenidos en función de las captaciones ordenadas judicialmente, se evidencia que existen vulnerabilidades en la cadena de custodia fuera del ámbito de la Dajudeco".
Justamente, la Dajudeco es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que se encuentra a cargo de Leal De Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y de Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
En ese contexto, advirtieron que, pese a que las actuaciones de la Dajudeco se ciñen a "los parámetros y lineamientos establecidos en los protocolos de actuación y en el de cadena de custodia", persisten "vulnerabilidades" en etapas que "exceden la labor de la Dirección y cuyas responsabilidades corresponden a los jueces, conforme la discrecionalidad con la cual hacen uso del material probatorio".
Las escuchas que dieron sustento a la denuncia periodística sobre un supuesto plan para perjudicar la imagen del fiscal Stornelli fueron realizadas por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el contexto de una investigación por narcotráfico.
"En este caso, la Agencia Federal de Inteligencia retiró de la Dirección los CDs bajo estrictas normas de seguridad, con anterioridad a la publicación en los medios de comunicación de información que, según se indicaba, correspondía a parte de esos audios", indicaron los camaristas a cargo de la Dajudeco en el escrito que remitieron al máximo tribunal.
Según señaló ese organismo, su actuación se desarrolla bajo los parámetros de "los protocolos de actuación" y la "cadena de custodia".
Así lo indicaron los camaristas Javier Leal De Ibarra y Martín Irurzun en una nota que elevaron a la Corte, a raíz de las escuchas que dieron sustento a la llamada "operación puf", supuestamente instrumentada por ex funcionarios kirchneristas detenidos para desprestigiar al fiscal Carlos Stornelli por su actuación en la causa de los cuadernos de la corrupción, según confiaron hoy a Télam fuentes judiciales.
Al mismo tiempo, apuntaron contra la Agencia Federal de Inteligencia, al indicar que, "cuando un juez dispone que una fuerza de seguridad o la AFI cumplan la función de escuchar o transcribir escuchas telefónicas, su tarea como auxiliares del juez se encuentra bajo responsabilidad del magistrado, porque es quien la ordenó".
Las fuentes agregaron que, "más allá de eso, de acuerdo con lo acontecido con los audios obtenidos en función de las captaciones ordenadas judicialmente, se evidencia que existen vulnerabilidades en la cadena de custodia fuera del ámbito de la Dajudeco".
Justamente, la Dajudeco es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que se encuentra a cargo de Leal De Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y de Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
En ese contexto, advirtieron que, pese a que las actuaciones de la Dajudeco se ciñen a "los parámetros y lineamientos establecidos en los protocolos de actuación y en el de cadena de custodia", persisten "vulnerabilidades" en etapas que "exceden la labor de la Dirección y cuyas responsabilidades corresponden a los jueces, conforme la discrecionalidad con la cual hacen uso del material probatorio".
Las escuchas que dieron sustento a la denuncia periodística sobre un supuesto plan para perjudicar la imagen del fiscal Stornelli fueron realizadas por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el contexto de una investigación por narcotráfico.
"En este caso, la Agencia Federal de Inteligencia retiró de la Dirección los CDs bajo estrictas normas de seguridad, con anterioridad a la publicación en los medios de comunicación de información que, según se indicaba, correspondía a parte de esos audios", indicaron los camaristas a cargo de la Dajudeco en el escrito que remitieron al máximo tribunal.