POLICIALES

Pidieron hasta 9 años de cárcel para banda narco que lideraba un preso

Se trata de 19 personas que vendían marihuana y cocaína en Puerto Madryn y Trelew. Lo coordinaban desde la Unidad 6.

18/06/2019 02:00

Juicio. Una de las audiencias por Conejo Verde, en el Casino de Oficiales de la Unidad 6 de Rawson, desde donde se habría organizado la banda.

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El fiscal Teodoro Nürnberg pidió penas de hasta 9 años de prisión para 19 miembros de una presunta banda narco, procesados por el caso Conejo Verde. La sentencia del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia se conocerá este mes. Es una banda que se desarticuló en 2015, liderada por un preso de la Unidad 6 de Rawson e integrada por comerciantes, mujeres de variados perfiles y hasta un policía de Trelew. Vendían cocaína y marihuana en el Valle Inferior y en Puerto Madryn.

Según el alegato del fiscal, de mayo a diciembre de 2015, Sergio Víctor Bartolo comerció con estupefacientes desde la U-6 de Rawson valiéndose de su novia Tania. Le daba instrucciones para remitir droga por encomienda por operaciones ya concertadas por él.

En el caso de Carmelo Francisco Francisco, según el alegato comerció con marihuana y cocaína coordinando con Diego Rodríguez, Romina Díaz y Nancy Rodríguez para transportar, entregar, cobrar y rendir cuentas referidas a transacciones con drogas. Se vinculó con Bartolo.

Diego Rodríguez, preso en la U-6, comerció con droga. Conseguía mercadería por teléfono para su traslado a Trelew y luego coordinaba entregas, cantidades, precios y formas de pago y cobros con otros detenidos en el penal, como Jorge Gabriel Castillo y personas de su confianza y libres: Hugo Deni Rivero Sosa, Ublaciano Rivero Zanabria, Romina Soledad Díaz, Francisco Carmelo y Vanesa Fernández, mujer de Castillo. “Esta actividad comercial la desarrolló en forma habitual y con fines de lucro tuvo proyección en diversas ciudades de Chubut”, explicó Nürnberg.

El mencionado Castillo, por teléfono y coordinado con Rodríguez, usaba a su pareja Fernández para buscar, mover, guardar y entregar droga a terceros, como Yanina León. “En este esquema, el 18 de diciembre coordinó con Rodríguez la búsqueda y entrega del material prohibido a León, dando instrucciones y haciendo un seguimiento personal y minucioso de los movimiento de Vanesa Fernández”. En su casa de Murray Thomas al 1.600 de Trelew se hallaron 5 kilos de marihuana y 731 gramos de cocaína. “En cumplimiento de las órdenes del imputado, se encontraban bajo la disposición material de Fernández”.

A Fernández el fiscal la acusó de vender estupefacientes bajo órdenes que desde la cárcel impartían Castillo y Rodríguez para buscar y entregar drogas a clientes. Su última operación fue el 18 de diciembre de 2015: buscó sustancias en la chacra de Daniel Viti, se la llevó en su vehículo y se reunió con León a quien le entregó 2,5 kilos de marihuana y 800 gramos de cocaína. Ambas partieron a Puerto Madryn pero fueron detenidas a la salida de Trelew. Iban en un Golf verde. Cabe recordar que Vitti fue absuelto hace 20 años por el crimen del periodista Ricardo Gangeme. Vivía en esa chacra al oeste en la zona de la Curva de Perdomo, lindera al predio del Tiro Federal Argentino, 25 de Mayo al fondo.

Sobre Romina Soledad Díaz, la acusaron de participar en operaciones comerciales con droga entregando, supervisando, cobrando y rindiendo cuentas. Para eso se vinculó con Rodríguez, Francisco y Nancy Rodríguez, entre otros. En cuanto a esta última, hizo apoyo logístico realizando traslados, brindando alojamiento, gestionando giros y cobros.

En cuanto a Rivero Sosa, para el fiscal el 18 de diciembre de 2015 en la chacra de Viti cometió tenencia de estupefacientes para comercializar. Ese día también estaban Rivero Zanabria y Alejandro Vicente Mereles. Preparaban 26 kilos y medio de marihuana y 1,3 kilos de cocaína.

Sobre Rubén Oscar Hernández, en esas fechas comerció droga desde la U-6 con ayuda de su novia Florencia Casal. “Le daba instrucciones para recibir y entregar cocaína para el comercio. Las operaciones eran previamente concertadas por él”. Las sustancias las obtenía telefónicamente de Rodríguez, preso. El fiscal acusó a Casal de participar del narcotráfico cumpliendo las órdenes de su pareja desde el penal.

A Justo Jatniel Daniel Dualde, Nürnberg le imputó haberse proveído de Hernández y Casal para vender al menudeo desde su casa de Moreno al 200, cerca de la escuela Hendre, el Instituto Médico del Sur y la Plaza Centenario. A su vez, proveía a otros vendedores como Brian Apraiz, un expolicía de la Comisaría 4ª de Trelew a quien acusaron de vender cocaína y marihuana desde su domicilio de Pellegrini al 2.100, cerca de un parque de diversiones. Combinaba por teléfono sustancia, lugar, cantidad y precio.

En el caso de Eduardo Germán Pereyra, el fiscal consideró probado que vendió droga en Puerto Madryn, a modo delivery y con citas en la vía pública. Habría proveído a Alberto y Priscila Dames. A su vez esta pareja habría comerciado al menudeo en su casa del barrio Covitre II de Madryn. Recibían personas por escasos minutos y arreglaban por teléfono las operaciones. En su domicilio hallaron marihuana, efectivo y balanzas de precisión.

Para Bartolo, el fiscal pidió 6 años y 2 meses de prisión por comercio agravado por haber sido cometido desde un lugar de detención. Para Rubén Oscar Hernández, por el mismo delito, 6 años de cárcel, y para Francisco Francisco, 6 años y 6 meses.

Para Casal, 4 años de prisión por comercio de estupefacientes. El pedido para Dualde fue de 6 años y 6 meses de prisión por comercio agravado por haber sido cometido en inmediaciones de un centro asistencial, una escuela y una plaza pública.

En el caso de Apraiz, por comercio agravado por su condición de policía y por haber sido cometido cerca de un lugar de diversiones públicas, pidieron 6 años y 3 meses de prisión.

También por comercio, Pereyra enfrenta una pena de 4 años. La misma calificación para los Dames, para quienes pidieron 4 años y 6 meses.

Para Deni Rivero Sosa, por tenencia de droga para comercializar agravado por la cifra de intervinientes pidieron 8 años de prisión. Por el mismo delito, para Ublaciano Riveros Zanabria el fiscal pidió 7 años y 3 meses de prisión. Y para Osvaldo Daniel Viti, 6 años y 3 meses. La misma calificación para Alejandro Vicente Merelles para quien solicitaron 6 años y medio.

Jorge Castillo, por comercio de droga agravado por el número de intervinientes y por haber sido cometido desde la cárcel, enfrenta una pena de 7 años de prisión y la declaración de reincidente. Por el mismo delito, Diego Ricardo Rodríguez enfrenta una pena de 9 años.

Para Vanesa Carolina Fernández y Romina Soledad Díaz, por comercio agravado, el fiscal solicitó 6 años y medio de prisión. Por la misma calificación, para Nancy Mabel Rodríguez solicitó 3 años en suspenso. Por transporte de droga, Yanina Alí León enfrenta una pena de 4 años.

Los procesados cayeron en diciembre de 2015 con casi 40 kilos de marihuana y cocaína. Algunos eran conocidos por la Policía y otros, nombres nuevos. Originalmente fueron 21 y hubo allanamientos en Madryn y Trelew.

Al cordobés Diego Ricardo “El Gordo” Rodríguez le endilgaron organizar y liderar la banda desde una celda del Módulo 1 de la U-6, donde estaba preso por la causa “Verano Blanco”.

Se cree que dos ciudadanos paraguayos proveían la droga: el vendedor de autos Rivero Sosa y el albañil Riveros Sanabria, domiciliados en el Gran Buenos Aires. Entre las mujeres hay alternadoras, una empleada de una pesquera, una peluquera, una cocinera y una vendedora de ropa.

La pesquisa duró tres meses. En septiembre de 2015, el juez federal Hugo Sastre se reunió en su despacho con jefes de Drogas, el titular de la Policía Federal en Rawson y el jefe y subjefe de la U-6: les informó que había “visitas sospechosas” a Rodríguez y otros detenidos. La información más relevante se logró antes del 19 de diciembre: escuchas a los dos ciudadanos paraguayos que traían la cocaína a Trelew y fueron seguidos de cerca todo su periplo.

A pesar de presiones de jefes policiales de entonces para hacer estallar el caso antes de las elecciones de octubre de 2015 para beneficiar políticamente al Gobierno, Sastre decidió la tercera semana de diciembre. Recién cuando la banda había reunido dinero suficiente para pagar un cargamento, se decidió desbaratarla.