Emergencia Climática: pidieron juicio oral para un grupo de 12 exfuncionarios y empresarios
El fiscal Alex Williams advirtió que “la matriz de corrupción estatal no es posible sin la connivencia del sector privado y la falta de controles”. Reclamó terminar con la “viveza criolla”. El empresario de Puerto Madryn que fraguó tres contrataciones para ganar 7 millones de pesos en dos semanas.
Luego de elevar la acusación por la causa del presunto fraude durante la Emergencia Climática, el fiscal Alex Williams advirtió que “la matriz de corrupción estatal no es posible sin la connivencia del sector privado y la falta de controles”. Recordó que en
Comodoro Rivadavia “cientos de personas perdieron hasta sus casas, hubo sobreprecios o directamente el Estado pagó por mercaderías que nunca se entregaron. El perjuicio a las arcas estatales fue cercano a los 20 millones”.
Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, los acusados son los exfuncionarios Diego Correa, Diego Lüters, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Vanina Barale y Cristian Orsi; junto con los empresarios Bruno Chiribao, Cecilia Sadaba, César Hughes, Guillermo Williams, Marta Fracasso y Franco Finiguerra. La Oficina Judicial deberá fijar fecha de audiencia preliminar.
“Las defraudaciones tienen un patrón común: la connivencia del funcionario con el empresario o la presión de los funcionarios a través del corte de la cadena de pago si no accedían a entregar las facturas sin contraprestación”, reveló. “Los proveedores entregaban la factura y desde el Gobierno se confeccionaban las órdenes de pago, pero luego el dinero del Estado se lo repartían entre empresarios y funcionarios”.
“Para funcionarios y empresarios pedimos juicio oral y penas de efectivo cumplimiento. La defraudación al Estado es grave. Pero si se comete en el marco de una emergencia climática, el reproche es mayor”, afirmó.
Williams sostuvo que los altos niveles de corrupción van siempre acompañados con un alto nivel de convalidación social: “No solo se toma como un hecho normal sino como un acto de viveza criolla, de tipo ganador. Y es allí donde tiene que haber un cambio cultural”. Consideró que “los sistemas de control administrativo del Estado fallan porque se quedaron en un control formal y burocrático. Para que sean eficaces, esos sistemas tienen que actualizarse”.
“Si el cambio depende de la voluntad de un pequeño grupo de personas es difícil lograrlo”, dice el funcionario. “La Procuración nos ha dado lo que pudo, pero los recursos para investigar son escasos. Hoy la Unidad no cuenta con el personal ni los materiales suficientes, por lo que llevar adelante estas causas implica un doble esfuerzo”.
El fiscal explicó que “el de Franco Finiguerra es un caso emblemático: con tres contrataciones fraguadas obtuvo un rédito de casi 7 millones de pesos. La operatoria fue realizada a través del Mall Don Bosco, se comprobó que en la facturación correlativa 1257, 1259 y 1261, en 15 días le facturó y le cobró al Estado casi 7 millones de pesos. La facturación fue manuscrita, cuando el negocio tiene facturación electrónica”, afirmó Williams sobre el empresario de Puerto Madryn.
En el marco del decreto de emergencia climática hubo numerosas irregularidades. “El primer caso es el de Martha Fracasso, una regalería empresarial, a la cual, pero ejemplo, le compraban botas de goma y capas de lluvia. La factura de la primera compra sucede dos días antes de que empiece a llover en Comodoro”.
“Se comprobó el caso de Fracasso, y eso a manera de ejemplo, que parte del dinero que cobró lo hizo circular a través del sistema financiero prestándolo a través de cheques a una constructora de Trelew que presta servicios a la Municipalidad. O sea, prestó los cheques con endosos aprócrifos para insertarlos en el sistema financiero para generar un rédito”.
Luego de elevar la acusación por la causa del presunto fraude durante la Emergencia Climática, el fiscal Alex Williams advirtió que “la matriz de corrupción estatal no es posible sin la connivencia del sector privado y la falta de controles”. Recordó que en
Comodoro Rivadavia “cientos de personas perdieron hasta sus casas, hubo sobreprecios o directamente el Estado pagó por mercaderías que nunca se entregaron. El perjuicio a las arcas estatales fue cercano a los 20 millones”.
Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, los acusados son los exfuncionarios Diego Correa, Diego Lüters, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Vanina Barale y Cristian Orsi; junto con los empresarios Bruno Chiribao, Cecilia Sadaba, César Hughes, Guillermo Williams, Marta Fracasso y Franco Finiguerra. La Oficina Judicial deberá fijar fecha de audiencia preliminar.
“Las defraudaciones tienen un patrón común: la connivencia del funcionario con el empresario o la presión de los funcionarios a través del corte de la cadena de pago si no accedían a entregar las facturas sin contraprestación”, reveló. “Los proveedores entregaban la factura y desde el Gobierno se confeccionaban las órdenes de pago, pero luego el dinero del Estado se lo repartían entre empresarios y funcionarios”.
“Para funcionarios y empresarios pedimos juicio oral y penas de efectivo cumplimiento. La defraudación al Estado es grave. Pero si se comete en el marco de una emergencia climática, el reproche es mayor”, afirmó.
Williams sostuvo que los altos niveles de corrupción van siempre acompañados con un alto nivel de convalidación social: “No solo se toma como un hecho normal sino como un acto de viveza criolla, de tipo ganador. Y es allí donde tiene que haber un cambio cultural”. Consideró que “los sistemas de control administrativo del Estado fallan porque se quedaron en un control formal y burocrático. Para que sean eficaces, esos sistemas tienen que actualizarse”.
“Si el cambio depende de la voluntad de un pequeño grupo de personas es difícil lograrlo”, dice el funcionario. “La Procuración nos ha dado lo que pudo, pero los recursos para investigar son escasos. Hoy la Unidad no cuenta con el personal ni los materiales suficientes, por lo que llevar adelante estas causas implica un doble esfuerzo”.
El fiscal explicó que “el de Franco Finiguerra es un caso emblemático: con tres contrataciones fraguadas obtuvo un rédito de casi 7 millones de pesos. La operatoria fue realizada a través del Mall Don Bosco, se comprobó que en la facturación correlativa 1257, 1259 y 1261, en 15 días le facturó y le cobró al Estado casi 7 millones de pesos. La facturación fue manuscrita, cuando el negocio tiene facturación electrónica”, afirmó Williams sobre el empresario de Puerto Madryn.
En el marco del decreto de emergencia climática hubo numerosas irregularidades. “El primer caso es el de Martha Fracasso, una regalería empresarial, a la cual, pero ejemplo, le compraban botas de goma y capas de lluvia. La factura de la primera compra sucede dos días antes de que empiece a llover en Comodoro”.
“Se comprobó el caso de Fracasso, y eso a manera de ejemplo, que parte del dinero que cobró lo hizo circular a través del sistema financiero prestándolo a través de cheques a una constructora de Trelew que presta servicios a la Municipalidad. O sea, prestó los cheques con endosos aprócrifos para insertarlos en el sistema financiero para generar un rédito”.