“Estamos dando una justicia deficiente”

Los planteos elevados al Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y la Defensoría apuntan a saber “el resultado de la reunión con el gobernador y tener previsibilidad a futuro. ¿Cómo se resolverá está situación? Lo que más angustia a todos es no saber el panorama real”, explicó Del Balzo.

El Poder Judicial sólo atiende urgencias impostergables como detenciones, revisión de prisiones preventivas y audiencias de Familia. La jueza Patricia Reyes explicó que “la idea es ver qué podemos hacer y cómo seguimos”. Su par Patricia Asaro advirtió que “no estamos cumpliendo con afianzar la justicia de la Constitución; el servicio que damos es deficiente, con guardias mínimas y un personal mínimo”. La magistrada pidió cumplir con la publicidad de los actos de gobierno “para que tengamos noción del estado financiero de la provincia”.

“El servicio se ve afectado y estamos tratando de cumplir pero también somos empleados y nos encontramos en desamparo”, agregó.

Jueces, fiscales y defensores no pueden hacer paro. “Estamos limitados en las posibilidades de reclamar”, dijo Luis Omar Amarfi, coordinador del Servicio de Asistencia a la Víctima. Explicó que la reunión con las máximas autoridades “es una forma de reclamar sin vulnerar el marco legal”.

“Tenemos muchas preguntas y tenemos que terminar con la incertidumbre de no cobrar, porque somos trabajadores como cualquier otro. Queremos información fidedigna”.

La jueza Estela Eizmendi comentó que la crisis daña “el ejercicio de la magistratura”. Se hacen las audiencias fijadas por la Oficina Judicial pero en algunos casos “las partes adhieren a la suspensión de la audiencia en virtud de la situación institucional que trascienden a la justicia y que constituirían una gravedad institucional y una posible acometimiento de conductas dentro del ámbito delictivo”.

Por su parte, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expresó “su profunda preocupación por la gravísima crisis institucional” en Chubut. “Estamos sin servicio de justicia por la falta de pago en tiempo y forma de los salarios y por la interrupción de su obra social”. Se solidarizó con los empleados públicos y jubilados que “transitan por padecimientos personales, familiares y económicos”.

“Este conflicto tiene origen es la ineficiente administración de los fondos públicos y demuestra, una vez más, la creciente ineptitud en la gestión de los poderes públicos y el descontento social en todos sus estamentos”.

Los abogados portuarios recordaron que “hace tiempo que no hay decisiones de política institucional que permitan revertir la crisis que afecta a los poderes públicos, sino más bien se admite la existencia de una clase dirigente desprestigiada en sus anteriores y actuales integraciones, empeñada en condicionar a una magistratura débil y dependiente del poder político para su funcionamiento, en desprecio de su necesaria independencia e idoneidad”.

El Colegio se puso a disposición del SITRAJUCh “para colaborar en lo que esté a su alcance y exhortándolos a reclamar la restitución de los derechos vulnerados por la vía legal; sin desconocer la legitimidad constitucional de las medidas de acción directa, pero señalando que no dejan de ser vías de facto que enfrentan a pares, perjudicando a la comunidad por la ineficiencia e incumplimiento de un tercero que culmina siendo un espectador de lujo del conflicto”.

También hicieron una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia “rechazando la suspensión de los términos judiciales por resultar una medida extrema, que impide el acceso a la justicia”. El Colegio instó a los miembros del Poder Judicial “a ejercitar las acciones judiciales previstas en la legislación conminado a los funcionarios públicos provinciales como responsables de la crisis”.