Editorial / La crisis energética y el pago de sueldos acorralan al gobierno

El fuego que arde frente a la Casa de Gobierno, una choriceada en las puertas del Superior Tribunal de Justicia, marchas de docentes, de trabajadores de la construcción, de empleados de distintos estamentos de la administración pública y veredas que rebalsan de mugre desde hace semanas poniendo en riesgo la salud pública de toda una ciudad. La geografía de la capital de Chubut muestra hoy la peor de sus realidades que es, también, la de sus gobernantes.

Desde que ganó las elecciones para continuar gobernando la provincia la Administración Arcioni cometió todos los errores posibles. Este lunes será 29, fecha en la que –en otros tiempos- solían cobrar la totalidad de los empleados públicos y aun no se sabe con certeza si se terminarán de abonar los sueldos del mes de junio, con julio agonizando. Agosto, en esa línea, promete ser otro polvorín en la capital provincial.

A esta altura está clarísimo que las previsiones, si es que las hubo, fallaron completamente; y resuena cada vez más una pregunta incómoda ya no sólo en quienes sufren la desidia del manejo de las cuentas públicas sino en la sociedad en general: ¿Los aumentos que se otorgaron en paritarias, y que esta semana ordenaron desde el propio gobierno que no se paguen, se hicieron en función de un cálculo de los números posibles o simplemente se basaron en la necesidad electoral?

Cualquiera fuera la respuesta, de todas formas, no exonera a los encargados de llevar adelante las riendas del gobierno. Sea este un error político o un desacertado cálculo de ingresos y egresos el tamaño de la pifia no se morigera. Es enorme.

Como si esto por sí solo no tuviera el peso que tiene, y que se traduce en un Estado que está virtualmente parado hace tres semanas, a la hora de conocer que con los números disponibles la idea de abonar en tiempo y forma era quimérica, se eligió no comunicar –acaso porque tampoco se supo cómo hacerlo- de qué forma se gestionaría la crisis y se optó por elegir discrecionalmente a quién se le pagaba el sueldo primero y a quien se relegaba. En esa dinámica se optó por las fuerzas del orden y se dejó afuera, entre otros, a los jubilados, que son los más vulnerables. Una elección que acaso sirva para justipreciar la valorización oficial.

Ciudad oculta

Rawson es hoy eso que se ubica detrás de las montañas de basura que inundan sus veredas. Este jueves reapareció en escena Rossana Artero, que llevaba prácticamente dos meses sin presencia pública. Lo hizo para hablar de consensos, pedirle al Concejo Deliberante que declare la emergencia ambiental y dar una fecha de pago de haberes, claro que lejana a lo que marca la ley. Mientras tanto, el municipio estuvo virtualmente parado, por momentos tomado, con protestas en las calles y sin prestación de servicios, entre los que está la recolección de basura.

La intendencia es, acaso, el lugar más caliente entre los cargos electivos de la administración pública. A diferencia de un gobernador, un ministro e incluso un presidente, el jefe comunal es quien se ve cara a cara con el pueblo en el día a día y es por ello, quizás, que el lugar exige presencia constante, sin fisuras, algo que claramente no ocurrió en Rawson en los últimos meses.

No obstante la situación de virtual abandono que tiene hoy la capital provincial, Artero se las arregló para ganarse un lugar entre los diputados provinciales del próximo período. Hay allí otra pregunta de difícil respuesta, si es que se asocia la ausencia en la gestión con el fin de la carrea electoral, una coincidencia que hoy resulta difícil de emparentar con la casualidad.

Explotó, como era lógico

Diputados provinciales, presidentes de cooperativas, algún intendente y referentes del rubro se reunieron esta semana en Legislatura acorralados por la situación crítica del sistema energético provincial. Y no porque no funcione, sino porque la acumulación de deudas con Cammesa llegó a un punto de no retorno y promete explotar por los aires si no se soluciona.

El sistema cooperativo es de lo más loable y democrático que se puede tener para explotar un servicio, pero se debe manejar con prudencia y eso, en Chubut, no ocurre hace décadas.

Se agravó, claro, con la administración Macri que no ve en la prestación de servicios básicos una necesidad social, ni un derecho humano, sino una máquina de recaudar dinero. Un negocio. Pero el problema, hay que decirlo, no se inició en estos últimos tres años. Lleva décadas así y sólo parches en las coyunturas que nunca buscaron soluciones de fondo permitieron que se llegue hasta aquí. Pero no va más.

La situación, para explicarla, es bastante ramplona: lo que recaudan las cooperativas no alcanza a cubrir el gasto corriente. Esto, mes tras mes, genera un pasivo que en el caso de Chubut está en el orden de los 5,8 millones de pesos por día entre todas las de la provincia. Así se acumularon 5 mil millones de pesos de deuda.

Las cooperativas, por lo expuesto, no pueden ni siquiera idear un plan de pagos para hacer frente a semejante número, por la sencilla razón de que mes a mes pierden plata, y no tienen ganancias como necesitarían para hacerlo. Son entonces los dueños de los servicios, llámese gobierno provincial e intendentes, los que deben negociar esto con Cammesa.

Pero es sólo parte del problema. Pagar la deuda dejará las cuentas en cero pero no solucionará la situación a futuro porque, como es lógico, la generación de pasivos es contante y más tarde o más temprano se volverá a la misma situación. Y esto tiene dos posibles salidas: o se le otorga a las cooperativas la posibilidad de aumentar la tarifa hasta que esto equilibre sus ejercicios financieros o se subsidia el servicio para que los usuarios no afronten costos que hoy, con un país en crisis, serían imposibles de pagar.

Es el poder político, en definitiva, el que tiene la llave. La pregunta es si hay ganas de usarla.