Nuevo endeudamiento: esperan la autorización de Nación y negocian con el Banco Macro
Lo reveló el Ministerio de Economía en su respuesta a las preguntas de los diputados. Ya se presentó toda la documentación y quieren que el Macro sea el colocador. Apuntan a “patear” hacia adelante la deuda en dólares. Pero se depende de que los inversores acepten un “canje voluntario”.
El ministro de Economía, Luis Tarrío, admitió que el Gobierno provincial ya cumplió con toda la documentación “necesaria y exigida” por la Ley de Responsabilidad Fiscal para colocar Letras en el mercado y endeudarse por $ 1.500 millones para el pago de sueldos. El dato surge de las respuesta del funcionario a las 22 preguntas de los diputados. La contestación por escrito ingresó ayer al mediodía a Mesa de Entradas de Legislatura. El texto no precisa el cronograma de pago de salarios hasta diciembre: “Está siendo evaluado con el gobernador y el ministro coordinador y será indicado a la brevedad”, apunta solamente.
Para este endeudamiento ya se cumplieron los trámites ante el Ministerio del Interior de la Nación, que autorizó la iniciativa.
“Las actuaciones se giraron al Ministerio de Hacienda de la Nación, que se encuentra en la etapa de establecer el tope de tasa a la que podemos salir al mercado y la autorización necesaria para que nuestra solicitud sea aprobada por el Banco Central de la República Argentina para que puedan ser inversores las compañías de seguros y los fondos comunes de inversión”.
Ya hay charlas con el Banco Macro para que sea el colocador de las Letras junto con el Banco Chubut. Pero todavía no hay Banco estructurador ni Banco “book runner”.
Según la explicación oficial, “las reuniones mantenidas fueron las necesarias para evaluar las posibilidades de Chubut de salir al mercado financiero nacional luego de casi 2 años de ausencia como potencial receptor de inversiones locales”.
“Magnitud”
En otro párrafo, Tarrío explica que por la “magnitud” de los vencimientos futuros que debe afrontar Chubut en los próximos años, “es conveniente cambiar el perfil de nuestra deuda en moneda extranjera”, sobre todo los BOGAR26 y PUY23. El primero finaliza en 2021 “y en el mercado se lo considera de finalización demasiado cercana para cambiar su perfil”.
“La intención es lograr que el cambio de perfil con alargamiento de plazos de cancelación sea un canje voluntario por parte de los inversores, que les pueda asegurar una renta de cobro seguro, con igual garantía que en la actualidad y compatible en el tiempo con nuestro horizonte de explotación de crudo”.
El ministro remarcó: “Antes que nada deberá Argentina lograr reingresar a los mercados internacionales para luego intentar la operación de canje voluntario que proponemos”. La respuesta admite que “será necesario” el asesoramiento de estudios jurídicos con experiencia en estas operaciones. Podrían ser los originales que ya participaron de las operaciones con esos títulos “siempre dependiendo de su pretensión de honorarios”.
En cuanto al rol del exministro de Economía Miguel Peirano, Tarrío dijo que no se le pidió ningún plan económico y sólo asesoró en reuniones de trabajo. Sí se piensa en contratarlo por 90 días con un costo mensual de $ 20.000 (sic). En cambio, pese a los rumores no se contratará a Martín Redrado.
Además de aclarar que en el ejercicio no se contrajo deuda nueva con el Gobierno nacional, el responsable de Economía admitió la proyección de ingresos que fundamentó los aumentos salariales “fue la que se usó para confeccionar el Presupuesto 2019 que no fue aprobado por Legislatura”. Y recordó que hubo “innumerables factores con impacto negativo en los ingresos provinciales que nos alejaron del cumplimiento de los ingresos presupuestados”.
En cuanto al atraso para el pago de jubilados y pensionados, el informe habla de “un impacto negativo de diversa índole que no permitió efectuar las reservas habituales para el pago del aguinaldo, cuya cuantía fue muy significativa”. Tarrío advierte sobre la menor recaudación producto de la retracción de la actividad económica “que se hizo muy notable en nuestra zona”.
“Pero si hubo algo que colmó los efectos indeseados fue la actitud del Gobierno nacional que después de más de 60 días que Chubut solicitaba la refinanciación de un saldo de $ 708 millones con el Fondo Fiduciario para las provincias, a último momento nos informó que no era posible acceder a nuestra solicitud”. En la jornada bancaria siguiente “comenzaron los descuentos de toda la coparticipación que nos hubiera correspondido recibir y con ellos se acrecentó el desequilibrio financiero en esa cifra muy significativa”. La respuesta del ministro califica de “inexplicable actitud del Gobierno nacional de castigar a Chubut con una negativa a refinanciar un vencimiento”.
Nunca imaginado
Tras considerar que por las medidas macroeconómicas de Nación el consumo “desciende a niveles nunca imaginados”, Tarrío explicó que “nos queda solamente como centro de atención para mejorar y hacer más eficiente nuestra recaudación la Dirección General de Rentas”. En este sentido subrayó que se ejecuta “una tarea de verificación de grandes contribuyentes domiciliados en otras provincias” y se apunta a nuevos objetivos de recaudación. Por ejemplo, “la irrupción en el mercado de las operaciones vía internet que permiten la elusión del pago del tributo”.
El ministro de Economía, Luis Tarrío, admitió que el Gobierno provincial ya cumplió con toda la documentación “necesaria y exigida” por la Ley de Responsabilidad Fiscal para colocar Letras en el mercado y endeudarse por $ 1.500 millones para el pago de sueldos. El dato surge de las respuesta del funcionario a las 22 preguntas de los diputados. La contestación por escrito ingresó ayer al mediodía a Mesa de Entradas de Legislatura. El texto no precisa el cronograma de pago de salarios hasta diciembre: “Está siendo evaluado con el gobernador y el ministro coordinador y será indicado a la brevedad”, apunta solamente.
Para este endeudamiento ya se cumplieron los trámites ante el Ministerio del Interior de la Nación, que autorizó la iniciativa.
“Las actuaciones se giraron al Ministerio de Hacienda de la Nación, que se encuentra en la etapa de establecer el tope de tasa a la que podemos salir al mercado y la autorización necesaria para que nuestra solicitud sea aprobada por el Banco Central de la República Argentina para que puedan ser inversores las compañías de seguros y los fondos comunes de inversión”.
Ya hay charlas con el Banco Macro para que sea el colocador de las Letras junto con el Banco Chubut. Pero todavía no hay Banco estructurador ni Banco “book runner”.
Según la explicación oficial, “las reuniones mantenidas fueron las necesarias para evaluar las posibilidades de Chubut de salir al mercado financiero nacional luego de casi 2 años de ausencia como potencial receptor de inversiones locales”.
“Magnitud”
En otro párrafo, Tarrío explica que por la “magnitud” de los vencimientos futuros que debe afrontar Chubut en los próximos años, “es conveniente cambiar el perfil de nuestra deuda en moneda extranjera”, sobre todo los BOGAR26 y PUY23. El primero finaliza en 2021 “y en el mercado se lo considera de finalización demasiado cercana para cambiar su perfil”.
“La intención es lograr que el cambio de perfil con alargamiento de plazos de cancelación sea un canje voluntario por parte de los inversores, que les pueda asegurar una renta de cobro seguro, con igual garantía que en la actualidad y compatible en el tiempo con nuestro horizonte de explotación de crudo”.
El ministro remarcó: “Antes que nada deberá Argentina lograr reingresar a los mercados internacionales para luego intentar la operación de canje voluntario que proponemos”. La respuesta admite que “será necesario” el asesoramiento de estudios jurídicos con experiencia en estas operaciones. Podrían ser los originales que ya participaron de las operaciones con esos títulos “siempre dependiendo de su pretensión de honorarios”.
En cuanto al rol del exministro de Economía Miguel Peirano, Tarrío dijo que no se le pidió ningún plan económico y sólo asesoró en reuniones de trabajo. Sí se piensa en contratarlo por 90 días con un costo mensual de $ 20.000 (sic). En cambio, pese a los rumores no se contratará a Martín Redrado.
Además de aclarar que en el ejercicio no se contrajo deuda nueva con el Gobierno nacional, el responsable de Economía admitió la proyección de ingresos que fundamentó los aumentos salariales “fue la que se usó para confeccionar el Presupuesto 2019 que no fue aprobado por Legislatura”. Y recordó que hubo “innumerables factores con impacto negativo en los ingresos provinciales que nos alejaron del cumplimiento de los ingresos presupuestados”.
En cuanto al atraso para el pago de jubilados y pensionados, el informe habla de “un impacto negativo de diversa índole que no permitió efectuar las reservas habituales para el pago del aguinaldo, cuya cuantía fue muy significativa”. Tarrío advierte sobre la menor recaudación producto de la retracción de la actividad económica “que se hizo muy notable en nuestra zona”.
“Pero si hubo algo que colmó los efectos indeseados fue la actitud del Gobierno nacional que después de más de 60 días que Chubut solicitaba la refinanciación de un saldo de $ 708 millones con el Fondo Fiduciario para las provincias, a último momento nos informó que no era posible acceder a nuestra solicitud”. En la jornada bancaria siguiente “comenzaron los descuentos de toda la coparticipación que nos hubiera correspondido recibir y con ellos se acrecentó el desequilibrio financiero en esa cifra muy significativa”. La respuesta del ministro califica de “inexplicable actitud del Gobierno nacional de castigar a Chubut con una negativa a refinanciar un vencimiento”.
Nunca imaginado
Tras considerar que por las medidas macroeconómicas de Nación el consumo “desciende a niveles nunca imaginados”, Tarrío explicó que “nos queda solamente como centro de atención para mejorar y hacer más eficiente nuestra recaudación la Dirección General de Rentas”. En este sentido subrayó que se ejecuta “una tarea de verificación de grandes contribuyentes domiciliados en otras provincias” y se apunta a nuevos objetivos de recaudación. Por ejemplo, “la irrupción en el mercado de las operaciones vía internet que permiten la elusión del pago del tributo”.