Comodoro: imputarán a diez funcionarios y empresarios por el fraude durante la emergencia
Fiscalía consideró probado que hubo ilícitos en la contratación de servicios para reparar los daños de la tormenta de 2017.
Por Rolando Tobarez / @tobarez
Al menos 10 funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, además de empresarios, serán imputados por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento, en el marco de la investigación por las irregularidades en la contratación de servicios para paliar los efectos del temporal de 2017. Lo anticipó el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Héctor Iturrioz, quien graficó que el fraude fue “varias veces multimillonario y voy a necesitar un contador”.
El investigador explicó que la causa llegó a una “etapa relevante” ya que “se corroboró cada uno de los de los hechos que teníamos como constitutivos de presuntos delitos”. En el inicio de la pesquisa “teníamos presunción de ilicitud y ahora ya tenemos certeza de que hubo ilícitos que generaron un grave demérito en el peculio municipal”.
Lo primero que se detectó en el expediente fueron “vicios administrativos que podían ser subsanables o no y en todo caso podían ser reprochables desde el punto de vista patrimonial por la Asesoría Letrada o el Tribunal de Cuentas”. Con el marco de estas desprolijidades, se gestionaban cobros para empresas. Estos trámites “derivaron en evidentes comisiones de ilícitos con la intervención clara de particulares y de funcionarios públicos”. Asesoría Letrada achacó algunos de estos episodios a los particulares. “Pero de ningún modo se pudieron configurar sin la participación de funcionarios que actuaron de manera infiel, dando fe de cosas que no pasaron y de tareas recibidas por la Municipalidad que no se prestaron”.
Los trámites con más evidencias de fraude son los pagos por movimiento de suelos y del lodo que dejó el temporal. “Hay muchísimas, como gente registrada como trabajando 24 horas y en realidad no lo hacía; o la inscripción con alta temprana ante la AFIP de presuntos empleados que no lo eran”. Algunos declararon que ni siquiera habían estado en la ciudad petrolera.
“Hubo alquileres al municipio por valores realmente altos, 2 mil pesos la hora, de máquinas inexistentes que nunca fueron tenidas a disposición”.
Iturrioz dijo que la Municipalidad hizo la “vista gorda” ante los signos de irregularidades. “Había una primera resolución de qué requisitos se pedía a los contratantes pero fue abrogada y dejada sin efecto. Es decir que todos los cobros, al menos de las empresas que investigamos, se declaraban de legitimo abono y se pagaban, más allá de que estuviera acreditado o no. Se pagaba todo”.
Además del fraude al Estado y la falsificación de documentos –“un funcionario en un documento plasma que pasó tal cosa y eso nunca pasó”-, el fiscal no descartó avanzar en una acusación por asociación ilícita. “Hay multiplicidad de partícipes, se extendió en el tiempo y hubo un plan previo”, precisó.
Debido al paro en el Poder Judicial, el pedido de apertura de investigación aún no tiene fecha. “En este contexto de crisis absoluta, los plazos ya no existen”, lamentó.
“Lo cierto es que hay pagos improcedentes que se realizaron con Aportes del Tesoro Nacional y con fondos del bono de endeudamiento provincial, que ingresaron al municipio como coparticipación”. Iturrioz repasó que en la ciudad petrolera “se pedía una determinada suma en ATN que no se correspondía con los gastos efectivamente realizados”. Tenía razón el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis. “Pidieron 150 millones para pagar gastos que surgen claros que no se hicieron”, dijo Iturrioz.
Cabe recordar que De Celis denunció al viceintendente Juan Pablo Luque por reclamar pagos para Forever Pipe, una empresa de desobstrucción de cañerías. El fiscal explicó que este caso se investiga por separado. Aún así, “puede presumirse válidamente a esta altura que hubo comisión de ilícitos”.
En la causa se secuestró documentación que contradice los mismos pedidos de la Municipalidad. “Por ejemplo en mayo y junio de 2017 el municipio le dice a Nación que le debía $ 60 millones y luego, en un detalle de agosto de la deuda que tenía, le debían 2 millones. ¿Decían que le debían 60 y ahora le deben 2? Hay muchas inconsistencias que hay que valorar con mucha cautela”.
-¿Está conforme con la colaboración municipal?
-En modo alguno y lo dejé por escrito con oficios diciendo que me falta muchísima documentación. No nos dieron todo. Surge de la propia planilla que el intendente le eleva a Nación donde, por ejemplo, la empresa X dice que facturó $ 20 millones. Vamos a buscar los legajos de esa empresa y hay legajos por 4 millones, entonces nos faltan expedientes. El municipio nos dice que no los tiene. La promesa fue mandar todo pero falta información que quiero creer que ya no la tienen y no que la están ocultando. Hay que ver cuál dependencia municipal destruyó o sustrajo esa documentación. Pero mi primera hipótesis es que nunca existió o era tan palmariamente falsa que la hicieron desaparecer.
Por Rolando Tobarez / @tobarez
Al menos 10 funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, además de empresarios, serán imputados por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento, en el marco de la investigación por las irregularidades en la contratación de servicios para paliar los efectos del temporal de 2017. Lo anticipó el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Héctor Iturrioz, quien graficó que el fraude fue “varias veces multimillonario y voy a necesitar un contador”.
El investigador explicó que la causa llegó a una “etapa relevante” ya que “se corroboró cada uno de los de los hechos que teníamos como constitutivos de presuntos delitos”. En el inicio de la pesquisa “teníamos presunción de ilicitud y ahora ya tenemos certeza de que hubo ilícitos que generaron un grave demérito en el peculio municipal”.
Lo primero que se detectó en el expediente fueron “vicios administrativos que podían ser subsanables o no y en todo caso podían ser reprochables desde el punto de vista patrimonial por la Asesoría Letrada o el Tribunal de Cuentas”. Con el marco de estas desprolijidades, se gestionaban cobros para empresas. Estos trámites “derivaron en evidentes comisiones de ilícitos con la intervención clara de particulares y de funcionarios públicos”. Asesoría Letrada achacó algunos de estos episodios a los particulares. “Pero de ningún modo se pudieron configurar sin la participación de funcionarios que actuaron de manera infiel, dando fe de cosas que no pasaron y de tareas recibidas por la Municipalidad que no se prestaron”.
Los trámites con más evidencias de fraude son los pagos por movimiento de suelos y del lodo que dejó el temporal. “Hay muchísimas, como gente registrada como trabajando 24 horas y en realidad no lo hacía; o la inscripción con alta temprana ante la AFIP de presuntos empleados que no lo eran”. Algunos declararon que ni siquiera habían estado en la ciudad petrolera.
“Hubo alquileres al municipio por valores realmente altos, 2 mil pesos la hora, de máquinas inexistentes que nunca fueron tenidas a disposición”.
Iturrioz dijo que la Municipalidad hizo la “vista gorda” ante los signos de irregularidades. “Había una primera resolución de qué requisitos se pedía a los contratantes pero fue abrogada y dejada sin efecto. Es decir que todos los cobros, al menos de las empresas que investigamos, se declaraban de legitimo abono y se pagaban, más allá de que estuviera acreditado o no. Se pagaba todo”.
Además del fraude al Estado y la falsificación de documentos –“un funcionario en un documento plasma que pasó tal cosa y eso nunca pasó”-, el fiscal no descartó avanzar en una acusación por asociación ilícita. “Hay multiplicidad de partícipes, se extendió en el tiempo y hubo un plan previo”, precisó.
Debido al paro en el Poder Judicial, el pedido de apertura de investigación aún no tiene fecha. “En este contexto de crisis absoluta, los plazos ya no existen”, lamentó.
“Lo cierto es que hay pagos improcedentes que se realizaron con Aportes del Tesoro Nacional y con fondos del bono de endeudamiento provincial, que ingresaron al municipio como coparticipación”. Iturrioz repasó que en la ciudad petrolera “se pedía una determinada suma en ATN que no se correspondía con los gastos efectivamente realizados”. Tenía razón el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis. “Pidieron 150 millones para pagar gastos que surgen claros que no se hicieron”, dijo Iturrioz.
Cabe recordar que De Celis denunció al viceintendente Juan Pablo Luque por reclamar pagos para Forever Pipe, una empresa de desobstrucción de cañerías. El fiscal explicó que este caso se investiga por separado. Aún así, “puede presumirse válidamente a esta altura que hubo comisión de ilícitos”.
En la causa se secuestró documentación que contradice los mismos pedidos de la Municipalidad. “Por ejemplo en mayo y junio de 2017 el municipio le dice a Nación que le debía $ 60 millones y luego, en un detalle de agosto de la deuda que tenía, le debían 2 millones. ¿Decían que le debían 60 y ahora le deben 2? Hay muchas inconsistencias que hay que valorar con mucha cautela”.
-¿Está conforme con la colaboración municipal?
-En modo alguno y lo dejé por escrito con oficios diciendo que me falta muchísima documentación. No nos dieron todo. Surge de la propia planilla que el intendente le eleva a Nación donde, por ejemplo, la empresa X dice que facturó $ 20 millones. Vamos a buscar los legajos de esa empresa y hay legajos por 4 millones, entonces nos faltan expedientes. El municipio nos dice que no los tiene. La promesa fue mandar todo pero falta información que quiero creer que ya no la tienen y no que la están ocultando. Hay que ver cuál dependencia municipal destruyó o sustrajo esa documentación. Pero mi primera hipótesis es que nunca existió o era tan palmariamente falsa que la hicieron desaparecer.