Tierra del Fuego reclama a Nación $1.000 millones del Fondo de la Soja
El gobierno de Tierra del Fuego cuantificó en “casi 1000 millones de pesos” la deuda que esa provincia le reclama al Estado nacional por la eliminación del denominado “Fondo de la Soja”, lo que generó una controversia legal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La administración de la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, dio a conocer un comunicado oficial en el que anticipa que hoy hará saber a la Corte sobre el monto reclamado luego de una actualización efectuada hasta el mes de agosto de este año.
“En la presentación judicial realizada con anterioridad, los datos estaban explicitados hasta el mes de abril del corriente año. Con la última actualización calculamos el monto en $998,9 millones, de los que $215 millones corresponden a 2018 y $783 millones al período comprendido entre enero y agosto de 2019”, detalló el informe oficial al que accedió Télam.
Las autoridades fueguinas señalaron, además, que “el crecimiento más fuerte de la deuda” se produjo “durante los últimos meses”, incrementándose “143 millones en mayo, 105 millones en junio, 109 millones en julio y 146 millones en agosto”.
“Ello obedece a la devaluación del peso argentino, que impacta en los ingresos que la provincia debería percibir por el fondo sojero, pero que sin embargo Nación dejó de enviar”, advierte el informe.
El gobierno de Tierra del Fuego también puntualizó que el Fondo de la Soja “fue suspendido de forma unilateral en agosto de 2018, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno Nacional y que actualmente está judicializado ante la Corte”.
Tanto la provincia más austral del país, como Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca y Formosa, recurrieron a la Corte para plantear la inconstitucionalidad del DNU y exigir la devolución de esos recursos utilizados para obras de infraestructura.
El Fondo Federal Solidario -así es su denominación formal- fue creado en marzo de 2009 para distribuir recursos entre las provincias, en función de su índice de coparticipación federal.
Los montos surgían del 30% de la recaudación de los derechos de exportación de granos de soja y del 27% de harinas y aceites de soja, y debían ser coparticipados a su vez -en un 30%- por las provincias a sus municipios.
Tras la suspensión del fondo, “las provincias afectadas iniciamos negociaciones con el gobierno nacional pero lamentablemente la posibilidad de un acuerdo fracasó y tuvimos que acudir a la justicia”, enfatizó el gobierno fueguino en el comunicado oficial.
La administración de la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, dio a conocer un comunicado oficial en el que anticipa que hoy hará saber a la Corte sobre el monto reclamado luego de una actualización efectuada hasta el mes de agosto de este año.
“En la presentación judicial realizada con anterioridad, los datos estaban explicitados hasta el mes de abril del corriente año. Con la última actualización calculamos el monto en $998,9 millones, de los que $215 millones corresponden a 2018 y $783 millones al período comprendido entre enero y agosto de 2019”, detalló el informe oficial al que accedió Télam.
Las autoridades fueguinas señalaron, además, que “el crecimiento más fuerte de la deuda” se produjo “durante los últimos meses”, incrementándose “143 millones en mayo, 105 millones en junio, 109 millones en julio y 146 millones en agosto”.
“Ello obedece a la devaluación del peso argentino, que impacta en los ingresos que la provincia debería percibir por el fondo sojero, pero que sin embargo Nación dejó de enviar”, advierte el informe.
El gobierno de Tierra del Fuego también puntualizó que el Fondo de la Soja “fue suspendido de forma unilateral en agosto de 2018, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno Nacional y que actualmente está judicializado ante la Corte”.
Tanto la provincia más austral del país, como Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca y Formosa, recurrieron a la Corte para plantear la inconstitucionalidad del DNU y exigir la devolución de esos recursos utilizados para obras de infraestructura.
El Fondo Federal Solidario -así es su denominación formal- fue creado en marzo de 2009 para distribuir recursos entre las provincias, en función de su índice de coparticipación federal.
Los montos surgían del 30% de la recaudación de los derechos de exportación de granos de soja y del 27% de harinas y aceites de soja, y debían ser coparticipados a su vez -en un 30%- por las provincias a sus municipios.
Tras la suspensión del fondo, “las provincias afectadas iniciamos negociaciones con el gobierno nacional pero lamentablemente la posibilidad de un acuerdo fracasó y tuvimos que acudir a la justicia”, enfatizó el gobierno fueguino en el comunicado oficial.