Editorial / Los salarios públicos, entre la crisis y la desigualdad
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
Si algo le faltaba a la crisis de Chubut era que el Gobierno incumpliera la promesa de que el 11 de septiembre iba a depositarles 30.000 pesos a todos los empleados públicos. El tenso clima que se vive en la provincia no admite semejante impericia. El Gobierno debe dejar de echar culpas a los trabajadores, que también tienen su cuota-parte de responsabilidad por la intransigencia de algunos dirigentes gremiales, pero debe hacerse cargo de sus propias torpezas.
No se puede estar en medio de semejante incendio más preocupado por los errores que puedan cometer los bomberos que por la voracidad de las llamas. Eso es, gráficamente, lo que está pasando hoy en Chubut.
Del otro lado de la intransigencia sindical hay un equipo desconcertado, que no sabe o no puede pilotear el temporal. Y un piloto de tormentas al que le falta horas de vuelo. Que ratifica errores pensando que son aciertos, como creer que su desconfianza en todo y en todos es una virtud, cuando en verdad es un gran defecto.
Cuando el viernes 30 de agosto el gobernador Mariano Arcioni se sentó con los gremios y dio un detalle de cómo pensaba pagar los sueldos en septiembre, la forma en que iba a abonar los retroactivos, el monto que la iba a transferir a Seros y hasta que se iba a hacer cargo de los sobrecostos por los créditos personales que se descuentan por recibo de sueldos y que estaban impagos, muchos le creyeron.
Pero a esta altura del partido, cualquier analista más o menos avispado sabe sumar, restar y multiplicar. Si el Gobierno necesita juntar alrededor de 3.400 millones de pesos todos los meses para hacer frente a su peor pesadilla, que es pagar los 61.570 sueldos de la planta activa y pasiva de la Administración Pública, la promesa de aquel viernes del gobernador se podía redondear en un número: para pagar 30.000 pesos a cada empleado el 11 de septiembre necesitaba algo más de 1.800 millones de pesos.
Si el mes anterior había tenido dificultades para juntar casi 900 millones de pesos para pagarle al primer rango del escalonado, ¿a quién se le ocurrió que era posible juntar el doble de fondos para pagarle una suma fija a todos los empleados públicos?
El problema que tiene la Provincia es la enorme masa salarial que es una trituradora de fondos. Aunque el dólar subió y eso hizo subir los ingresos por regalías; aunque la Legislatura votó el uso de 15 millones de dólares del bono; y aunque el Gobierno nacional transfiera 1.300 millones de adelanto, los fondos nunca van a alcanzar porque no se pueden juntar 3.400 millones todos los meses con un déficit casi constante de alrededor de 1.000 millones.
La gran mochila de la crisis de Chubut son los salarios públicos. Sin quitarle ningún sayo al gobernador actual, hay que decir que el descalabro comenzó mucho antes de que el escribano comodorense se sentara en el principal sillón de Fontana 50.
Los memoriosos recuerdan que en 2003, cuando asumió Mario Das Neves, la Provincia pagaba alrededor de 25.000 sueldos y ya muchos advertían que era una enormidad. Los dos mandatos del fallecido exgobernador, el de Martín Buzzi y los dos años del tercer mandato dasnevista no hicieron más agravar la situación.
El crecimiento desmedido del número global de empleados públicos agravó lo que ya era grave: sectores del Estado con salarios altos que siguieron subiendo a ritmo constante mientras la base se agrandaba y presionaba desde abajo. Además de la distorsión que causó sumar más y más convenios colectivos de trabajo, que lo único que hicieron es enmarañar más la situación.
Los salarios que hoy pagan el Poder Judicial o el Legislativo son siderales si se los compara con responsabilidades similares en otros sectores del Estado y ni hablar con el sector privado. Es verdad que son pocos en número comparados con la inmensidad de la Administración Pública, pero igual quedan desfasados del entorno general.
¿Por qué a igual tarea o responsabilidad se puede ganar el doble en la Justicia o en la Legislatura, que en el Ministerio de Familia? Es un ejemplo que explica mucho del problema actual.
Hace pocas semanas, cuando en las redes sociales se viralizaron los salarios que pagaba la Justicia y la Legislatura, el enojo general, sobre todo de los que viven del sector privado, se hizo notar. Que un juez gane más de 280.000 pesos o en promedio cualquier empleado del Poder Judicial perciba salarios muy por encima de los 100.000 pesos, pone sobre el tapete un viejo reclamo social que tiene que ver no sólo con los niveles salariales sino con la capacidad de muchos de los magistrados y empleados del sistema judicial.
Esta crítica no proviene solamente del resto de la sociedad sino también de algunos encumbrados del Poder Judicial. Sólo hay que recordar cómo le saltaron a la yugular a Mario Vivas, integrante del Superior Tribunal, cuando quiso poner mayores controles al horario que cumplían los empleados. “Hay gente que llega a las 8 de la mañana o a las 8:30. Y a las 13 se va”, dijo Vivas en una entrevista con Cadena Tiempo.
Lo mismo pasa en la Legislatura, cuando el resto de la sociedad ve que un diputado provincial embolsa la friolera de 250.000 pesos entre sueldo y “gastos reservados”, y ningún asesor o empleado gana menos de 150.000 pesos. La discusión en ambos casos gira sobre el costo-beneficio que tiene el Estado con muchos empleados de estos dos poderes y también de la propia Administración Central.
Los números son contundentes: en el Estado provincial hay 17.422 empleados que cobran más de 65.000 pesos de sueldo de bolsillo. Y otros 17.724 que ganan entre 40.000 y 65.000 pesos. Es decir, el 57% de los agentes estatales de Chubut ganan muy por encima de lo que el sector privado le puede pagar, en promedio, a sus empleados. Por eso en los últimos quince años todos preferían ser empleados del Estado que de una empresa privada.
No habrá una salida de la profunda crisis si los que gobiernan solamente invierten tiempo en ver cómo juntar los fondos para pagar sueldos, y si los gremios no tienen otra respuesta a estas dificultades que el conflicto permanente.
Alguien debe ponerse a pensar en cómo mejorar los ingresos de las arcas provinciales y en ordenar el desastre administrativo en que se ha convertido el Estado chubutense, en el que conviven una veintena de convenios colectivos que no hacen más que acentuar las desigualdades entre los empleados. Algunos trabajan seis horas y otros, ocho. Algunos se jubilan con el 82% móvil y otros no.
Hay que empezar algún día y ese momento es ahora.
Si algo le faltaba a la crisis de Chubut era que el Gobierno incumpliera la promesa de que el 11 de septiembre iba a depositarles 30.000 pesos a todos los empleados públicos. El tenso clima que se vive en la provincia no admite semejante impericia. El Gobierno debe dejar de echar culpas a los trabajadores, que también tienen su cuota-parte de responsabilidad por la intransigencia de algunos dirigentes gremiales, pero debe hacerse cargo de sus propias torpezas.
No se puede estar en medio de semejante incendio más preocupado por los errores que puedan cometer los bomberos que por la voracidad de las llamas. Eso es, gráficamente, lo que está pasando hoy en Chubut.
Del otro lado de la intransigencia sindical hay un equipo desconcertado, que no sabe o no puede pilotear el temporal. Y un piloto de tormentas al que le falta horas de vuelo. Que ratifica errores pensando que son aciertos, como creer que su desconfianza en todo y en todos es una virtud, cuando en verdad es un gran defecto.
Cuando el viernes 30 de agosto el gobernador Mariano Arcioni se sentó con los gremios y dio un detalle de cómo pensaba pagar los sueldos en septiembre, la forma en que iba a abonar los retroactivos, el monto que la iba a transferir a Seros y hasta que se iba a hacer cargo de los sobrecostos por los créditos personales que se descuentan por recibo de sueldos y que estaban impagos, muchos le creyeron.
Pero a esta altura del partido, cualquier analista más o menos avispado sabe sumar, restar y multiplicar. Si el Gobierno necesita juntar alrededor de 3.400 millones de pesos todos los meses para hacer frente a su peor pesadilla, que es pagar los 61.570 sueldos de la planta activa y pasiva de la Administración Pública, la promesa de aquel viernes del gobernador se podía redondear en un número: para pagar 30.000 pesos a cada empleado el 11 de septiembre necesitaba algo más de 1.800 millones de pesos.
Si el mes anterior había tenido dificultades para juntar casi 900 millones de pesos para pagarle al primer rango del escalonado, ¿a quién se le ocurrió que era posible juntar el doble de fondos para pagarle una suma fija a todos los empleados públicos?
El problema que tiene la Provincia es la enorme masa salarial que es una trituradora de fondos. Aunque el dólar subió y eso hizo subir los ingresos por regalías; aunque la Legislatura votó el uso de 15 millones de dólares del bono; y aunque el Gobierno nacional transfiera 1.300 millones de adelanto, los fondos nunca van a alcanzar porque no se pueden juntar 3.400 millones todos los meses con un déficit casi constante de alrededor de 1.000 millones.
La gran mochila de la crisis de Chubut son los salarios públicos. Sin quitarle ningún sayo al gobernador actual, hay que decir que el descalabro comenzó mucho antes de que el escribano comodorense se sentara en el principal sillón de Fontana 50.
Los memoriosos recuerdan que en 2003, cuando asumió Mario Das Neves, la Provincia pagaba alrededor de 25.000 sueldos y ya muchos advertían que era una enormidad. Los dos mandatos del fallecido exgobernador, el de Martín Buzzi y los dos años del tercer mandato dasnevista no hicieron más agravar la situación.
El crecimiento desmedido del número global de empleados públicos agravó lo que ya era grave: sectores del Estado con salarios altos que siguieron subiendo a ritmo constante mientras la base se agrandaba y presionaba desde abajo. Además de la distorsión que causó sumar más y más convenios colectivos de trabajo, que lo único que hicieron es enmarañar más la situación.
Los salarios que hoy pagan el Poder Judicial o el Legislativo son siderales si se los compara con responsabilidades similares en otros sectores del Estado y ni hablar con el sector privado. Es verdad que son pocos en número comparados con la inmensidad de la Administración Pública, pero igual quedan desfasados del entorno general.
¿Por qué a igual tarea o responsabilidad se puede ganar el doble en la Justicia o en la Legislatura, que en el Ministerio de Familia? Es un ejemplo que explica mucho del problema actual.
Hace pocas semanas, cuando en las redes sociales se viralizaron los salarios que pagaba la Justicia y la Legislatura, el enojo general, sobre todo de los que viven del sector privado, se hizo notar. Que un juez gane más de 280.000 pesos o en promedio cualquier empleado del Poder Judicial perciba salarios muy por encima de los 100.000 pesos, pone sobre el tapete un viejo reclamo social que tiene que ver no sólo con los niveles salariales sino con la capacidad de muchos de los magistrados y empleados del sistema judicial.
Esta crítica no proviene solamente del resto de la sociedad sino también de algunos encumbrados del Poder Judicial. Sólo hay que recordar cómo le saltaron a la yugular a Mario Vivas, integrante del Superior Tribunal, cuando quiso poner mayores controles al horario que cumplían los empleados. “Hay gente que llega a las 8 de la mañana o a las 8:30. Y a las 13 se va”, dijo Vivas en una entrevista con Cadena Tiempo.
Lo mismo pasa en la Legislatura, cuando el resto de la sociedad ve que un diputado provincial embolsa la friolera de 250.000 pesos entre sueldo y “gastos reservados”, y ningún asesor o empleado gana menos de 150.000 pesos. La discusión en ambos casos gira sobre el costo-beneficio que tiene el Estado con muchos empleados de estos dos poderes y también de la propia Administración Central.
Los números son contundentes: en el Estado provincial hay 17.422 empleados que cobran más de 65.000 pesos de sueldo de bolsillo. Y otros 17.724 que ganan entre 40.000 y 65.000 pesos. Es decir, el 57% de los agentes estatales de Chubut ganan muy por encima de lo que el sector privado le puede pagar, en promedio, a sus empleados. Por eso en los últimos quince años todos preferían ser empleados del Estado que de una empresa privada.
No habrá una salida de la profunda crisis si los que gobiernan solamente invierten tiempo en ver cómo juntar los fondos para pagar sueldos, y si los gremios no tienen otra respuesta a estas dificultades que el conflicto permanente.
Alguien debe ponerse a pensar en cómo mejorar los ingresos de las arcas provinciales y en ordenar el desastre administrativo en que se ha convertido el Estado chubutense, en el que conviven una veintena de convenios colectivos que no hacen más que acentuar las desigualdades entre los empleados. Algunos trabajan seis horas y otros, ocho. Algunos se jubilan con el 82% móvil y otros no.
Hay que empezar algún día y ese momento es ahora.