En El Bolsón, varias organizaciones sociales insisten con la remoción de la jueza de Familia

En detalle, recordaron que “hace dos años, por pedido de mujeres que acompañamos en escenarios de violencia de género, se presentaron diez testimonios de situaciones que vivían en el Juzgado de Familia, donde relataron que al ir a buscar asistencia y justicia a su situación, se encontraron con una jueza que, lejos de dar respuestas a la problemática, las re victimó sometiéndolas a audiencias conjuntas (violando las leyes 3040 y 26485), que son bien especificas en su articulado donde se menciona que no se pueden hacer audiencias con el violento”.

Asimismo, los testimonios “daban cuenta de la decisión de la jueza en revincular a los niños con padres violentos y abusadores, sin tener en cuenta los procesos penales de estas situaciones. Dicha situación sucedía bajo la amenaza de la jueza hacia las madres de sacarles a sus hijos”.

Dichas denuncias, “fueron enviadas oportunamente a la Secretaría de Género, a la jueza del Superior Tribunal de Justicia y a la Magistratura de Río Negro”, indicaron.

En ese marco, y “en respuesta a las relatorías enviadas, se instruyó una auditoría en el Juzgado de Familia y se pidió una capacitación para todo el personal de las instituciones que aborde esta problemática. En resumen, todos los funcionarios públicos están obligados por ley a realizarlas”. Sin embargo, cabe destacar que “la jueza no asistió a la misma, ni tampoco a la que continuó un año después, la que estaba signada para la revisión del protocolo en situaciones de violencia de género, con las instituciones y organizaciones sociales que intervienen en dicha problemática”.

De igual modo, resaltaron que “hace pocos meses se realizaron nuevas denuncias contra la jueza Érika Fontela, por parte de personal de su juzgado, por maltrato laboral. Ello derivó en que el Superior Tribunal de Justicia decidió iniciar un sumario a la magistrada, quien casualmente unos días antes de que definieran su suspensión se tomó una licencia por estrés”.

Desde la óptica del Colectivo, el hecho de que el Juzgado de Familia “no cuente con el personal necesario para su buen funcionamiento no justifica sus acciones violentas hacia mujeres, niños y empleados”.

Cómplices

En otro párrafo del comunicado repudian “el accionar de periodistas y abogados cómplices de la violencia institucional ejercida por la jueza, que tiene la intención de desinformar las verdaderas causales de la medida de suspensión del cargo y piden el regreso a sus funciones”.

“Como organización feminista –agregan-, que defendemos los derechos de las mujeres, los niños y los empleados, solicitamos se sumen las últimas denuncias con los testimonios de las víctimas de la violencia institucional por parte de la jueza Fontela. No queremos una justicia que vulnere derechos y pedimos su remoción del cargo por ejercer violencia institucional”, concluyen.

Entre los firmantes están Socorro Rosa Comarca Andina; Mujeres en Libertad; Nómadas Comunicación Feminista; Agarre (Acción Grupal Antirrepresiva); FAES (Fundación de Apoyo a la Economía Solidaria); Secretaria de Derechos Humanos CTA Autónoma, Regional Noroeste Chubut; Conjuros a viva voz, producciones radiales feministas; La Colectiva de Mujeres de Lago Puelo y FOL (Frente de Organizaciones en Lucha).

Resta aguardar repercusiones de este pronunciamiento sobre la magistrada.