Editorial / Coparticipación, el día que empezamos a perder
El fallo sobre la coparticipación y el recuerdo del 8 de junio de 1984, el día que el entonces ministro de Economía de Chubut, Cristian Asensio, firmó un acuerdo fiscal que perjudica a la provincia desde hace más de tres décadas.
El fallo de la Corte Suprema que le puso un poco de cordura al desatino del presidente Mauricio Macri y su Gobierno, que intentan recuperar votos para el 27 de octubre, no hizo más que volver sobre el tapete el siempre redundante tema de la coparticipación, sus orígenes, desigualdades y reparaciones históricas pendientes.
Antes que nada, hay que aclarar que la Corte Suprema no falló ayer en contra de que la gente se beneficie con una rebaja del IVA o de Ganancias, ni tampoco que las provincias que reclamaron por sus derechos sean insensibles o algo por el estilo. Lo que la Corte le dijo al Poder Ejecutivo es que ninguna decisión del poder central puede avasallar los intereses económicos de las provincias.
En otras palabras, que la estrategia de Macri de bajar impuestos por dos meses para intentar recuperar votos tras la paliza de las PASO, la pague el Estado nacional, no las provincias, como quería el Gobierno.
Más allá de esto, el tema de la coparticipación sigue siendo una asignatura pendiente para Chubut. Hace 35 años que nuestra provincia en particular se ve perjudicada por un reparto inequitativo de los fondos nacionales coparticipables.
Sólo los memoriosos recuerdan que fue en 1984 cuando el entonces gobierno de Atilio Viglione (UCR) comenzó a resignar derechos (y mucho dinero) que nunca más se recuperaron. El 8 de junio de 1984, los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de todas las provincias argentinas (veintidós en aquel momento, ya que no existían como tales Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires) firmaron un acuerdo fiscal.
En aquella mesa se sentó Cristian Asensio, un joven geólogo cordobés que había sido designado por Viglione como ministro de Economía. Recordado por su brillantez y simpatía, también debería ser recordado por haber convencido a Viglione de firmar un pacto que le hizo perder a Chubut miles y miles de millones de pesos a lo largo de más de tres décadas. Sencillamente, porque se aceptó bajar el porcentaje de coparticipación chubutense de1,9588% a 1,5842%.
Después de aquella gran “gestión”, Asensio se fue de la Provincia, estuvo preso en los 90 por un escándalo en Córdoba durante el gobierno de Eduardo Angeloz (del cual fue funcionario) y hoy es un encumbrado desarrollador inmobiliario.
Aquel acuerdo de ministros provinciales con Nación terminó de plasmarse en la Ley N° 23.548, aprobada por el Congreso de la Nación en 1988 (sin ningún tipo de oposición de los entonces legisladores nacionales por Chubut), lo que significó el certificado de defunción de los derechos que había comenzado a ceder la Provincia.
Alguien, alguna vez, debería comenzar a desandar aquel camino. Dejar de pelearnos por las migajas cada vez que estalla una crisis y empezar a pensar en exigir una reparación histórica que exceda al gobierno de turno. Nunca es tarde.
El fallo de la Corte Suprema que le puso un poco de cordura al desatino del presidente Mauricio Macri y su Gobierno, que intentan recuperar votos para el 27 de octubre, no hizo más que volver sobre el tapete el siempre redundante tema de la coparticipación, sus orígenes, desigualdades y reparaciones históricas pendientes.
Antes que nada, hay que aclarar que la Corte Suprema no falló ayer en contra de que la gente se beneficie con una rebaja del IVA o de Ganancias, ni tampoco que las provincias que reclamaron por sus derechos sean insensibles o algo por el estilo. Lo que la Corte le dijo al Poder Ejecutivo es que ninguna decisión del poder central puede avasallar los intereses económicos de las provincias.
En otras palabras, que la estrategia de Macri de bajar impuestos por dos meses para intentar recuperar votos tras la paliza de las PASO, la pague el Estado nacional, no las provincias, como quería el Gobierno.
Más allá de esto, el tema de la coparticipación sigue siendo una asignatura pendiente para Chubut. Hace 35 años que nuestra provincia en particular se ve perjudicada por un reparto inequitativo de los fondos nacionales coparticipables.
Sólo los memoriosos recuerdan que fue en 1984 cuando el entonces gobierno de Atilio Viglione (UCR) comenzó a resignar derechos (y mucho dinero) que nunca más se recuperaron. El 8 de junio de 1984, los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de todas las provincias argentinas (veintidós en aquel momento, ya que no existían como tales Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires) firmaron un acuerdo fiscal.
En aquella mesa se sentó Cristian Asensio, un joven geólogo cordobés que había sido designado por Viglione como ministro de Economía. Recordado por su brillantez y simpatía, también debería ser recordado por haber convencido a Viglione de firmar un pacto que le hizo perder a Chubut miles y miles de millones de pesos a lo largo de más de tres décadas. Sencillamente, porque se aceptó bajar el porcentaje de coparticipación chubutense de1,9588% a 1,5842%.
Después de aquella gran “gestión”, Asensio se fue de la Provincia, estuvo preso en los 90 por un escándalo en Córdoba durante el gobierno de Eduardo Angeloz (del cual fue funcionario) y hoy es un encumbrado desarrollador inmobiliario.
Aquel acuerdo de ministros provinciales con Nación terminó de plasmarse en la Ley N° 23.548, aprobada por el Congreso de la Nación en 1988 (sin ningún tipo de oposición de los entonces legisladores nacionales por Chubut), lo que significó el certificado de defunción de los derechos que había comenzado a ceder la Provincia.
Alguien, alguna vez, debería comenzar a desandar aquel camino. Dejar de pelearnos por las migajas cada vez que estalla una crisis y empezar a pensar en exigir una reparación histórica que exceda al gobierno de turno. Nunca es tarde.