PROVINCIA

“Sus gastos y su patrimonio no se justificaron”


El tribunal no encontró evidencia de enriquecimiento ilícito de Diego Correa en el lapso de 2004 y diciembre de 2011, en su primer tramo como secretario privado del gobernador Mario Das Neves.
04/10/2019 02:00

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Tampoco se puede juzgar su incremento patrimonial hasta diciembre de 2015, pues no era funcionario público. En cambio, sí es responsable desde diciembre de 2015 cuando asumió como subsecretario de la Unidad Gobernador. Nunca presentó declaraciones juradas de bienes.

En el lapso cuestionado adquirió dos terrenos en calles Mitre y Sarmiento de Rawson y una chacra en Trelew (que compró Diego Lüters en comisión); otro lote en Trelew usando a su pareja Natalia Mc Leod como testaferro desde Dual Core.

Los tres terrenos en Playa Unión no se pueden tomar en cuenta porque Correa los adquirió por cesión de Sergio Río en 2014. Pero sí la casa y los 3 dúplex que se edificaron encima.

Correa fue dueño de una Volkswagen Amarok y un Fiat Palio Weekend compradas a través de Daniela Souza como gerente de Dual Core; una Hyundai Modelo H1 y una Toyota Hilux adquiridas por Souza como apoderada de Sepat y un Mercedes Benz GLK adquirida a través de Natalia. Correa las usó para sus compras. Las empresas “le pertenecían más allá de quienes figuraran como socios”.

Los ingresos y egresos formales de la pareja Correa/Mac Leod en el período 2011/2017 tuvieron una diferencia negativa de $4.000.000. Hubo depósitos en efectivo sin origen verificable, ni sueldos ni actividad comercial en el período 2011/15, gastos en negro como la mano de obra de las construcciones, y viajes al exterior. “Hubo un desfasaje que implica que la pareja tuvo otro ingreso que no fue su sueldo”. El tribunal destacó la membresía de Correa en una cadena hotelera por U$28.000, y la posesión de 22.500 euros al detenerlo.

Su cuenta corriente en V.S. Deco tuvo un movimiento entre 2014 y 2018 de $1.800.000, más la compra de un asador por $346.000 y loza radiante por $330.000. “Son gastos que exceden su capacidad económica como funcionario”.

“Su incremento patrimonial y sus gastos a partir de la asunción en el cargo no encuentran justificación en su salario, ni en ningún otro ingreso lícito. La afirmación de Correa de que su jefe Mario Das Neves le daba dinero para construir los dúplex y la casa con la que pretende mejorar su situación, no tiene ningún asidero”.

Según el fallo, en poco más de dos años en la función pública “su volumen patrimonial se multiplicó en forma desproporcionada con relación a sus legítimos ingresos. Compró en 15 meses cinco rodados por más de $2.000.000; cuatro inmuebles en 2017 por $1.950.000, y construyó en Playa Unión una vivienda tasada en $8.600.000”. Todo con un salario que a febrero de 2018 era de $41.000. “Tenemos por probado un incremento patrimonial apreciable e injustificado entre diciembre de 2015 y marzo de 2018”.

Natalia fue testaferro para el Mercedes Benz y el terreno en el barrio “Más allá de los verdes” de Trelew. Como empleada judicial no pudo comprar una camioneta de alta gama y cinco meses después un terreno.

Lüters compró la chacra 94 de Trelew, y los dos lotes en Rawson. Esta maniobra permitía ocultar a Correa, quien sin embargo en las planillas Excel surge como dueño real. La mecánica era comprar en comisión para luego inscribirlo de acuerdo a la conveniencia a nombre de alguna de las sociedades.

A Jorge Godoy, Correa le entregó en 2011 un poder por Sergio Río para que gestionesante la Municipalidad de Rawson y otros organismos la compra de los terrenos en Playa Unión. En abril de 2014, Río cedió estos derechos a favor de Correa y de inmediato Godoy lo supo y se hizo cargo de la construcción de los dúplex y la casa de 300 metros cuadrados. El tribunal consideró que el policía adscripto a la Unidad Gobernador “colaboró para ocultar a su jefe” usando el poder otorgado por Río. En la Municipalidad Godoy siguió presentándose como apoderado de Río. Y firmó la compra de 280 m2 de loza radiante por $330.000 y una parrilla por $346.000 para la vivienda. “Permitía disimular a través de la documentación a su verdadero adquirente de las abultadas facturas”.

Otras evidencias fueron las escucha telefónica con Souza quien estaba por ocupar un dúplex y Godoy le explica que el gas debería estar a nombre del “dueño de la casa”. Coincidieron con que un contrato de alquiler para obtener una tarifa más económica “no es una opción de momento”. “Ambos sabían que debía permanecer velada la identidad del verdadero propietario”.

También consta la charla de Godoy preocupado ante Correa, quien le avisa que “seguramente van a decir que la propiedad de Playa es de Río y buscarán un inversor que lo pueda justificar”. Le sugiere irse de vacaciones para ganar tiempo y le aclara: “Si te van a preguntar no podés decir que yo pagaba y yo daba la plata. Me enterrás de cabeza”. Godoy sabía que era plata ilegal pero igual hizo trámites.

“No cambió nada”

Eduardo Hualpa, querellante por Iniciativa Ciudadana, consideró al fallo “un gran paso en la prevención de la corrupción. Esperemos que quede firme porque creemos que hay motivos para esta condena”. El abogado valoró que la sentencia “es un paso importante hacia establecer el fin de ciertos mecanismos corruptos que funcionan en Chubut”.

Si bien consideró que cada causa de corrupción es distinta, como Revelación, Emergencia Climática y Lotería, “hay que pelearlas. Como miembro de un grupo que se propone discutir los temas de corrupción vamos a seguirlas con mucha atención”.

“En lo personal creo que se mantienen estos mecanismos, pero la pregunta que nos hacemos es qué se ha hecho para desarticular las condiciones con las cuales operó Diego Correa y su banda, qué se hizo. No cambió nada. Los organismos de control siguen funcionando igual, los mecanismos de la vinculación entre la política y los negocios siguen funcionando de un modo ilícito y no me caben dudas de que sigue siendo así”, concluyó.

Omar López, defensor público de Juan Carlos “Tato” Ramón, advirtió que no está “para nada de acuerdo con este fallo” y que irán a la Cámara de Apelaciones. Ramón fue condenado por asociación ilícita y defraudación. “No hay prueba concreta y mucho menos en función de lo que reclama el tipo penal de cada uno de esos ilícitos. Seguiremos institucionalmente los pasos legales”, afirmó.