Imputarán a empresarios y funcionarios de Comodoro por fraude al municipio

Son 13 personas sospechadas de falsificar firmas y fraguar datos para lograr suculentos cobros de la Municipalidad.

17 NOV 2019 - 20:56 | Actualizado

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

El miércoles 20 en Comodoro Rivadavia será la audiencia de apertura de investigación para 8 empleados, funcionarios y exfuncionarios municipales y 5 empresarios por las graves irregularidades con las contrataciones para paliar el desastre que en marzo y abril de 2017 dejó el “ciclón extra tropical” que se desató sobre la ciudad.

La investigación del fiscal Héctor Iturrioz detectó 25 expedientes con múltiples vicios: firmas falsas, horas de trabajo sobrefacturadas, choferes fantasma y pagos por equipos que no se usaron.

Serán imputados el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfister; los exsecretarios de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero, y Rubén Palomeque, de Servicios a la Comunidad, hoy en Miami. También los supervisores de los trabajos: Rubén Sartori, Joaquín Mansilla, Juan Lara, Eduardo Van Heerden y Ernesto Herk. Todos por fraude a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.

Los empresarios imputados serán Roberto Monasterolo, de Golfo San Jorge SA; Gonzalo y Cristian Pérez, de Brothers Truck; Esteban Astiz, de Astoil, y Javier Morales, de Patagonia Expeditions. Todos por fraude al Estado.

Tras el desastre, el Concejo Deliberante declaró la “Emergencia Económico, Social, Administrativa y Financiera” por 6 meses. Facultó al intendente Carlos Linares a contratar sin necesidad de cumplir con los procedimientos administrativos habituales.

Para remover toneladas de lodo, barro, arena y sedimentos secos se contrató a 197 proveedores de maquinaria vial y camiones con conductor. Debían facturarse sólo las horas trabajadas.

Cada trabajo se basaba en dos documentos: un “Parte Diario de Trabajo” que incluía empresa, tipo de equipo, fecha, tarea, zona y horario. Lo firmaban el operador del equipo, la empresa y el supervisor municipal.

El segundo documento certificaba los trabajos: el “Consolidado de Horas por Equipo”. Los firmaban Boyero y Palomeque, con un representante de la firma. Describía horas y montos a pagar. El pago se concretaba con la factura conformada por ambos.

El expediente debía cumplir requisitos mínimos para que el empresario cobrara, definidos en un “Memorandum”, firmado por Linares e Issa Pfister. Los fondos debían ser rendidos al Tribunal de Cuentas Municipal. Estos requisitos para contratar con el Estado se incorporaron a la Ordenanza 12.622-2, dictada el 5 de octubre de 2017. Pero Linares la vetó el 23 de octubre. Esto allanó el camino para que las empresas cobraran con poco control.

Seis de los expedientes pertenecen a Brothers Truck SRL, propiedad de Cristian y Gonzalo Pérez. Entre otras sospechas, presentó una factura por el trabajo de un camión batea. Los partes y el “Consolidado” certificaron que el equipo trabajó todos los días todo el día. Sartori fue el supervisor municipal que avaló el dato falso.

Vale el caso de Juan Carlos R., a quien se menciona como chofer. En marzo de 2018 el hombre hizo una denuncia penal en Puerto Madryn por sus problemas para jubilarse. Se enteró que la ANSES no le pagaba porque figuraba dado de “Alta” como empleado de Brothers. Nunca trabajó en Comodoro.

La maniobra se reiteró con el supervisor municipal Mansilla. Certificó “extensas” jornadas de trabajo observadas como “irregulares” por el Tribunal de Cuentas. Se las justificó con notas hablando de “errores involuntarios” y argumentando que la intervención de un mismo supervisor en muchos partes era “una involuntaria inconsistencia admisible bajo tales circunstancias”. La empresa se quedó con $ 544.725 del erario.

Se investiga otra factura por un camión volcador. Los partes los firmaron Marcelo Monsalve y Jeremías Moreno como choferes. De nuevo apareció el dato falso de decir que se trabajó 24 horas. Según el Ministerio Público Fiscal, no hay registro de que Monsalve estuvo; en cuanto a Moreno, en el mismo lapso figura trabajando 12 horas diarias en una cuadrilla de evacuación y limpieza de viviendas por órdenes del intendente Linares. Como todos los expedientes, se pagó gracias a una Resolución que declaró la deuda de “Legítimo abono”. La clave para que los trámites siguieran con éxito fue que la factura la “conformen” Palomeque y Boyero. Se apoderaron de al menos $ 224.880.

El chofer fantasma, R., vuelve a aparecer en la factura por un camión volcador. En el legajo no figura el “Consolidado”. Igual todos firmaron y la empresa cobró $ 146.172.

La maniobra se repite en el cuarto expediente. Los partes los firmaron Julio Sovier y Pablo Menor. Para el fiscal Iturrioz, es falso porque Sovier –dueño del camión- declaró que Menor nunca manejó y que sólo se trabajaba 12 horas diarias. Menor estaba en las cuadrillas de Linares. El municipio pagó $ 97.632.

Otro vicio es la factura por una máquina excavadora. Los partes los firmaron Matías Juan Paz y Álvaro Luis Ribas, supuestos choferes. Paz, dueño del camión, ni siquiera conoce a su supuesto compañero y nadie más que él condujo su máquina. La empresa se quedó con $ 174.312. Otro “chofer fantasma” aparece con la factura por un camión camilla. Los partes los firman Matías Ulibarry y Luciano Soto. No hay constancia del trabajo de Ulibarry; Soto figura en otra cuadrilla. Se pagaron ilegítimamente $ 116.064.#

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17 NOV 2019 - 20:56

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

El miércoles 20 en Comodoro Rivadavia será la audiencia de apertura de investigación para 8 empleados, funcionarios y exfuncionarios municipales y 5 empresarios por las graves irregularidades con las contrataciones para paliar el desastre que en marzo y abril de 2017 dejó el “ciclón extra tropical” que se desató sobre la ciudad.

La investigación del fiscal Héctor Iturrioz detectó 25 expedientes con múltiples vicios: firmas falsas, horas de trabajo sobrefacturadas, choferes fantasma y pagos por equipos que no se usaron.

Serán imputados el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfister; los exsecretarios de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero, y Rubén Palomeque, de Servicios a la Comunidad, hoy en Miami. También los supervisores de los trabajos: Rubén Sartori, Joaquín Mansilla, Juan Lara, Eduardo Van Heerden y Ernesto Herk. Todos por fraude a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.

Los empresarios imputados serán Roberto Monasterolo, de Golfo San Jorge SA; Gonzalo y Cristian Pérez, de Brothers Truck; Esteban Astiz, de Astoil, y Javier Morales, de Patagonia Expeditions. Todos por fraude al Estado.

Tras el desastre, el Concejo Deliberante declaró la “Emergencia Económico, Social, Administrativa y Financiera” por 6 meses. Facultó al intendente Carlos Linares a contratar sin necesidad de cumplir con los procedimientos administrativos habituales.

Para remover toneladas de lodo, barro, arena y sedimentos secos se contrató a 197 proveedores de maquinaria vial y camiones con conductor. Debían facturarse sólo las horas trabajadas.

Cada trabajo se basaba en dos documentos: un “Parte Diario de Trabajo” que incluía empresa, tipo de equipo, fecha, tarea, zona y horario. Lo firmaban el operador del equipo, la empresa y el supervisor municipal.

El segundo documento certificaba los trabajos: el “Consolidado de Horas por Equipo”. Los firmaban Boyero y Palomeque, con un representante de la firma. Describía horas y montos a pagar. El pago se concretaba con la factura conformada por ambos.

El expediente debía cumplir requisitos mínimos para que el empresario cobrara, definidos en un “Memorandum”, firmado por Linares e Issa Pfister. Los fondos debían ser rendidos al Tribunal de Cuentas Municipal. Estos requisitos para contratar con el Estado se incorporaron a la Ordenanza 12.622-2, dictada el 5 de octubre de 2017. Pero Linares la vetó el 23 de octubre. Esto allanó el camino para que las empresas cobraran con poco control.

Seis de los expedientes pertenecen a Brothers Truck SRL, propiedad de Cristian y Gonzalo Pérez. Entre otras sospechas, presentó una factura por el trabajo de un camión batea. Los partes y el “Consolidado” certificaron que el equipo trabajó todos los días todo el día. Sartori fue el supervisor municipal que avaló el dato falso.

Vale el caso de Juan Carlos R., a quien se menciona como chofer. En marzo de 2018 el hombre hizo una denuncia penal en Puerto Madryn por sus problemas para jubilarse. Se enteró que la ANSES no le pagaba porque figuraba dado de “Alta” como empleado de Brothers. Nunca trabajó en Comodoro.

La maniobra se reiteró con el supervisor municipal Mansilla. Certificó “extensas” jornadas de trabajo observadas como “irregulares” por el Tribunal de Cuentas. Se las justificó con notas hablando de “errores involuntarios” y argumentando que la intervención de un mismo supervisor en muchos partes era “una involuntaria inconsistencia admisible bajo tales circunstancias”. La empresa se quedó con $ 544.725 del erario.

Se investiga otra factura por un camión volcador. Los partes los firmaron Marcelo Monsalve y Jeremías Moreno como choferes. De nuevo apareció el dato falso de decir que se trabajó 24 horas. Según el Ministerio Público Fiscal, no hay registro de que Monsalve estuvo; en cuanto a Moreno, en el mismo lapso figura trabajando 12 horas diarias en una cuadrilla de evacuación y limpieza de viviendas por órdenes del intendente Linares. Como todos los expedientes, se pagó gracias a una Resolución que declaró la deuda de “Legítimo abono”. La clave para que los trámites siguieran con éxito fue que la factura la “conformen” Palomeque y Boyero. Se apoderaron de al menos $ 224.880.

El chofer fantasma, R., vuelve a aparecer en la factura por un camión volcador. En el legajo no figura el “Consolidado”. Igual todos firmaron y la empresa cobró $ 146.172.

La maniobra se repite en el cuarto expediente. Los partes los firmaron Julio Sovier y Pablo Menor. Para el fiscal Iturrioz, es falso porque Sovier –dueño del camión- declaró que Menor nunca manejó y que sólo se trabajaba 12 horas diarias. Menor estaba en las cuadrillas de Linares. El municipio pagó $ 97.632.

Otro vicio es la factura por una máquina excavadora. Los partes los firmaron Matías Juan Paz y Álvaro Luis Ribas, supuestos choferes. Paz, dueño del camión, ni siquiera conoce a su supuesto compañero y nadie más que él condujo su máquina. La empresa se quedó con $ 174.312. Otro “chofer fantasma” aparece con la factura por un camión camilla. Los partes los firman Matías Ulibarry y Luciano Soto. No hay constancia del trabajo de Ulibarry; Soto figura en otra cuadrilla. Se pagaron ilegítimamente $ 116.064.#


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