Piccione denunció que el fiscal Iturrioz le pidió que mienta para involucrar a otros empresarios

Según el empresario, el investigador de Comodoro Rivadavia le sugirió que para quedar libre debía declarar contra otras personas. El imputado también involucró en las maniobras al abogado Guillermo Iglesias. El juez Sergio Piñeda ordenó enviar la denuncia al procurador Jorge Miquelarena.

28 NOV 2019 - 20:31 | Actualizado

El juez Sergio Piñeda ordenó enviarle al procurador general Jorge Miquelarena el acta y el audio de la declaración de ayer del empresario de la construcción de Comodoro Rivadavia, Federico Piccione. Dueño de Nitens SRL e imputado en el Caso Revelación, denunció presiones del fiscal Héctor Iturrioz para que declare en contra de otros involucrados. También reveló sugestivos consejos para recuperar su libertad de parte de Guillermo Iglesias, prestigioso letrado de la ciudad petrolera.

“No puedo pasarlo por alto”, explicó Piñeda. “El procurador evaluará si estos dichos merecen un sumario o si puede haber un delito de acción pública”.

Acompañado por su mujer, Piccione no contestó preguntas. Nervioso, habló 10 minutos en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, donde se realiza la audiencia preliminar por el caso de los presuntos retornos de la obra pública.

“Decidí declarar porque quisiera explicar qué me pasó en este proceso”. Aseguró que desde el inicio de la investigación testimonió y aportó documentación. “No obstante Iturrioz pidió un allanamiento, mi detención y me expuso en los medios de una manera que realmente nunca creí que podía estar en ese lugar”. No estaba durante el procedimiento en su firma. “De inmediato me acerqué y ofrecí toda la documentación. Iturrioz pidió hablar conmigo en una oficina privada, estaba la gente que trabajaba en el allanamiento y mis empleados; cuando entró a esa oficina me sugirió declarar en contra de otras personas así podía obtener un beneficio en este proceso”.

“No fue la única vez que Iturrioz lo hizo. Tuvo otra oportunidad y lo volvió a hacer”, dijo el empresario. “En un momento pedí una audiencia donde me dieron el arresto domiciliario; yo estaba en la sala de Comodoro con mi familia y la custodia”. Tras la audiencia “le pidió a mi familia y a la Policía que se retiraran de la sala, me volvió a manifestar que necesitaba una declaración en contra de otras personas. No sólo eso: me felicitó y me dijo ´¡Crack! ¡qué bien como te la aguantaste!´ Estuve preso, no necesitaba su felicitación”.

Piccione aseguró que presión similar sufrieron el periodista Andrés Ninin, el único condenado de la causa en juicio abreviado, y Esteban Torraca. “Lo sé porque Ninin compartía la celda conmigo. Le pidieron declarar, a Iturrioz lo que dijo no le gustó y por eso lo detuvo, pero a la semana consiguió la libertad. ¿Que hizo? Declaró en mi contra y por eso la obtuvo”. Torraca era presidente de la Cámara de la Construcción. “También lo detuvieron y también salió con una declaración en mi contra. No fue casualidad. Lo pensé mucho tiempo y desde ese momento desconfié de este proceso. Realmente sentía que la manera de salir era declarar como me lo había sugerido Iturrioz, pero no voy a declarar para beneficiarme y obtener la libertad en contra de otras personas. Mi conciencia no lo permite”.

“Así pasaron 9 meses. A Iturrioz no le bastó con esto, fue mucho más”, dijo Piccione. Recordó la audiencia donde pidió el arresto domiciliario y Iturrioz se opuso argumentando una denuncia que involucraba al empresario. “Con el tiempo con mis abogados nos enteramos que le mintió al juez y a mí, también la usó en los medios pero esa denuncia estaba desestimada y él lo sabía”. La denuncia se había caído en mayo, la audiencia fue en noviembre. “Con mi familia viví un calvario pero damos la cara y como hombre siempre voy a estar donde la justicia me lo pida”.

Iglesias, defensor de Ninín y Torraca, “me visitó en varias oportunidades en mi lugar de detención pero no para ver cómo estaba; llamó a mi señora cuando estaba preso”. Ya Piccione libre, el abogado lo visitó en su empresa imprevistamente. “Iglesias siempre me hablaba de la misma manera y del mismo tema: me decía que tenía la llave para que saliera de este proceso judicial. Lo único que debía hacer era declarar en contra de otras personas y cambiar de abogado, como me había dicho Iturrioz”. Piccione con el tiempo concluyó que “la relación de Iglesias e Iturrioz es muy diferente a la de mis abogados, profesionales y serios, con Marcos Nápoli. Por eso ahora siento confianza para declarar”. Deslizó que el fiscal comodorense “fue quien escribió la acusación y conmigo perdió la objetividad. Este proceso me hizo un daño, pero con esta declaración me alivié y estoy mucho más tranquilo”.

Marcos Salt y Federico Ruffa defienden a Piccione. El primero deslizó una “animadversión” de Iturrioz. “En 2015 Piccione no existía para la obra pública, los funcionarios no lo conocían. Lo involucran forzando pruebas pero nadie explica cómo se sumó a la asociación”. A Piccione lo observaron por sus reuniones en el Lucania de Comodoro. “Pero el dueño del Hotel era Torraca y no está acá sentado”, sugirió.

Al entrevistar a Daniel Fasciglione, dueño de Canal 9, Iturrioz le preguntó por Piccione. “No lo conocía. Pero el audio se corta, se reanuda y dice ´Ahora recuerdo que puede ser que sea Piccione porque Ninín hablaba con él´ ¿Cómo no vamos a sospechar?”.

Salt sugirió: “¿A nadie se le ocurrió que Fasciglione podía ser imputado? ¿cuánta plata se llevó de todo esto? ¿alguien le pidió que la devuelva? Quieren que sea testigo y de todo lo que pasó en Protel el único culpable es Piccione. Es incoherente”.

El empresario televisivo admitió “encuentros informales” con Iturrioz antes de su declaración grabada. “No puedo creer que no hubiera estado preocupado porque lo imputaran. Todavía tiene la plata de la corrupción que ingresó para su Canal”.

“A Piccione lo acusan de integrar una asociación que organizó Correa, pero el mismo MPF en El Embrujo lo llama de testigo por otra asociación que también dirigió Correa. Hay un problema porque si era miembro, no era testigo”. Salt sugirió “discrecionalidad” de los fiscales a cambio de ciertas declaraciones.

Nápoli defendió a Iturrioz por su “estupendo trabajo en la causa” pero consideró necesaria una investigación interna para verificar la denuncia. “Lamento que así haya sido, si es que fue así”. El fiscal recordó que Torraca “no fue premiado sino imputado” hasta que accedió a una probation. “Piccione le enviaba textos a Diego Lüters para exigir pagos y acercar empresarios a las fauces de Correa”.

“No perseguimos ni hostigamos a nadie. En el juicio les van a poder preguntar a los empresarios si les prometimos impunidad a cambio de que hablaran”, subrayó. “Fueron libres de decir lo que consideren necesario”.

Carlos Villada pidió el sobreseimiento del exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. Dijo que Fiscalía armó una “pseudoacusación” sin evidencias. “Fue imputado cuando ya iban 5 meses de investigación. Pasó a invitado a organizador de la asociación”. Dijo que para acusar al exministro “desconocen el proceso administrativo, hay gravísimos errores conceptuales de la acusación”.

El fiscal Nápoli ratificó el pedido de juicio para Pagani. “Es cierto que lo trajimos a proceso 5 meses después, pero fue por una confesión espontánea de Diego Lüters, que explicó qué hacía cada uno; esta maquinaria no podía funcionar sin la venia de Pagani”. El exministro “tenía incidencia directa sobre los cobros de las empresas”. En su casa se secuestró un celular con mensajes cruzados con Diego Correa. “Pasaban por encima de la ley. Metían mano de manera torpe, con impunidad porque creían que esto no se iba a descubrir de ningún modo”.

Emilio Galende pidió el sobreseimiento del exministro coordinador Víctor Cisterna. Lo acusan de cochecho y asociación ilícita. “Pero hay un detalle inexcusable: dejó de ser ministro el 7 noviembre 2016, ya no era funcionario y la figura jurídica no corre”.

En cuanto al testimonio de Carlos Papaiani, exdueño de Inverfin, “Cisterna le habría dicho que mandaba a Pablo Bastida a juntar los retornos. Pero en la misma época aparece en la prensa Papaiani satisfecho con la reactivación de la obra pública. Era presidente de la Cámara de la Construcción, donde dicen que había que llevar cheques. Pero nunca dijo nada”.

“Por supuesto que en el juicio voy a interrogar a los empresarios para preguntarles si los cheques de las presuntas coimas los imputaron en los balances de sus firmas. ¿Engañaron a sus contadores?”, deslizó el defensor.

Nápoli respondió que el delito de cohecho se completa cuando el retorno se ofrece. Cuando eso ocurrió, Cisterna era ministro.

“Hay evidencia de que organizó la asociación ilícita desde que asumió Das Neves. Su renuncia generó desconcierto en los empresarios porque no sabían a quién pagar los retornos. Cisterna organizó el esquema, trajo a una reunión a los empresarios, les dijo qué montos y tenía un encargado de recoger el dinero”, remató.

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28 NOV 2019 - 20:31

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“No puedo pasarlo por alto”, explicó Piñeda. “El procurador evaluará si estos dichos merecen un sumario o si puede haber un delito de acción pública”.

Acompañado por su mujer, Piccione no contestó preguntas. Nervioso, habló 10 minutos en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, donde se realiza la audiencia preliminar por el caso de los presuntos retornos de la obra pública.

“Decidí declarar porque quisiera explicar qué me pasó en este proceso”. Aseguró que desde el inicio de la investigación testimonió y aportó documentación. “No obstante Iturrioz pidió un allanamiento, mi detención y me expuso en los medios de una manera que realmente nunca creí que podía estar en ese lugar”. No estaba durante el procedimiento en su firma. “De inmediato me acerqué y ofrecí toda la documentación. Iturrioz pidió hablar conmigo en una oficina privada, estaba la gente que trabajaba en el allanamiento y mis empleados; cuando entró a esa oficina me sugirió declarar en contra de otras personas así podía obtener un beneficio en este proceso”.

“No fue la única vez que Iturrioz lo hizo. Tuvo otra oportunidad y lo volvió a hacer”, dijo el empresario. “En un momento pedí una audiencia donde me dieron el arresto domiciliario; yo estaba en la sala de Comodoro con mi familia y la custodia”. Tras la audiencia “le pidió a mi familia y a la Policía que se retiraran de la sala, me volvió a manifestar que necesitaba una declaración en contra de otras personas. No sólo eso: me felicitó y me dijo ´¡Crack! ¡qué bien como te la aguantaste!´ Estuve preso, no necesitaba su felicitación”.

Piccione aseguró que presión similar sufrieron el periodista Andrés Ninin, el único condenado de la causa en juicio abreviado, y Esteban Torraca. “Lo sé porque Ninin compartía la celda conmigo. Le pidieron declarar, a Iturrioz lo que dijo no le gustó y por eso lo detuvo, pero a la semana consiguió la libertad. ¿Que hizo? Declaró en mi contra y por eso la obtuvo”. Torraca era presidente de la Cámara de la Construcción. “También lo detuvieron y también salió con una declaración en mi contra. No fue casualidad. Lo pensé mucho tiempo y desde ese momento desconfié de este proceso. Realmente sentía que la manera de salir era declarar como me lo había sugerido Iturrioz, pero no voy a declarar para beneficiarme y obtener la libertad en contra de otras personas. Mi conciencia no lo permite”.

“Así pasaron 9 meses. A Iturrioz no le bastó con esto, fue mucho más”, dijo Piccione. Recordó la audiencia donde pidió el arresto domiciliario y Iturrioz se opuso argumentando una denuncia que involucraba al empresario. “Con el tiempo con mis abogados nos enteramos que le mintió al juez y a mí, también la usó en los medios pero esa denuncia estaba desestimada y él lo sabía”. La denuncia se había caído en mayo, la audiencia fue en noviembre. “Con mi familia viví un calvario pero damos la cara y como hombre siempre voy a estar donde la justicia me lo pida”.

Iglesias, defensor de Ninín y Torraca, “me visitó en varias oportunidades en mi lugar de detención pero no para ver cómo estaba; llamó a mi señora cuando estaba preso”. Ya Piccione libre, el abogado lo visitó en su empresa imprevistamente. “Iglesias siempre me hablaba de la misma manera y del mismo tema: me decía que tenía la llave para que saliera de este proceso judicial. Lo único que debía hacer era declarar en contra de otras personas y cambiar de abogado, como me había dicho Iturrioz”. Piccione con el tiempo concluyó que “la relación de Iglesias e Iturrioz es muy diferente a la de mis abogados, profesionales y serios, con Marcos Nápoli. Por eso ahora siento confianza para declarar”. Deslizó que el fiscal comodorense “fue quien escribió la acusación y conmigo perdió la objetividad. Este proceso me hizo un daño, pero con esta declaración me alivié y estoy mucho más tranquilo”.

Marcos Salt y Federico Ruffa defienden a Piccione. El primero deslizó una “animadversión” de Iturrioz. “En 2015 Piccione no existía para la obra pública, los funcionarios no lo conocían. Lo involucran forzando pruebas pero nadie explica cómo se sumó a la asociación”. A Piccione lo observaron por sus reuniones en el Lucania de Comodoro. “Pero el dueño del Hotel era Torraca y no está acá sentado”, sugirió.

Al entrevistar a Daniel Fasciglione, dueño de Canal 9, Iturrioz le preguntó por Piccione. “No lo conocía. Pero el audio se corta, se reanuda y dice ´Ahora recuerdo que puede ser que sea Piccione porque Ninín hablaba con él´ ¿Cómo no vamos a sospechar?”.

Salt sugirió: “¿A nadie se le ocurrió que Fasciglione podía ser imputado? ¿cuánta plata se llevó de todo esto? ¿alguien le pidió que la devuelva? Quieren que sea testigo y de todo lo que pasó en Protel el único culpable es Piccione. Es incoherente”.

El empresario televisivo admitió “encuentros informales” con Iturrioz antes de su declaración grabada. “No puedo creer que no hubiera estado preocupado porque lo imputaran. Todavía tiene la plata de la corrupción que ingresó para su Canal”.

“A Piccione lo acusan de integrar una asociación que organizó Correa, pero el mismo MPF en El Embrujo lo llama de testigo por otra asociación que también dirigió Correa. Hay un problema porque si era miembro, no era testigo”. Salt sugirió “discrecionalidad” de los fiscales a cambio de ciertas declaraciones.

Nápoli defendió a Iturrioz por su “estupendo trabajo en la causa” pero consideró necesaria una investigación interna para verificar la denuncia. “Lamento que así haya sido, si es que fue así”. El fiscal recordó que Torraca “no fue premiado sino imputado” hasta que accedió a una probation. “Piccione le enviaba textos a Diego Lüters para exigir pagos y acercar empresarios a las fauces de Correa”.

“No perseguimos ni hostigamos a nadie. En el juicio les van a poder preguntar a los empresarios si les prometimos impunidad a cambio de que hablaran”, subrayó. “Fueron libres de decir lo que consideren necesario”.

Carlos Villada pidió el sobreseimiento del exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. Dijo que Fiscalía armó una “pseudoacusación” sin evidencias. “Fue imputado cuando ya iban 5 meses de investigación. Pasó a invitado a organizador de la asociación”. Dijo que para acusar al exministro “desconocen el proceso administrativo, hay gravísimos errores conceptuales de la acusación”.

El fiscal Nápoli ratificó el pedido de juicio para Pagani. “Es cierto que lo trajimos a proceso 5 meses después, pero fue por una confesión espontánea de Diego Lüters, que explicó qué hacía cada uno; esta maquinaria no podía funcionar sin la venia de Pagani”. El exministro “tenía incidencia directa sobre los cobros de las empresas”. En su casa se secuestró un celular con mensajes cruzados con Diego Correa. “Pasaban por encima de la ley. Metían mano de manera torpe, con impunidad porque creían que esto no se iba a descubrir de ningún modo”.

Emilio Galende pidió el sobreseimiento del exministro coordinador Víctor Cisterna. Lo acusan de cochecho y asociación ilícita. “Pero hay un detalle inexcusable: dejó de ser ministro el 7 noviembre 2016, ya no era funcionario y la figura jurídica no corre”.

En cuanto al testimonio de Carlos Papaiani, exdueño de Inverfin, “Cisterna le habría dicho que mandaba a Pablo Bastida a juntar los retornos. Pero en la misma época aparece en la prensa Papaiani satisfecho con la reactivación de la obra pública. Era presidente de la Cámara de la Construcción, donde dicen que había que llevar cheques. Pero nunca dijo nada”.

“Por supuesto que en el juicio voy a interrogar a los empresarios para preguntarles si los cheques de las presuntas coimas los imputaron en los balances de sus firmas. ¿Engañaron a sus contadores?”, deslizó el defensor.

Nápoli respondió que el delito de cohecho se completa cuando el retorno se ofrece. Cuando eso ocurrió, Cisterna era ministro.

“Hay evidencia de que organizó la asociación ilícita desde que asumió Das Neves. Su renuncia generó desconcierto en los empresarios porque no sabían a quién pagar los retornos. Cisterna organizó el esquema, trajo a una reunión a los empresarios, les dijo qué montos y tenía un encargado de recoger el dinero”, remató.


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