Sobreseyeron a los agentes de inteligencia que apretaron a un juez
El juez federal Ariel Lijo sobreseyó a los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en el marco de una causa por la cual se investigaba si se se había "apretado" al juez de Avellaneda Luis Carzoglio para que metiera presos a Hugo y Pablo Moyano.
La medida también alcanzó a los agentes Juan De Stéfano y Fernando Di Pasquale, en el marco de una causa iniciada por la propia denuncia del sindicalista Hugo Moyano.
Según la denuncia, el 31 de agosto de 2018 los agentes de inteligencia en cuestión "mantuvieron una reunión con el entonces titular del Juzgado de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, en su despacho dentro del tribunal".
Incluso, luego de la reunión fue el propio Carzoglio quien denunció que los agentes de inteligencia buscaron persuadirlo para que disponga la detención de Hugo Moyano y su hijo Pablo, en una causa por presunta defraudación contra el club Independiente.
El juez dijo que los agentes de inteligencia le hicieron saber que el pedido era una preocupación incluso del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
En su defensa, los agentes de inteligencia explicaron que estaban tomando recaudos ante eventuales situaciones de peligro de darse la detención de los Moyano.
Pero el juez Lijo evaluó que si bien la reunión "no se encuentra controvertida y fue reconocida por todos los participantes", de la misma "no se puede concluir que se hubiera ejercido o intentado ejercer presión" sobre su par Carzoglio.
"La existencia de la reunión no permite establecer, a priori, su finalidad; consecuentemente, no puede tomarse sino como una mera prueba indirecta", analizó el magistrado.
En función de ello, rechazó los delitos de "cohecho activo, negociaciones incompatibles, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"Los funcionarios se presentaron en la mesa de entradas del tribunal, se identificaron correctamente, tuvieron una reunión formal con el magistrado, ‘sin suspicacias, dobles mensajes ni malos entendidos’, e inmediatamente elevaron el informe correspondiente al Director de la Agencia", explicó en su fallo.
"El reconocimiento efectuado por los integrantes de la AFI sobre la existencia de la reunión siempre se encontró enmarcado dentro de las facultades de actuaciones legalmente conferidas al organismo y con el único objetivo de anticiparse a las consecuencias de la reacción social que podría haber producido la detención de dos importantes miembros del movimiento sindical de nuestro país", completó.
La medida también alcanzó a los agentes Juan De Stéfano y Fernando Di Pasquale, en el marco de una causa iniciada por la propia denuncia del sindicalista Hugo Moyano.
Según la denuncia, el 31 de agosto de 2018 los agentes de inteligencia en cuestión "mantuvieron una reunión con el entonces titular del Juzgado de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, en su despacho dentro del tribunal".
Incluso, luego de la reunión fue el propio Carzoglio quien denunció que los agentes de inteligencia buscaron persuadirlo para que disponga la detención de Hugo Moyano y su hijo Pablo, en una causa por presunta defraudación contra el club Independiente.
El juez dijo que los agentes de inteligencia le hicieron saber que el pedido era una preocupación incluso del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
En su defensa, los agentes de inteligencia explicaron que estaban tomando recaudos ante eventuales situaciones de peligro de darse la detención de los Moyano.
Pero el juez Lijo evaluó que si bien la reunión "no se encuentra controvertida y fue reconocida por todos los participantes", de la misma "no se puede concluir que se hubiera ejercido o intentado ejercer presión" sobre su par Carzoglio.
"La existencia de la reunión no permite establecer, a priori, su finalidad; consecuentemente, no puede tomarse sino como una mera prueba indirecta", analizó el magistrado.
En función de ello, rechazó los delitos de "cohecho activo, negociaciones incompatibles, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"Los funcionarios se presentaron en la mesa de entradas del tribunal, se identificaron correctamente, tuvieron una reunión formal con el magistrado, ‘sin suspicacias, dobles mensajes ni malos entendidos’, e inmediatamente elevaron el informe correspondiente al Director de la Agencia", explicó en su fallo.
"El reconocimiento efectuado por los integrantes de la AFI sobre la existencia de la reunión siempre se encontró enmarcado dentro de las facultades de actuaciones legalmente conferidas al organismo y con el único objetivo de anticiparse a las consecuencias de la reacción social que podría haber producido la detención de dos importantes miembros del movimiento sindical de nuestro país", completó.