Pagará $ 10.000 y trabajará 30 horas juntando fruta y desmalezando para no ir a juicio oral
Es Guillermo Fernández, empresario imputado por entregar una cosechadora de papas de menor calidad y precio a la que se había comprometido. Su padre Gustavo aceptó dos años de cárcel en suspenso. La firma de ambos cambió los stickers pegados a un aparato para simular una marca.
En un juicio abreviado, Gustavo Fernández, dueño de una empresa de venta de máquinas agrícolas se declaró responsable de haber estafado a CORFO Chubut. Aceptó dos años de prisión en suspenso y pagar las costas del juicio. A su hijo Guillermo Saravia Fernández se le concedió la suspensión del juicio a prueba por el plazo de dos años, habiendo ofrecido un monto en concepto de reparación del daño causado y la obligación de cumplir tareas comunitarias.
Según el parte de prensa de Fiscalía, son dueño y apoderado respectivamente de SARFE SRL de General Roca, Río Negro. En julio de 2015 le vendieron a CORFO una máquina cosechadora de papas que resultó ser del menor calidad a la pautada y abonada por ese organismo. Engañaron a quien recibió la máquina con el cambio de los stikers adhesivos. Los imputaron por fraude en perjuicio de la administración pública provincial.
Para no ir a juicio oral y público con una pena posible de dos a seis años de prisión, con el asesoramiento de su defensor Matías Cimadevilla, el dueño de la empresa reconoció el hecho. Si el acuerdo con Fiscalía es homologado, a partir de una sentencia que se conocerá el viernes deberá cumplir una pena de dos años de prisión en suspenso, costas y las reglas de conducta que le imponga el tribunal.
Su hijo Saravia Fernández ofreció pagar 10.000 pesos, supeditado a que ese monto sea aceptado por CORFO que no estuvo representado en la audiencia pese a haber sido notificado por la Oficina Judicial. Realizará 30 horas de trabajo comunitario desmalezando y juntando fruta, entre otras tareas agrícolas, en beneficio de una escuela técnica de esa ciudad rionegrina.
La audiencia la presidió el juez Gustavo Castro y se realizó en la Oficina Judicial de Rawson. La acusación e investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Rawson representada por su fiscal jefe, Fernando Rivarola.
La denuncia de Sixto Bermejo en carácter de titular de CORFO, se produjo tras haberse recibido la cosechadora, por la que el Estado provincial pagó 397.000, pesos en julio de 2015. La cosechadora arribó al taller de CORFO de Gaiman a bordo de un camión, en noviembre de ese año. El jefe de la dependencia Javier Pascual firmó el remito pero luego se comprobó que la máquina era de una marca distinta a la adquirida. La empresa adjudicataria de la licitación había enviado una cosechadora con las mismas características técnicas, pero no de la marca estipulada y de menor calidad a la pautada en el contrato de adquisición entre CORFO y SARFE. La marca de la cosechadora pautada era “Procemaq”. Pero la cosechadora que había llegado era de la marca “Lochel”, máquina a la que se le habían colocado stickers blancos adhesivos en ambos laterales con la inscripción “Procemaq ST 1800”. Esto indujo en error al empleado que la recibió.
“Se entregó una maquinaria distinta a la adquirida, de menor calidad y en consecuencia de menor precio de mercado, obteniendo un beneficio económico ilegal con el consiguiente perjuicio para la administración pública provincial”, indicó Rivarola. Durante la investigación el dueño de la empresa dijo que la máquina entregada no solo cumplía con los requisitos y características en la licitación, sino que además era de mejor calidad. La pesquisa demostró lo contrario.
En un juicio abreviado, Gustavo Fernández, dueño de una empresa de venta de máquinas agrícolas se declaró responsable de haber estafado a CORFO Chubut. Aceptó dos años de prisión en suspenso y pagar las costas del juicio. A su hijo Guillermo Saravia Fernández se le concedió la suspensión del juicio a prueba por el plazo de dos años, habiendo ofrecido un monto en concepto de reparación del daño causado y la obligación de cumplir tareas comunitarias.
Según el parte de prensa de Fiscalía, son dueño y apoderado respectivamente de SARFE SRL de General Roca, Río Negro. En julio de 2015 le vendieron a CORFO una máquina cosechadora de papas que resultó ser del menor calidad a la pautada y abonada por ese organismo. Engañaron a quien recibió la máquina con el cambio de los stikers adhesivos. Los imputaron por fraude en perjuicio de la administración pública provincial.
Para no ir a juicio oral y público con una pena posible de dos a seis años de prisión, con el asesoramiento de su defensor Matías Cimadevilla, el dueño de la empresa reconoció el hecho. Si el acuerdo con Fiscalía es homologado, a partir de una sentencia que se conocerá el viernes deberá cumplir una pena de dos años de prisión en suspenso, costas y las reglas de conducta que le imponga el tribunal.
Su hijo Saravia Fernández ofreció pagar 10.000 pesos, supeditado a que ese monto sea aceptado por CORFO que no estuvo representado en la audiencia pese a haber sido notificado por la Oficina Judicial. Realizará 30 horas de trabajo comunitario desmalezando y juntando fruta, entre otras tareas agrícolas, en beneficio de una escuela técnica de esa ciudad rionegrina.
La audiencia la presidió el juez Gustavo Castro y se realizó en la Oficina Judicial de Rawson. La acusación e investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Rawson representada por su fiscal jefe, Fernando Rivarola.
La denuncia de Sixto Bermejo en carácter de titular de CORFO, se produjo tras haberse recibido la cosechadora, por la que el Estado provincial pagó 397.000, pesos en julio de 2015. La cosechadora arribó al taller de CORFO de Gaiman a bordo de un camión, en noviembre de ese año. El jefe de la dependencia Javier Pascual firmó el remito pero luego se comprobó que la máquina era de una marca distinta a la adquirida. La empresa adjudicataria de la licitación había enviado una cosechadora con las mismas características técnicas, pero no de la marca estipulada y de menor calidad a la pautada en el contrato de adquisición entre CORFO y SARFE. La marca de la cosechadora pautada era “Procemaq”. Pero la cosechadora que había llegado era de la marca “Lochel”, máquina a la que se le habían colocado stickers blancos adhesivos en ambos laterales con la inscripción “Procemaq ST 1800”. Esto indujo en error al empleado que la recibió.
“Se entregó una maquinaria distinta a la adquirida, de menor calidad y en consecuencia de menor precio de mercado, obteniendo un beneficio económico ilegal con el consiguiente perjuicio para la administración pública provincial”, indicó Rivarola. Durante la investigación el dueño de la empresa dijo que la máquina entregada no solo cumplía con los requisitos y características en la licitación, sino que además era de mejor calidad. La pesquisa demostró lo contrario.