Dos funcionarios de ANSES Trelew investigados por presunto fraude con el cobro de reintegros

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, investiga a dos miembros de la Delegación Trelew de la Administración Nacional de la Seguridad Social por presunto fraude. Se trata de un gerente de la Unidad de Atención Integral al que le imputan haber acordado con una supervisora del mismo organismo para que contratara a su esposa como empleada doméstica.

Este vínculo laboral habría sido falso: el objetivo era –según la acusación- que el empleado jerárquico cobrara indebidamente un reintegro por gastos de guardería que ANSES paga a los agentes que acreditan que trabajan en el mismo horario con sus parejas y por lo tanto, ninguno puede cuidar a sus hijos.

Según la causa, la relación laboral duró del 10 de diciembre de 2013 al 14 de mayo de 2019, en un departamento de Mitre al 400 de Trelew. El gerente habría conseguido cobrar el reintegro por dos hijos.

El caso arrancó con una denuncia anónima en la casilla de mail de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social. Luego una empleada de ANSES la ratificó ante el fiscal federal Fernando Gélvez. La presentación consideró que la presunta maniobra era “vergonzosa e injusto para los verdaderos aportantes al servicio doméstico”.

En su pedido de indagatoria, el fiscal repasó que el empleado de ANSES cobró $ 166.803 en reintegros. Y llamó la atención sobre una coincidencia: su esposa estuvo registrada hasta mayo de 2019, misma fecha de la denuncia. Para Gélvez, es probable que los sospechados hayan cortado el vínculo laboral al escuchar rumores.

También hizo referencia a la sólida posición de la mujer del gerente y a su nivel universitario, que harían inverosímil su necesidad de un empleo doméstico.

El gerente fue indagado el 11 de febrero y se declaró inocente al asegurar que no cobró beneficio alguno en forma indebida. Explicó que el empleo de su mujer se registró en blanco en la AFIP justamente porque la relación laboral existió y era de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Argumentó que como su compañera estaba desocupada, debió reorganizar su vida familiar. Sólo después –declaró- supo que tenía derecho al cobro del reintegro. El matrimonio cumplió todos los requisitos, según su versión.

El funcionario admitió su amistad familiar con la supervisora. Pero aclaró que el trabajo convenía a ambos ya que su amiga necesitaba una persona de confianza en su domicilio. Subrayó que no se enriqueció y que según su recibo de sueldo el descuento por impuesto a las Ganancias era mayor que el reintegro que comenzó a cobrar.

El imputado se quejó ante el juez y consideró que la denuncia “tiene un tinte y una intencionalidad netamente política para perjudicar a mi esposa y posicionarse para aspirar a la Jefatura. Realmente le sirvió a esta persona ya que me perjudicó”, declaró.

Reclamó además que el organismo tiene vías administrativas para resolver temas así. Por eso, que su caso haya derivado en una causa federal “me llama poderosamente la atención” ya que si se hubiese verificado la situación laboral, no habría causa penal alguna.

Deslizó que la mujer que lo denunció tiene un perfil conflictivo: pedidos para familiares, exigencias de pase a otras oficinas e insultos ante las negativas. “Siempre se jactó de que dependía de Buenos Aires. Exigía a la jefatura y a la administración la permanente provisión de elementos e insumos”. Incluso sospechó que uno de los documentos que se usó para la denuncia fue robado de su legajo personal. “Es un hecho que sospechosamente ocurre por primera vez en la historia de esa oficina”. Aclaró que cuando recibió rumores y advertencias de que sería denunciado y al considerar que su situación familiar estaba resuelta, la esposa del denunciado dejó su labor como doméstica.

En los últimos días hubo rondas de testimonios. El otro mes se sabrá la decisión del juez.