El Poder Judicial sólo realizará las audiencias que sean “urgentes, graves o impostergables”

Lo acordaron el Superior, la Defensoría, la Fiscalía, el gremio y los Magistrados. Cada jefe decidirá la dotación mínima de personal que necesite en su área y quien acredite no poder llegar al trabajo por falta de dinero, quedará eximido. Panizzi admitió que aún así el servicio no está garantizado.

Simbólico. Los afiliados al SITRAJUCh abrazaron la sede en Rawson del Superior Tribunal para hacer visible la profundidad de la crisis e insistir con su reclamo por los sueldos.
12 MAR 2020 - 20:59 | Actualizado

Nuevamente se reunió el Poder Judicial en pleno para acordar cómo se brindará el servicio de Justicia ante la continuidad de las medidas de fuerza de los empleados por la demora en el cobro de sus haberes. Se derogó la Acordada 4842/2020 y se consensuó que los titulares de cada organismo están habilitados a disponer de la dotación mínima de personal “agotando los mecanismos de consenso”.

Se atenderán las causas urgentes, graves o impostergables, suspendiendo las audiencias que no reflejen este criterio. También se autorizó a los titulares de los organismos a eximir de ir al lugar de trabajo a quienes acrediten la imposibilidad de hacerlo por falta de dinero. El acuerdo se revisará una vez por semana.

“Por fin”

El ministro Alejandro Panizzi resaltó que en la reunión “por fin logramos ponernos de acuerdo en puntos centrales. El compromiso es que cada titular de organismo decida cuál es la dotación mínima que se requiere para completar un elenco de emergencia en esta crisis”.

Resta establecer “la revisión de los plazos de 6 meses de investigación que tienen los fiscales que, claramente ante esta situación, hay que poner la lupa allí y estudiar para tomar una decisión y, por otro lado, la suspensión de términos que en el caso de quienes tienen la responsabilidad funcional de cumplir con plazos los exime de una responsabilidad que realmente no pueden cumplir. Se está evaluando”.

La suspensión se resolvió pero falta acordar con los Colegios de Abogados con quienes el ministro Mario Vivas se reunirá en breve. “No queremos dejar de escuchar a ningún sector y los abogados son actores centrales del elenco de los procesos y los tenemos que escuchar. Creemos que vamos a tener empatía de su parte y van a comprender que esta fuerza arrolladora de los hechos genera problemas graves”, afirmó Panizzi.

El ministro reconoció que “la palabra garantizar es muy fuerte, no se puede garantizar el servicio pleno en un contexto de crisis. Lo que queremos garantizar es que no se interrumpan las causas graves y urgentes, con detenidos, los amparos, pero de ahí a una garantía plena, claro que no”.

El juez laboral de Trelew, Paulo König, remarcó que “nunca hubo una crisis así, donde no se cobren los sueldos casi tres meses y eso hace que por más que exista buena voluntad de los empleados y de los magistrados para sacar algunas causas, hasta eso se dificulta. Por la situación en la que estamos, ni siquiera creo que se pueda llegar a decir que estamos en condiciones de garantizar las causas urgentes”.

Según el magistrado, “tienen que tomarse, de parte del Poder Ejecutivo, las medidas que permitan que el Poder Judicial funcione”.

En la misma reunión, dijo el juez, sus colegas del fuero penal dijeron que “no hay alimentos para los presos. Que en los últimos días han hecho milagros como para alcanzar algún alimento, sin respetar las calorías mínimas que se requieren”.

Otros inconvenientes son que “se envían oficios a las instituciones educativas para que informen sobre condiciones de asistencia de alumnos en causas familiares y no los contesta nadie porque no hay nadie, están todos de paro. El Servicio de Asistencia a la Víctima tampoco tiene respuestas. Es una situación muy grave y el Poder Ejecutivo debe tomar alguna medida para lograr una solución”.

En este escenario, en un comunicado conjunto del STJ, la Procuración General y la Defensa Pública, se advirtió que “la crisis existente en la provincia desde 2018, lejos de mejorar se agravó; el Poder Judicial no es responsable de esta situación y se encuentra gravemente afectado para poder brindar a la ciudadanía un acceso normal a los organismos judiciales”.

Mínimo

Desde el comienzo del conflicto, el SITRAJUCh, el STJ, la Defensa, la Fiscalía y la Asociación de Magistrados y Funcionarios, “mantuvieron un diálogo permanente a fin de brindar una mínima prestación del servicio”.

“Es preocupante para todos los integrantes del Poder Judicial, la realidad económica. No se avizora en lo inmediato una salida de esta crisis, que redunda en un malestar general y se observa que aumentan las situaciones acuciantes en las economías familiares, al punto de afectar la salud de los trabajadores”.#

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Simbólico. Los afiliados al SITRAJUCh abrazaron la sede en Rawson del Superior Tribunal para hacer visible la profundidad de la crisis e insistir con su reclamo por los sueldos.
12 MAR 2020 - 20:59

Nuevamente se reunió el Poder Judicial en pleno para acordar cómo se brindará el servicio de Justicia ante la continuidad de las medidas de fuerza de los empleados por la demora en el cobro de sus haberes. Se derogó la Acordada 4842/2020 y se consensuó que los titulares de cada organismo están habilitados a disponer de la dotación mínima de personal “agotando los mecanismos de consenso”.

Se atenderán las causas urgentes, graves o impostergables, suspendiendo las audiencias que no reflejen este criterio. También se autorizó a los titulares de los organismos a eximir de ir al lugar de trabajo a quienes acrediten la imposibilidad de hacerlo por falta de dinero. El acuerdo se revisará una vez por semana.

“Por fin”

El ministro Alejandro Panizzi resaltó que en la reunión “por fin logramos ponernos de acuerdo en puntos centrales. El compromiso es que cada titular de organismo decida cuál es la dotación mínima que se requiere para completar un elenco de emergencia en esta crisis”.

Resta establecer “la revisión de los plazos de 6 meses de investigación que tienen los fiscales que, claramente ante esta situación, hay que poner la lupa allí y estudiar para tomar una decisión y, por otro lado, la suspensión de términos que en el caso de quienes tienen la responsabilidad funcional de cumplir con plazos los exime de una responsabilidad que realmente no pueden cumplir. Se está evaluando”.

La suspensión se resolvió pero falta acordar con los Colegios de Abogados con quienes el ministro Mario Vivas se reunirá en breve. “No queremos dejar de escuchar a ningún sector y los abogados son actores centrales del elenco de los procesos y los tenemos que escuchar. Creemos que vamos a tener empatía de su parte y van a comprender que esta fuerza arrolladora de los hechos genera problemas graves”, afirmó Panizzi.

El ministro reconoció que “la palabra garantizar es muy fuerte, no se puede garantizar el servicio pleno en un contexto de crisis. Lo que queremos garantizar es que no se interrumpan las causas graves y urgentes, con detenidos, los amparos, pero de ahí a una garantía plena, claro que no”.

El juez laboral de Trelew, Paulo König, remarcó que “nunca hubo una crisis así, donde no se cobren los sueldos casi tres meses y eso hace que por más que exista buena voluntad de los empleados y de los magistrados para sacar algunas causas, hasta eso se dificulta. Por la situación en la que estamos, ni siquiera creo que se pueda llegar a decir que estamos en condiciones de garantizar las causas urgentes”.

Según el magistrado, “tienen que tomarse, de parte del Poder Ejecutivo, las medidas que permitan que el Poder Judicial funcione”.

En la misma reunión, dijo el juez, sus colegas del fuero penal dijeron que “no hay alimentos para los presos. Que en los últimos días han hecho milagros como para alcanzar algún alimento, sin respetar las calorías mínimas que se requieren”.

Otros inconvenientes son que “se envían oficios a las instituciones educativas para que informen sobre condiciones de asistencia de alumnos en causas familiares y no los contesta nadie porque no hay nadie, están todos de paro. El Servicio de Asistencia a la Víctima tampoco tiene respuestas. Es una situación muy grave y el Poder Ejecutivo debe tomar alguna medida para lograr una solución”.

En este escenario, en un comunicado conjunto del STJ, la Procuración General y la Defensa Pública, se advirtió que “la crisis existente en la provincia desde 2018, lejos de mejorar se agravó; el Poder Judicial no es responsable de esta situación y se encuentra gravemente afectado para poder brindar a la ciudadanía un acceso normal a los organismos judiciales”.

Mínimo

Desde el comienzo del conflicto, el SITRAJUCh, el STJ, la Defensa, la Fiscalía y la Asociación de Magistrados y Funcionarios, “mantuvieron un diálogo permanente a fin de brindar una mínima prestación del servicio”.

“Es preocupante para todos los integrantes del Poder Judicial, la realidad económica. No se avizora en lo inmediato una salida de esta crisis, que redunda en un malestar general y se observa que aumentan las situaciones acuciantes en las economías familiares, al punto de afectar la salud de los trabajadores”.#


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