Pedirán 5 años de prisión para Santiago Goodman
Es por los incendios del año pasado en Legislatura y Casa de Gobierno. Los otros imputados son Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro. La fiscal Florencia Gómez dijo que el líder de ATECh fue uno de los organizadores e impartió ordenes durante esos graves incidentes.
La fiscal María Florencia Gómez pedirá cinco años de prisión para Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro por los incendios en Legislatura y en Casa de Gobierno, los días 17 y 18 de septiembre de 2019. Así surge de la acusación que esta semana presentó la investigadora, como paso previo a la audiencia preliminar al juicio oral y público.
Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, la investigación se basó en una importante cantidad de fotos y filmaciones en los incidentes, además de lo contado por 65 testigos que se tiene previsto declaren. El delito de incendio en el que están involucrados prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.
La fiscal Gómez fundamentó su postura en “la educación y posición socio cultural” de los imputados, que “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, que “a pesar de ello no cesaron en su cometido”, además de las dimensiones del “daño causado”. A favor tuvo en cuenta que no poseen antecedentes.
Si la fiscal no prueba el delito de incendio, pedirá que se les impute daño agravado. Si así sucede pedirá una pena de tres años para cada uno.
La investigación da cuenta de las pintadas previas y daños en el sector público aledaño a Legislatura, para posteriormente trasponer las vallas de seguridad, dañar a pedradas y objetos contundentes el ingreso vidriado e iniciar el incendio en esa zona usando pallets de madera y neumático que habían sido transportados en una Renault Kangoo propiedad de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut.
A Goodman –secretario general del gremio- se lo señala como el organizador y que da directivas en el lugar además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar más elementos usados para la combustión.
Se sindica a Castro y Ancaleo como las personas –entre otras no identificadas- que bajan los elementos para alimentar los focos ígneos en el hall de acceso a la Legislatura que además afectaron seriamente la Sala de Sesiones. También participan de estas acciones de avivar el fuego Goodman y Schierloh.
Ya de madrugada, un centenar de manifestantes se dirigen a uno de los accesos en Casa de Gobierno donde además de romper las vallas producen un incendio similar que afecta una puerta doble de madera, dañando el interior, afectando también la provisión de servicios.
“Provocan mayores daños y la sustracción de bienes públicos, como computadoras, utilizando para avivar el fuego documentación sacada del interior de las oficinas”. Dañaron a pedradas 13 ventanas del edificio sobre Belgrano y 16 sobre Vacchina.
En ambos incendios además se afectó la salud de policías y empleados de la Legislatura por la inhalación de monóxido de carbono en la intención de sofocar las llamas. Hubo un oficial de policía afectado en el rostro por un objeto contundente arrojado por los manifestantes.
La fiscal María Florencia Gómez pedirá cinco años de prisión para Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro por los incendios en Legislatura y en Casa de Gobierno, los días 17 y 18 de septiembre de 2019. Así surge de la acusación que esta semana presentó la investigadora, como paso previo a la audiencia preliminar al juicio oral y público.
Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, la investigación se basó en una importante cantidad de fotos y filmaciones en los incidentes, además de lo contado por 65 testigos que se tiene previsto declaren. El delito de incendio en el que están involucrados prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.
La fiscal Gómez fundamentó su postura en “la educación y posición socio cultural” de los imputados, que “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, que “a pesar de ello no cesaron en su cometido”, además de las dimensiones del “daño causado”. A favor tuvo en cuenta que no poseen antecedentes.
Si la fiscal no prueba el delito de incendio, pedirá que se les impute daño agravado. Si así sucede pedirá una pena de tres años para cada uno.
La investigación da cuenta de las pintadas previas y daños en el sector público aledaño a Legislatura, para posteriormente trasponer las vallas de seguridad, dañar a pedradas y objetos contundentes el ingreso vidriado e iniciar el incendio en esa zona usando pallets de madera y neumático que habían sido transportados en una Renault Kangoo propiedad de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut.
A Goodman –secretario general del gremio- se lo señala como el organizador y que da directivas en el lugar además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar más elementos usados para la combustión.
Se sindica a Castro y Ancaleo como las personas –entre otras no identificadas- que bajan los elementos para alimentar los focos ígneos en el hall de acceso a la Legislatura que además afectaron seriamente la Sala de Sesiones. También participan de estas acciones de avivar el fuego Goodman y Schierloh.
Ya de madrugada, un centenar de manifestantes se dirigen a uno de los accesos en Casa de Gobierno donde además de romper las vallas producen un incendio similar que afecta una puerta doble de madera, dañando el interior, afectando también la provisión de servicios.
“Provocan mayores daños y la sustracción de bienes públicos, como computadoras, utilizando para avivar el fuego documentación sacada del interior de las oficinas”. Dañaron a pedradas 13 ventanas del edificio sobre Belgrano y 16 sobre Vacchina.
En ambos incendios además se afectó la salud de policías y empleados de la Legislatura por la inhalación de monóxido de carbono en la intención de sofocar las llamas. Hubo un oficial de policía afectado en el rostro por un objeto contundente arrojado por los manifestantes.