PROVINCIA

Opinión / El fracaso del sistema penal: la otra cara de la moneda

El caso de Nicolás Aguerre.

12/07/2020 02:00

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Por Horacio Hernández /Abogado penalista de Esquel / Especial para Jornada

Desde siempre ejerciendo mi profesión de abogado defensor penal he recibido más críticas que halagos de la sociedad, inclusive mi propia madre me recrimina “cómo defiendes a esos delincuentes”.

En el convencimiento íntimo y personal que todos los involucrados en causas penales son primeramente seres humanos, trato de encontrar justificativos, atenuantes, entenderlos y con esa convicción es que ejerzo el rol no muy simpático para la sociedad, para la Policía e inclusive parte de los agentes encargados del sistema penal, los fiscales y los jueces.

Desde hace cuatro días se ha profundizado mi sentimiento que se resume en el título de esta nota de opinión, al haber sido liberado Nicolás Aguerre, un pibe de apenas 22 años que debía haber salido de prisión el 20 de marzo del 2020, pero por un informe negativo de la Policía en el lugar de cumplimiento de su condena, una comisaria, recién salió hace cuatro días.

Desde que salió lo he visto todos los días porque me llama, porque no tiene para comer, porque con la ayuda de su madre le habían puesto un negocio en el barrio, pero luego de aquel informe de la Policía no salió, la cuarentena afectó a su mujer, su hijo y su hermana, que no pudieron sostener el negocio y, lógicamente, se fundieron.

Hoy está en discusión, cuando el gobernador Mariano Arcioni dice que pondrá un tope salarial a los empleados judiciales, si es legal o inconstitucional. En mi opinión, lo de los jueces no se debería tocar, por la responsabilidad que tienen; pero me hago la siguiente pregunta: un empleado judicial medio le cuesta al Estado Provincial cerca de $ 3.000.000 al año y el mismo Estado no puede destinar un solo peso a una persona que termina de estar detenido, en este caso casi un año -es decir, una pena corta- pero que lo terminó de destruir en todo sentido, en su economía, en su trabajo, con su familia y por ahora lo ayudo con 500 o 600 pesos por día.

En otros países un preso tiene un sueldo y existen patronatos del Estado que se ocupan del mismo cuando termina una condena, lo asisten y si necesita hasta hay emprendimientos de los mismos exdetenidos que le dan la posibilidad de tener un trabajo.

En este caso, en nuestra provincia, ni siquiera tenemos lugares de detención constitucionalmente válidos, ya que las comisarias no lo son, y no es culpa del comisario hacer un mal informe, no es culpa de la comisaria no tener lugar de estudio para hacer cursos ni mucho menos darle asistencia una vez que termine de cumplir la condena.

Sólo me imagino asignar, digamos, los sueldos de dos empleados judiciales por un año y obtener así unos $ 6.000.000 anuales, con los cuales se podrían hacer una fábrica de bloques, una carpintería, algún otro emprendimiento laboral, para cuando el que cumple la condena no quede tirado en la calle como Nicolás, a quien le deseo lo mejor y aconsejo que se resista a delinquir. Especialmente después de prestar consentimiento a aparecer en esta nota con nombre y apellido, no quiero imaginarme cómo será tratado si la vida lo lleva nuevamente a estar frente un proceso penal.