Ordenaron suspender el ingreso de presos a la Unidad 6 e investigan cómo se decidió el traslado
Lo resolvió el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, luego de los casos positivos detectados en una comitiva de reclusos que llegó de dos provincias. También pidió extremar los cuidados dentro del penal. Para el fiscal Gélvez el procedimiento del SPF ocurrió “fuera de toda lógica y razonabilidad”.
El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, le ordenó al director de la Unidad 6 de esa capital, prefecto Néstor Álvarez, que suspenda traslados e ingresos de internos hasta que se resuelva la situación de los 9 presos contagiados de Covid-19. Integraban una comitiva de 20 alojados en los penales de Ezeiza y Venado Tuerto que fueron traídos a Chubut sin avisar al Gobierno provincial, a la Municipalidad ni al Juzgado.
Lleral también exigió que la Dirección de Sanidad de la U-60 intensifique los cuidados preventivos y de protección del personal y del resto de los internos. El magistrado acogió un hábeas corpus del Defensor Público Federal, David Chassagnade, en representación de los presos y como miembro de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. El recurso solicita informes a la U-6 y al Servicio Penitenciario para saber cómo se realizó el traslado, y verificar si se observaron los protocolos sanitarios. Fueron notificadas la interventora del SPF, María Laura Garrigós, y a la ministro de Justicia, Marcela Losardo.
El juez confirmó que al iniciar la pandemia “hubo traslados de internos de la U-6 que iban a obtener la libertad”. Como residen en Buenos Aires, “los traslados fueron normales porque partían de un lugar sin circulación de virus. En la U-6 hasta ahora no habíamos tenido ningún caso”.
El grupo que arribó es el primero “cuando Buenos Aires es el mayor centro de circulación del virus”. Lleral ordenó que no haya otro traslado “cuando ya tenemos nueve casos. Es para evitar que recrudezca y como ya tenemos la certeza de un riesgo cierto, había que decidir rápido”.
Los traslados los decide el SPF. “Son frecuentes y no se informan a nadie por cuestiones de seguridad”. Días, lugares, fechas y horarios sólo los conocen las autoridades carcelarias. “Hasta donde sabemos, no intervino ningún juez en la orden de estos traslados”.
El fiscal federal Fernando Gélvez ya motorizó una investigación para saber si hubo un delito en la toma de esta decisión. “Hay un decreto presidencial que dispone estas medidas, y hay una autoridad nacional que dispuso este traslado desde un centro de gran circulación comunitaria y alta cantidad de contagios, hacia un lugar donde no existía circulación”.
“Es una hipótesis a analizar que en esta situación extraordinaria, debió haber una comunicación oficial de las autoridades del Poder Ejecutivo a Provincia o al menos a las autoridades sanitarias, porque en este momento es la que tiene la primera y la última palabra en todas las intervenciones”, concluyó.
Por su parte, el fiscal Gélvez precisó que el grupo viene de los penales de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y Venado Tuerto, en Santa Fe. “Evidentemente hay un hecho aparentemente delictivo que hay que investigar por violar el artículo 205 del Código Penal”. Este artículo pena a quienes ponen en riesgo la salud pública. Los responsables serían las autoridades federales que dispusieron el traslado “y algún ministro o autoridad inferior de la cual depende la interventora del SPF”.
Gélvez recibió un oficio del juez Horacio Yangüela, que coordina la ejecución de la pena de Chubut. Admitió que la Fiscalía “no tuvo información oficial, no nos avisaron del traslado”. Pero aclaró que suele suceder que la U-6 comunique sólo posibles delitos.
Para el fiscal, el traslado “no corresponde porque los dos juzgados federales de Rawson como esta Fiscalía, desde marzo, cuando se decretó el aislamiento, no hicimos traslados pese a que hubo pedidos de audiencias presenciales de los internos. Fue para cuidar a la población carcelaria, al resto de la sociedad en Rawson y a quienes trabajamos dentro del Poder Judicial”.
“Si de lo que se trata es de evitar la circulación, la hemos evitado totalmente. Sin la presencia de internos porque los infectólogos nos explicaron que son lugares donde, si entra el virus, se propala mucho más rápido”.
Gélvez quiere saber “la manera en que se efectuó el traslado, la cantidad de personas involucradas en el mismo y el transporte. No sé si realmente el hisopado se les hizo antes de salir o no, o si esperaron el resultado y, no obstante, los trasladaron”.
“Estando en una zona donde realmente se quiere aislar como es el AMBA, no cabe de ninguna manera pensar que es razonable que se trasladen a zonas donde no hay casi casos, exponiendo a la población carcelaria y a todas las ciudades del Valle Inferior”.
En estos meses no se hacían traslados “porque es irrazonable hacerlo, y máxime desde una zona donde hay alto contagio y una circulación muy importante”.
“Sin ser alarmista, no sabemos si se puede propalar. Viajó cierta cantidad de horas un grupo más los acompañantes. Por más que digan que hubo protocolos para recibirlos y se usó equipamiento, no lo sabemos. Seguramente aislarán a un montón de trabajadores de la U-6 y familiares”.
También hay que investigar si el vehículo se usó de nuevo para otros traslados de otros internos y a qué parte del país.
“Hay cuestiones que en esta situación no se debieran haber llevado a cabo”, afirmó Gélvez.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal precisó que la decisión del traslado está “fuera de toda lógica y razonabilidad” y fue “un desatino” de la cúpula del SPF.
“Contrariando las normas legales en la materia, habrían ordenado el traslado con los serios y reales riesgos de rápida propagación de dicha enfermedad entre los propios agentes que trabajan en el establecimiento, y su consecuente transmisión en la comunidad del Valle Inferior del Río Chubut”.
El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, le ordenó al director de la Unidad 6 de esa capital, prefecto Néstor Álvarez, que suspenda traslados e ingresos de internos hasta que se resuelva la situación de los 9 presos contagiados de Covid-19. Integraban una comitiva de 20 alojados en los penales de Ezeiza y Venado Tuerto que fueron traídos a Chubut sin avisar al Gobierno provincial, a la Municipalidad ni al Juzgado.
Lleral también exigió que la Dirección de Sanidad de la U-60 intensifique los cuidados preventivos y de protección del personal y del resto de los internos. El magistrado acogió un hábeas corpus del Defensor Público Federal, David Chassagnade, en representación de los presos y como miembro de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. El recurso solicita informes a la U-6 y al Servicio Penitenciario para saber cómo se realizó el traslado, y verificar si se observaron los protocolos sanitarios. Fueron notificadas la interventora del SPF, María Laura Garrigós, y a la ministro de Justicia, Marcela Losardo.
El juez confirmó que al iniciar la pandemia “hubo traslados de internos de la U-6 que iban a obtener la libertad”. Como residen en Buenos Aires, “los traslados fueron normales porque partían de un lugar sin circulación de virus. En la U-6 hasta ahora no habíamos tenido ningún caso”.
El grupo que arribó es el primero “cuando Buenos Aires es el mayor centro de circulación del virus”. Lleral ordenó que no haya otro traslado “cuando ya tenemos nueve casos. Es para evitar que recrudezca y como ya tenemos la certeza de un riesgo cierto, había que decidir rápido”.
Los traslados los decide el SPF. “Son frecuentes y no se informan a nadie por cuestiones de seguridad”. Días, lugares, fechas y horarios sólo los conocen las autoridades carcelarias. “Hasta donde sabemos, no intervino ningún juez en la orden de estos traslados”.
El fiscal federal Fernando Gélvez ya motorizó una investigación para saber si hubo un delito en la toma de esta decisión. “Hay un decreto presidencial que dispone estas medidas, y hay una autoridad nacional que dispuso este traslado desde un centro de gran circulación comunitaria y alta cantidad de contagios, hacia un lugar donde no existía circulación”.
“Es una hipótesis a analizar que en esta situación extraordinaria, debió haber una comunicación oficial de las autoridades del Poder Ejecutivo a Provincia o al menos a las autoridades sanitarias, porque en este momento es la que tiene la primera y la última palabra en todas las intervenciones”, concluyó.
Por su parte, el fiscal Gélvez precisó que el grupo viene de los penales de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y Venado Tuerto, en Santa Fe. “Evidentemente hay un hecho aparentemente delictivo que hay que investigar por violar el artículo 205 del Código Penal”. Este artículo pena a quienes ponen en riesgo la salud pública. Los responsables serían las autoridades federales que dispusieron el traslado “y algún ministro o autoridad inferior de la cual depende la interventora del SPF”.
Gélvez recibió un oficio del juez Horacio Yangüela, que coordina la ejecución de la pena de Chubut. Admitió que la Fiscalía “no tuvo información oficial, no nos avisaron del traslado”. Pero aclaró que suele suceder que la U-6 comunique sólo posibles delitos.
Para el fiscal, el traslado “no corresponde porque los dos juzgados federales de Rawson como esta Fiscalía, desde marzo, cuando se decretó el aislamiento, no hicimos traslados pese a que hubo pedidos de audiencias presenciales de los internos. Fue para cuidar a la población carcelaria, al resto de la sociedad en Rawson y a quienes trabajamos dentro del Poder Judicial”.
“Si de lo que se trata es de evitar la circulación, la hemos evitado totalmente. Sin la presencia de internos porque los infectólogos nos explicaron que son lugares donde, si entra el virus, se propala mucho más rápido”.
Gélvez quiere saber “la manera en que se efectuó el traslado, la cantidad de personas involucradas en el mismo y el transporte. No sé si realmente el hisopado se les hizo antes de salir o no, o si esperaron el resultado y, no obstante, los trasladaron”.
“Estando en una zona donde realmente se quiere aislar como es el AMBA, no cabe de ninguna manera pensar que es razonable que se trasladen a zonas donde no hay casi casos, exponiendo a la población carcelaria y a todas las ciudades del Valle Inferior”.
En estos meses no se hacían traslados “porque es irrazonable hacerlo, y máxime desde una zona donde hay alto contagio y una circulación muy importante”.
“Sin ser alarmista, no sabemos si se puede propalar. Viajó cierta cantidad de horas un grupo más los acompañantes. Por más que digan que hubo protocolos para recibirlos y se usó equipamiento, no lo sabemos. Seguramente aislarán a un montón de trabajadores de la U-6 y familiares”.
También hay que investigar si el vehículo se usó de nuevo para otros traslados de otros internos y a qué parte del país.
“Hay cuestiones que en esta situación no se debieran haber llevado a cabo”, afirmó Gélvez.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal precisó que la decisión del traslado está “fuera de toda lógica y razonabilidad” y fue “un desatino” de la cúpula del SPF.
“Contrariando las normas legales en la materia, habrían ordenado el traslado con los serios y reales riesgos de rápida propagación de dicha enfermedad entre los propios agentes que trabajan en el establecimiento, y su consecuente transmisión en la comunidad del Valle Inferior del Río Chubut”.