Editorial / Con la “nueva normalidad”, en Chubut se viene una discusión profunda por el reparto de ingresos
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
Instalada ya la “nueva normalidad” y con flexibilizaciones de actividades que se suman semana a semana, dependiendo de la situación epidemiológica en torno al Covid-19 de cada región de la provincia, desde distintos sectores y estamentos se trabaja ahora en el después de la pandemia y, en ese marco, hay una discusión en ciernes que promete ocupar un lugar medular en el horizonte político inmediato porque juega un papel vital en el día a día de cada gestión: el reparto de dinero.
Comienzan a asomar sectores del espectro político provincial que plantean la necesidad de discutir una nueva Ley de Coparticipación Provincial, lo que incluye las regalías hidrocarburíferas y también impuestos federales. El cambio de las reglas de juego y de la distribución demográfica de la provincia debería imponer, también, una variante en la forma de distribuir el dinero entre los municipios. En los hechos, un grupo de diputados provinciales ya comenzó a generar charlas en línea con esa idea. Es necesaria una Ley más progresiva, se afirma.
No será fácil porque se discutirá lisa y llanamente de dinero y si la distribución va a cambiar y el paquete a repartir no varía, siempre habrá quienes tengan que ceder en pos de un beneficio más equitativo, que es el objetivo central que se pretende.
En esa línea, son hoy los municipios del Valle Inferior del Río Chubut quienes han quedado relegados, siendo que además de soportar una crisis más aguda producto de las políticas nacionales de los últimos años también han experimentado un crecimiento demográfico mayor respecto al resto de la geografía provincial por lo que deberían reclamar, entonces, que esa variable se vea reflejada en el reparto de dinero.
La norma vigente de coparticipación en Concepto de Regalías Hidrocarburíferas (Ley II- Nro 7, antes 2389) otorga por ejemplo un 40 por ciento de esos ingresos a Comodoro Rivadavia, basada en su entonces constante crecimiento poblacional en contraposición con lo que ocurría en el resto de Chubut. Y no fue lo único, contribuyó también a eso la renegociación del contrato con PAE en 2007.
Hoy esos números son distintos porque simplemente la provincia no es igual que en 1983, no lo es su distribución poblacional. El reparto de dinero termina por provocar, entonces, inequidades que deben como mínimo morigerarse, sino terminarse. No es posible que el presupuesto de obras públicas de la ciudad petrolera ronde los 2.800 millones de pesos cuando el Estado provincial exhibe uno de 2.000 millones, un dato que pinta crudamente la actualidad y que exige cambios.
Ante esa distribución que le otorga a un solo municipio un volumen nada despreciable de dinero, como se dijo, quienes ceden son el resto de las ciudades que se quedan con porcentajes muy menores siendo que hoy la antigua diferencia poblacional se ha licuado. Con las actuales condiciones macro no se puede hablar de ricos y pobres, pero ese termina siendo el concepto que plasma la Ley actual y es, como mínimo, injusto.
Un rápido conteo basado en los organismos nacionales que miden distintas variables en todo el país demuestra con facilidad que el Valle Inferior hoy posee una mayor población y esto no está reflejado en el reparto de la Ley de Coparticipación. Ocurre algo parecido con los impuestos federales, cuyo 30 por ciento se lleva Comodoro.
No se trata, debe reconocerse, de una idea original: ya a nivel país hay regiones que quieren discutirlo con Nación y dentro de la geografía provincial son los intendentes quienes empiezan a ver la necesidad de ajustar los repartos, acicateados claro por la crisis económica que comenzó con la administración Macri y que no solo no logra romper su cadencia, sino que, pandemia y cuarentena mediante, se profundizó a límites insoportables.
La disputa será cruda y hasta cruel porque nadie, nunca, quiere resignar dinero. Ocurre en la vida y ocurre especialmente en política, donde todo el mundo alaba la capacidad de gobernar con imaginación cuando no hay ingresos suficientes, pero nadie está dispuesto a hacerlo en los hechos si puede dar una pelea para evitarlo.
Cualquier política que se implemente necesita fondos para sostenerse. Eso se entiende a la perfección y es por ello que cualquiera comprende que cuando más plata reciba un municipio más posibilidades tendrá de gobernar mejor. Y no está mal que Comodoro Rivadavia, por ejemplo, reciba las sumas que recibe. Lo que se discutirá en breve en Chubut tiene más que ver con el resto de las ciudades y la pregunta incómoda que necesariamente debe hacerse y responderse: ¿Por qué el resto, siendo que las actuales condiciones avalan un cambio en el reparto, deben soportar la inequidad?
Pronto comenzaremos a ver cómo se responde ese cuestionamiento.
Instalada ya la “nueva normalidad” y con flexibilizaciones de actividades que se suman semana a semana, dependiendo de la situación epidemiológica en torno al Covid-19 de cada región de la provincia, desde distintos sectores y estamentos se trabaja ahora en el después de la pandemia y, en ese marco, hay una discusión en ciernes que promete ocupar un lugar medular en el horizonte político inmediato porque juega un papel vital en el día a día de cada gestión: el reparto de dinero.
Comienzan a asomar sectores del espectro político provincial que plantean la necesidad de discutir una nueva Ley de Coparticipación Provincial, lo que incluye las regalías hidrocarburíferas y también impuestos federales. El cambio de las reglas de juego y de la distribución demográfica de la provincia debería imponer, también, una variante en la forma de distribuir el dinero entre los municipios. En los hechos, un grupo de diputados provinciales ya comenzó a generar charlas en línea con esa idea. Es necesaria una Ley más progresiva, se afirma.
No será fácil porque se discutirá lisa y llanamente de dinero y si la distribución va a cambiar y el paquete a repartir no varía, siempre habrá quienes tengan que ceder en pos de un beneficio más equitativo, que es el objetivo central que se pretende.
En esa línea, son hoy los municipios del Valle Inferior del Río Chubut quienes han quedado relegados, siendo que además de soportar una crisis más aguda producto de las políticas nacionales de los últimos años también han experimentado un crecimiento demográfico mayor respecto al resto de la geografía provincial por lo que deberían reclamar, entonces, que esa variable se vea reflejada en el reparto de dinero.
La norma vigente de coparticipación en Concepto de Regalías Hidrocarburíferas (Ley II- Nro 7, antes 2389) otorga por ejemplo un 40 por ciento de esos ingresos a Comodoro Rivadavia, basada en su entonces constante crecimiento poblacional en contraposición con lo que ocurría en el resto de Chubut. Y no fue lo único, contribuyó también a eso la renegociación del contrato con PAE en 2007.
Hoy esos números son distintos porque simplemente la provincia no es igual que en 1983, no lo es su distribución poblacional. El reparto de dinero termina por provocar, entonces, inequidades que deben como mínimo morigerarse, sino terminarse. No es posible que el presupuesto de obras públicas de la ciudad petrolera ronde los 2.800 millones de pesos cuando el Estado provincial exhibe uno de 2.000 millones, un dato que pinta crudamente la actualidad y que exige cambios.
Ante esa distribución que le otorga a un solo municipio un volumen nada despreciable de dinero, como se dijo, quienes ceden son el resto de las ciudades que se quedan con porcentajes muy menores siendo que hoy la antigua diferencia poblacional se ha licuado. Con las actuales condiciones macro no se puede hablar de ricos y pobres, pero ese termina siendo el concepto que plasma la Ley actual y es, como mínimo, injusto.
Un rápido conteo basado en los organismos nacionales que miden distintas variables en todo el país demuestra con facilidad que el Valle Inferior hoy posee una mayor población y esto no está reflejado en el reparto de la Ley de Coparticipación. Ocurre algo parecido con los impuestos federales, cuyo 30 por ciento se lleva Comodoro.
No se trata, debe reconocerse, de una idea original: ya a nivel país hay regiones que quieren discutirlo con Nación y dentro de la geografía provincial son los intendentes quienes empiezan a ver la necesidad de ajustar los repartos, acicateados claro por la crisis económica que comenzó con la administración Macri y que no solo no logra romper su cadencia, sino que, pandemia y cuarentena mediante, se profundizó a límites insoportables.
La disputa será cruda y hasta cruel porque nadie, nunca, quiere resignar dinero. Ocurre en la vida y ocurre especialmente en política, donde todo el mundo alaba la capacidad de gobernar con imaginación cuando no hay ingresos suficientes, pero nadie está dispuesto a hacerlo en los hechos si puede dar una pelea para evitarlo.
Cualquier política que se implemente necesita fondos para sostenerse. Eso se entiende a la perfección y es por ello que cualquiera comprende que cuando más plata reciba un municipio más posibilidades tendrá de gobernar mejor. Y no está mal que Comodoro Rivadavia, por ejemplo, reciba las sumas que recibe. Lo que se discutirá en breve en Chubut tiene más que ver con el resto de las ciudades y la pregunta incómoda que necesariamente debe hacerse y responderse: ¿Por qué el resto, siendo que las actuales condiciones avalan un cambio en el reparto, deben soportar la inequidad?
Pronto comenzaremos a ver cómo se responde ese cuestionamiento.