POLICIALES

La querellante aseguró que hay por lo menos 30 testigos que confirman el maltrato militar

El caso de las tres soldados voluntarias.

25/08/2020 02:00

Causa. Castro Ramos (izquierda) y Llanquinao, la letrada querellante.

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Luego de que este diario diera cuenta de que el exsegundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3, con asiento en Esquel, Matías Castro Ramos, procesado por coacción y maltrato arbitrario contra tres soldados voluntarias de Esquel, ofreció pagarles 30 mil pesos y donar otros 10 mil a la Cooperadora del Hospital Zonal, para no ser sometido a juicio oral y público, habló la abogada de una de las voluntarias (A.L.), Mariela Llanquinao.

Consideró que el imputado y su defensor pueden apelar a todos los recursos legales, y pedir los pasos procesales que crean convenientes, porque así no se violaría el derecho de defensa en juicio ni las garantías constitucionales. Pero ahora, con el planteo de la suspensión del juicio a prueba en la Cámara Federal de Casación Penal, “estoy disconforme porque para pedir medidas hay que cumplir requisitos, y al ser funcionario público, no podría pedir ese recurso”, explicó.

La letrada indicó que tuvieron una audiencia virtual en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia y se pidió la elevación a juicio del caso. Llanquinao sugirió que hasta ese tramo las partes recurrirán a todas las herramientas posibles, e insistió en su oposición a la probation, más cuando se encuadra en un delito de violencia de género.

La abogada patrocina a una de las tres soldados voluntarias, y las restantes son representadas por la Fiscalía. Y en cuanto al ofrecimiento de plata a la víctima, dijo que “fue un acto de discriminación del imputado, quien afirmó que quizás a mi defendida le correspondería más de 30 mil pesos, porque las otras dos soldados tiraron la piedra y escondieron la mano”.

Llanquinao manifestó que una reparación económica le corresponde a la víctima, pero no es admisible suspender el juicio a prueba, menos por ese monto. Incluso se puede hacer el reclamo penal. “Por ahora en el ámbito federal buscamos la sanción a un delito encuadrado en la violencia de género”.

Castro Ramos está retirado del Ejército. Pero la querellante aseguró que no deja de ser funcionario público, porque de acuerdo a la reglamentación militar su pertenencia a la fuerza queda en suspenso y si ocurre una cuestión extraordinaria, vuelve a ser parte.

En cuanto al proceso, la abogada señaló que contaron con 30 testimonios, incluidos integrantes del Regimiento. “Todos abonan la teoría y testimonio de las víctimas”, más allá de que ella defiende sólo a una soldado. Los episodios ocurrieron en 2017 y 2018. Castro Ramos era mayor y vivía en el barrio de Oficiales del Regimiento “Coraceros General Pacheco” del Ejército Argentino, en Esquel.

“Castro Ramos planteó que era un complot en su contra, pero demostramos que las víctimas no eran amigas entre sí como para organizar la denuncia hacia él. De las tres denunciantes, una fue trasladada de pase a otra Unidad, otra sigue en el Regimiento de Caballería de Esquel y la tercera se retiró”. Llanquinao espera que Casación rechace el pedido del imputado.