Un auto que fue denunciado como robado era propiedad de la SCPL
El vehículo, hallado luego de un operativo policial, es propiedad de la Cooperatriva comodorense de Servicios Públicos, pero lo tenía a su cargo la coordinadora del INAES, Liliana Corzo, sin que nadie diera explicación sobre por el episodio.
Un confuso episodio involucró a Liliana Corzo, la coordinadora territorial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) quien denunció la sustracción de un vehículo el pasado 26 de agosto. El mismo permanecía estacionado en calle Huergo, entre España e Italia, a pocas cuadras de la zona céntrica de Comodoro Rivadavia según denunció la dirigente de extracción justicialista y cercana a Carlos Linares en la seccional Primera de Policía del Chubut.
Corzo argumentó que había dejado el auto en esa zona con el propósito de irse a trabajar y que al retornar de sus funciones, comprobó que el Chevrolet Onix Joy sedan 5 puertas motor 1.4 modelo 2017 identificado con la patente AC 001 JV había sido robado.
Policía desplegó un rápido operativo, se notificó a las unidades de la ciudad para tratar de establecer el paradero de la unidad con la sospecha de que el mismo podría ser dañado o desguazado. El mismo día, en horas de la madrugada personal de la Seccional Séptima halló un vehículo que respondía a las mismas características, sin chapa patente identificatoria, estacionado en un descampado detrás de la Escuela Salesiana Juan XXIII del barrio San Martín hallándose en su interior Norberto Damián Meza (27) y Valeria Salomé Marín (26) quienes fueron detenidos por el delito de encubrimiento.
Sin embargo, el hecho que pudo haberse tratado de un hecho policial más derivó en un nuevo elemento: el auto en cuestión, robado en pleno centro y que estaba a cargo de Corzo es propiedad de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que figura como responsable del dominio.
Se desconoce las razones por las cuales Liliana Corso, quien depende del INAES y mantiene contactos políticos con ésta unidad del Estado, conducía bajo su cargo, un vehículo que forma parte del parque automotor de la Sociedad Cooperativa. La propia SCPL no se expresó respecto a éste hecho, que podría derivar al menos, en una investigación interna para determinar fehacientemente el episodio que se denunció. La propia Cooperativa comodorense sin embargo, habría firmado convenios con el INAES y hasta habría determinado, instalar una oficina dentro de las propias oficinas corporativas según una propia determinación del polémico Consejo de Administración.
Corzo quien se encuentra abocada a ésta designación nacional, tuvo intenciones de candidatearse como concejal por el Partido Justicialista y según resolución Nro. 4179-19 del 16 de diciembre del año pasado había sido designada como coordinadora de la Secretaría de Modernización y Transparencia con un porcentaje de sueldo del intendente del 50 %. Inclusive una de sus hijas, de apellido Moreda, fue contratada por la Municipalidad y trabaja en el mismo área de Cooperativas que ella misma encabeza. Mientras tanto la SCPL autoriza discrecionalmente el uso de su capital; aumenta la polémica por casos de sobrefacturación debido a la no medición de consumos durante la pandemia y que generó denuncias.
Un confuso episodio involucró a Liliana Corzo, la coordinadora territorial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) quien denunció la sustracción de un vehículo el pasado 26 de agosto. El mismo permanecía estacionado en calle Huergo, entre España e Italia, a pocas cuadras de la zona céntrica de Comodoro Rivadavia según denunció la dirigente de extracción justicialista y cercana a Carlos Linares en la seccional Primera de Policía del Chubut.
Corzo argumentó que había dejado el auto en esa zona con el propósito de irse a trabajar y que al retornar de sus funciones, comprobó que el Chevrolet Onix Joy sedan 5 puertas motor 1.4 modelo 2017 identificado con la patente AC 001 JV había sido robado.
Policía desplegó un rápido operativo, se notificó a las unidades de la ciudad para tratar de establecer el paradero de la unidad con la sospecha de que el mismo podría ser dañado o desguazado. El mismo día, en horas de la madrugada personal de la Seccional Séptima halló un vehículo que respondía a las mismas características, sin chapa patente identificatoria, estacionado en un descampado detrás de la Escuela Salesiana Juan XXIII del barrio San Martín hallándose en su interior Norberto Damián Meza (27) y Valeria Salomé Marín (26) quienes fueron detenidos por el delito de encubrimiento.
Sin embargo, el hecho que pudo haberse tratado de un hecho policial más derivó en un nuevo elemento: el auto en cuestión, robado en pleno centro y que estaba a cargo de Corzo es propiedad de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que figura como responsable del dominio.
Se desconoce las razones por las cuales Liliana Corso, quien depende del INAES y mantiene contactos políticos con ésta unidad del Estado, conducía bajo su cargo, un vehículo que forma parte del parque automotor de la Sociedad Cooperativa. La propia SCPL no se expresó respecto a éste hecho, que podría derivar al menos, en una investigación interna para determinar fehacientemente el episodio que se denunció. La propia Cooperativa comodorense sin embargo, habría firmado convenios con el INAES y hasta habría determinado, instalar una oficina dentro de las propias oficinas corporativas según una propia determinación del polémico Consejo de Administración.
Corzo quien se encuentra abocada a ésta designación nacional, tuvo intenciones de candidatearse como concejal por el Partido Justicialista y según resolución Nro. 4179-19 del 16 de diciembre del año pasado había sido designada como coordinadora de la Secretaría de Modernización y Transparencia con un porcentaje de sueldo del intendente del 50 %. Inclusive una de sus hijas, de apellido Moreda, fue contratada por la Municipalidad y trabaja en el mismo área de Cooperativas que ella misma encabeza. Mientras tanto la SCPL autoriza discrecionalmente el uso de su capital; aumenta la polémica por casos de sobrefacturación debido a la no medición de consumos durante la pandemia y que generó denuncias.