PROVINCIA

El Bolsón: esperan que la justicia federal ordene el desalojo de 133 familias en Loma del Medio

Las familias ocupantes no aceptaron negociar una reubicación.

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La fiscal federal Sylvia Little cambió su posición respecto a la ocupación irregular de tierras en Loma del Medio y solicitó esta semana al juez Gustavo Zapata el desalojo de 133 familias que en las últimas semanas tomaron varias hectáreas cercanas a los puntos turísticos de El Mirador del Azul y Cabeza del Indio.

Por su parte, el intendente Bruno Pogliano calificó ayer como “acertada la decisión de la fiscal federal Sylvia Little. Siempre estuvimos convencidos que en la usurpación de tierras existe delito, por ello nuestro enérgico reclamo”.

“Tanto la comunidad de El Bolsón como yo solicitamos al juez Zapata que haga efectivo el pedido de la fiscalía y ordene el desalojo pacifico de la usurpación de tierras en la reserva natural Mirador del Azul y Cabeza del Indio en base a todas las pruebas y elementos aportados. No tiene forma de apartarse de lo que dice la ley y el Código Penal. Hay un buen antecedente judicial al respecto, con lo ordenado en las últimas horas en la localidad de Guernica (provincia de Buenos Aires)”, comparó.

En medio, el jefe comunal adelantó que “se puede trabajar en la posibilidad de reubicar a los vecinos que realmente necesitan un terreno donde levantar un techo”, al tiempo que estimó “en no más de 40 aquellas familias en esa situación, porque también hay muchos que están detrás de un negocio inmobiliario y en la especulación de ofrecer en venta la tierra a través de las redes sociales”.

“En definitiva –aseveró-, se revelará con el listado único que está llevando adelante el municipio”. De igual modo, valoró el convenio entre la comuna y el Inta “para la transferencia de 374 hectáreas en Loma del Medio, que nos permitiría un banco de tierras para dar respuesta a tanta demanda habitacional”.

En detalle, la fiscalía con asiento en San Carlos de Bariloche -a pedido del Inta-, requirió el desalojo del lugar al constatar la existencia de un delito, por cuanto “los ocupantes invadieron un sector de tales lotes en forma clandestina, habiendo llegado hasta allí por el bosque o por caminos clandestinos, puesto que no lo hicieron por el único acceso al lugar desde que este se encuentra custodiado, hecho ocurrido entre el 20 y el 25 de agosto pasado”.

En correspondencia, “los ocupantes han desmantelado parte de la flora silvestre -protegida por estar dentro de una reserva forestal-, para hacer leña y calefaccionarse, causando un serio impacto ambiental en el lugar”, se graficó.

No obstante, la fiscal Little también pidió en su dictamen que las secretarías de Desarrollo Social y Tierras de la Municipalidad de El Bolsón; al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que “intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas. Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaron en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, consideró.

Cuidar los bosques

Por su parte, representantes de instituciones y asociaciones de la comunidad de El Bolsón expresaron ayer su “voluntad inquebrantable y anhelo para que nuestros bosques nativos con especies en peligro de extinción sean preservados por las autoridades encargadas de velar por ellos”.

Recordaron que “hace nueve años -ante nuestro asombro-, vimos como 300 hectáreas de la reserva forestal Loma del Medio-Río Azul, fueron usurpadas, ocupadas, taladas y -en muchos casos- vendidas, haciendo un uso de estas tierras boscosas que no es el fin que la naturaleza destinó para ellas”.

“Hoy volvemos a asombrarnos ante un nuevo intento de repetir esa irreparable pérdida para nuestra comunidad y para la humanidad toda, y es por ello consideramos indispensable y urgente se desarticulen las actuales usurpaciones en la zona del Mirador del Río Azul y Cabeza del Indio, no solo para salvaguardar una zona boscosa tan querida y disfrutada por todos nosotros y por los muchos turistas que año tras año nos visitan, sino también para sentar el antecedente indispensable para que estas ocupaciones no se extiendan al resto de la reserva forestal”, subrayan.

Déficit habitacional

De todas maneras, aseveran ser “conscientes que estas conductas delictivas (usurpación, artículo 181 del Código Penal) que atentan contra el medio ambiente, tienen como base una realidad de déficit habitacional, altos valores inmobiliarios de las tierras y la ausencia de proyectos sociales de urbanización”.

También observan que “estas circunstancias -producto de la inacción y la incapacidad durante décadas de los poderes políticos de turno-, son aprovechadas por punteros políticos que organizan y fomentan las ocupaciones ilegales”.

Por último, reiteraron “nuestro más ferviente pedido a la justicia provincial y federal para que ordenen la desarticulación de las actuales ocupaciones, permitiendo con ello preservar las 75 hectáreas actualmente tomadas y velar que no se repitan en el futuro”.