El Bolsón: la justicia federal no aceptó pedido de desalojo en Loma del Medio
El intendente, Bruno Pogliano, rechazó la decisión del juez federal, Gustavo Zapata, tras argumentar que “no reconoce un delito en la ocupación de tierras de la reserva forestal. Es peligroso y alarmante el mensaje que expresa el magistrado en su resolución”.
El juez federal Gustavo Zapata no compartió el criterio de considerar un delito la ocupación irregular de unas 60 hectáreas cercanas al Mirador del Azul y Cabeza del Indio, en Loma del Medio, y rechazó en primera instancia el pedido de desalojo pedido por el INTA (a cargo de la administración del predio), compartido por las autoridades del municipio de El Bolsón.
Esta tarde, el intendente Bruno Pogliano rechazó “la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien no reconoce un delito en la ocupación de tierras de la reserva forestal. Es peligroso y alarmante el mensaje que expresa el magistrado en su resolución, dado que al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales promueve este accionar, imponiéndole además a los poderes ejecutivos la cesión de las mismas”.
En su fallo, el magistrado fue crítico al considerar que “las tierras ocupadas por unas 130 familias eran accesibles para los usurpadores”. En coincidencia, pidió a la comuna que “en los próximos 15 días, además de realizar un relevamiento exhaustivo de las familias asentadas en el predio, les brinde alojamiento”.
Cabe destacar que, en las cercanías, también existe un espacio cedido en comodato por el INTA al club El Refugio, que fue ocupado por otras 30 familias.
Por su parte, la fiscal federal Sylvia Little había considerado días pasados que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP (Código Penal), puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”.
La resolución de Zapata trajo desilusión en todo el arco político local, que tenía cifradas esperanzas en “recuperar las tierras linderas a dos de las postales por excelencia de nuestra ciudad, como son el Mirador del Río Azul y Cabeza del Indio”, por cuanto ahora apelarán a otras instancias judiciales, según se anticipó.
En su dictamen, el juez federal citó como antecedente inmediato “la presentación de una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal, que fue rechazada. Desde su óptica, la nueva presentación es “una mera reiteración, ahora en sede penal, de lo rechazado”.
En coincidencia, reclamó que “las secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón; el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas”.
A su criterio, “cualquiera sea la resolución del conflicto, traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se les otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”.
Luego de opinar que “en una inspección que se realizó en el terreno no se constataron roturas por parte de las familias que ingresaron al lugar”, remarcó que “no abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente–, no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas”.
Por último, peticiona al INTA que “en el caso de que su predio sea desocupado, realice un exhaustivo trabajo para su protección y de esa manera evitar nuevas usurpaciones”.
La Gobernadora Carreras también rechazó fallo judicial que avala la toma de tierras en El Bolsón
La Gobernadora, Arabela Carreras, rechazó la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, de no reconocer un delito en la ocupación de predios en El Bolsón. "Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras", dijo la mandataria.
Carreras rechazó la decisión del juez, quien “sentado en la comodidad de la silla de su despacho se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”.
El juez federal Gustavo Zapata no compartió el criterio de considerar un delito la ocupación irregular de unas 60 hectáreas cercanas al Mirador del Azul y Cabeza del Indio, en Loma del Medio, y rechazó en primera instancia el pedido de desalojo pedido por el INTA (a cargo de la administración del predio), compartido por las autoridades del municipio de El Bolsón.
Esta tarde, el intendente Bruno Pogliano rechazó “la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien no reconoce un delito en la ocupación de tierras de la reserva forestal. Es peligroso y alarmante el mensaje que expresa el magistrado en su resolución, dado que al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales promueve este accionar, imponiéndole además a los poderes ejecutivos la cesión de las mismas”.
En su fallo, el magistrado fue crítico al considerar que “las tierras ocupadas por unas 130 familias eran accesibles para los usurpadores”. En coincidencia, pidió a la comuna que “en los próximos 15 días, además de realizar un relevamiento exhaustivo de las familias asentadas en el predio, les brinde alojamiento”.
Cabe destacar que, en las cercanías, también existe un espacio cedido en comodato por el INTA al club El Refugio, que fue ocupado por otras 30 familias.
Por su parte, la fiscal federal Sylvia Little había considerado días pasados que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP (Código Penal), puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”.
La resolución de Zapata trajo desilusión en todo el arco político local, que tenía cifradas esperanzas en “recuperar las tierras linderas a dos de las postales por excelencia de nuestra ciudad, como son el Mirador del Río Azul y Cabeza del Indio”, por cuanto ahora apelarán a otras instancias judiciales, según se anticipó.
En su dictamen, el juez federal citó como antecedente inmediato “la presentación de una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal, que fue rechazada. Desde su óptica, la nueva presentación es “una mera reiteración, ahora en sede penal, de lo rechazado”.
En coincidencia, reclamó que “las secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón; el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas”.
A su criterio, “cualquiera sea la resolución del conflicto, traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se les otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”.
Luego de opinar que “en una inspección que se realizó en el terreno no se constataron roturas por parte de las familias que ingresaron al lugar”, remarcó que “no abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente–, no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas”.
Por último, peticiona al INTA que “en el caso de que su predio sea desocupado, realice un exhaustivo trabajo para su protección y de esa manera evitar nuevas usurpaciones”.
La Gobernadora Carreras también rechazó fallo judicial que avala la toma de tierras en El Bolsón
La Gobernadora, Arabela Carreras, rechazó la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, de no reconocer un delito en la ocupación de predios en El Bolsón. "Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras", dijo la mandataria.
Carreras rechazó la decisión del juez, quien “sentado en la comodidad de la silla de su despacho se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”.