Empresas eólicas advierten con reclamos legales por la tasa que impuso Madryn
La Cámara Eólica Argentina (CEA) salió al cruce de dos tasas aprobadas por el Concejo Deliberante.
Las empresas que integran la Cámara Eólica Argentina (CEA) advierten que podrían hacer reclamos legales por la tasa impositiva que impuso el municipio de Puerto Madryn, que según las operadoras de los parques eólicos podría significar alrededor del 4,5% de la facturación de los emprendimientos eólicos en la zona norte de Chubut.
“Como dijo la Corte Suprema de la Nación, al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Por estas razones, las llamadas 'tasas' constituyen en realidad verdaderos impuestos, vedados por el régimen constitucional general de reparto jurisdiccional en materia impositiva”, reza una nota enviada por la CEA a la Legislatura.
Todo comenzó a principios de año, cuando se aprobó amplió la extensión del ejido municipal de Puerto Madryn, por lo cual los emprendimientos eólicos ubicados en zonas rurales quedaron dentro del territorio municipal.
En abril, además, los concejales madrynenses aprobaron una tasa especial para todo el sector empresario, que obviamente incluyen a los parques eólicos. En el caso de la ciudad portuaria, los dos parques más grandes son de Genneia (una empresa del Grupo Brito/Banco Macro) y de Aluar, la principal empresa privada de Madryn.
Según la CEA, la norma se aprobó pese a que el artículo 225 de la Constitución de Chubut establece que la determinación territorial del municipio “tiene en cuenta especialmente la zona en que se presten total o parcialmente los servicios municipales” y que en esos campos no hay ninguna prestación municipal, dicen las empresas.
Las dos tasas que deben pagar los parques eólicos son por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental. La otra, por Construcción de Obras Particulares y Obrasrealizadas por empresas nacionales y provinciales, por la que se obliga a pagar esta tasa a los parques eólicos cuyas obras “se encuentren en ejecución o a ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la norma el 24 de abril de 2020”.
Esta semana, según las empresas hicieron saber a través de un nota publicada por el diario La Nación, hubo un cambio: la primera de las tasas, que se calculaba en función de los metros cuadrados del predio, varió su base; ahora, los parques eólicos, en vez de pagar por superficie, pasarán a hacerlo dependiendo de la producción de energía, asegura la CEA.
En estas horas, desde Aluar fijaron posición oficial sobre tema: “Esta nueva modalidad dictaminada es mucho más preocupante y gravosa que el formato de tasa incorporado a principios de este año, el cual no corresponde para este tipo de proyectos. El departamento de legales está estudiando los pasos a seguir en base a esta nueva normativa”, advirtió la compañía de la familia Madanes Quintanilla.
La cámara eólica en la que se sientan grandes jugadores empresarios también mandó a elaborar un informe técnico realizado por un estudio de abogados porteño que hizo varias evaluaciones: “La Nación asume programas ambiciosos, como el de fomento de las energías renovables, vinculado con compromisos internacionales y necesidades nacionales. Los Municipios, permanentemente necesitados de recursos adicionales para solventar la prestación de servicios crecientes, se sienten excluidos de los beneficios de estos programas y buscan obtener recursos allí donde suponen que existen, aunque esa pretensión mal encauzada puede terminar por destruir la propia fuente de esos ingresos”, señala el informe jurídico.
“Las empresas privadas, finalmente, asumen el riesgo de las inversiones imprescindibles para el desarrollo del país, para luego quedar expuestas a las apetencias recaudatorias de los poderes públicos en todos los niveles, con una evidente lesión de la seguridad jurídica”, se quejan.
“En este escenario, será interesante seguir el desarrollo del caso de Puerto Madryn -donde se avizora la llegada de planteos litigiosos- para comprender la evolución de este conflicto tripartito, en el escenario de la pandemia y la post-pandemia”, concluye el informe elevado a la CEA.
Las empresas que integran la Cámara Eólica Argentina (CEA) advierten que podrían hacer reclamos legales por la tasa impositiva que impuso el municipio de Puerto Madryn, que según las operadoras de los parques eólicos podría significar alrededor del 4,5% de la facturación de los emprendimientos eólicos en la zona norte de Chubut.
“Como dijo la Corte Suprema de la Nación, al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Por estas razones, las llamadas 'tasas' constituyen en realidad verdaderos impuestos, vedados por el régimen constitucional general de reparto jurisdiccional en materia impositiva”, reza una nota enviada por la CEA a la Legislatura.
Todo comenzó a principios de año, cuando se aprobó amplió la extensión del ejido municipal de Puerto Madryn, por lo cual los emprendimientos eólicos ubicados en zonas rurales quedaron dentro del territorio municipal.
En abril, además, los concejales madrynenses aprobaron una tasa especial para todo el sector empresario, que obviamente incluyen a los parques eólicos. En el caso de la ciudad portuaria, los dos parques más grandes son de Genneia (una empresa del Grupo Brito/Banco Macro) y de Aluar, la principal empresa privada de Madryn.
Según la CEA, la norma se aprobó pese a que el artículo 225 de la Constitución de Chubut establece que la determinación territorial del municipio “tiene en cuenta especialmente la zona en que se presten total o parcialmente los servicios municipales” y que en esos campos no hay ninguna prestación municipal, dicen las empresas.
Las dos tasas que deben pagar los parques eólicos son por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental. La otra, por Construcción de Obras Particulares y Obrasrealizadas por empresas nacionales y provinciales, por la que se obliga a pagar esta tasa a los parques eólicos cuyas obras “se encuentren en ejecución o a ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la norma el 24 de abril de 2020”.
Esta semana, según las empresas hicieron saber a través de un nota publicada por el diario La Nación, hubo un cambio: la primera de las tasas, que se calculaba en función de los metros cuadrados del predio, varió su base; ahora, los parques eólicos, en vez de pagar por superficie, pasarán a hacerlo dependiendo de la producción de energía, asegura la CEA.
En estas horas, desde Aluar fijaron posición oficial sobre tema: “Esta nueva modalidad dictaminada es mucho más preocupante y gravosa que el formato de tasa incorporado a principios de este año, el cual no corresponde para este tipo de proyectos. El departamento de legales está estudiando los pasos a seguir en base a esta nueva normativa”, advirtió la compañía de la familia Madanes Quintanilla.
La cámara eólica en la que se sientan grandes jugadores empresarios también mandó a elaborar un informe técnico realizado por un estudio de abogados porteño que hizo varias evaluaciones: “La Nación asume programas ambiciosos, como el de fomento de las energías renovables, vinculado con compromisos internacionales y necesidades nacionales. Los Municipios, permanentemente necesitados de recursos adicionales para solventar la prestación de servicios crecientes, se sienten excluidos de los beneficios de estos programas y buscan obtener recursos allí donde suponen que existen, aunque esa pretensión mal encauzada puede terminar por destruir la propia fuente de esos ingresos”, señala el informe jurídico.
“Las empresas privadas, finalmente, asumen el riesgo de las inversiones imprescindibles para el desarrollo del país, para luego quedar expuestas a las apetencias recaudatorias de los poderes públicos en todos los niveles, con una evidente lesión de la seguridad jurídica”, se quejan.
“En este escenario, será interesante seguir el desarrollo del caso de Puerto Madryn -donde se avizora la llegada de planteos litigiosos- para comprender la evolución de este conflicto tripartito, en el escenario de la pandemia y la post-pandemia”, concluye el informe elevado a la CEA.