El 65% de los empleados del Poder Judicial nunca había realizado una capacitación en género

En el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género, la Oficina de la Mujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia del Chubut presentó el informe de medición de impacto del Programa Permanente de Capacitación en Género.

La titular de la Oficina, Mariana Ripa, fue la encargada de explicitar los detalles más relevantes del muestreo.

Con este programa, el Poder Judicial puso a disposición de sus integrantes, no sólo la existencia y análisis del marco normativo de reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, sino las bases que sostienen la violencia y discriminación estructural hacia las mujeres y el colectivo LGTBIQ+.

Se tuvo presente en cada paso, a Micaela García y con ella a todas las demás mujeres que padecen la falta de capacitación en género y por lo tanto un inadecuado servicio de justicia.

Es la primera vez que una instancia de formación tiene una cobertura tan amplia, no sólo porque abarcó a la totalidad de las personas que lo integran, sin distinción de funciones o rangos jerárquicos, sino también por la temática, que se vincula a los derechos humanos y el género. Esto fue posible por la decisión de política institucional que impulsaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y a la que adhirieron el Procurador General y el Defensor General.

Ello fue gravitante en la implementación del Programa, si se tienen en cuenta las resistencias que tanto la obligatoriedad o la temática generan.

Los datos son contundentes: el POG alcanzó al 91% de las personas que integran el Poder Judicial y el 64,9%, no había realizado nunca una capacitación en género. De esta cifra el 76,5% eran varones.

La amplia cobertura permite establecer un piso mínimo común en torno a la visibilización de la problemática y a las herramientas teórica y normativas disponibles para el adecuado un servicio judicial.

La simultaneidad en las tres agencias, amplía las posibilidades de intervenciones con perspectiva de género multiplican las posibilidades de acciones respetuosas y transversales del enfoque de género para ofrecer un adecuado servicio de justicia.

El informe también revela que hay un Poder Judicial feminizado integrado por el 61% de mujeres, una mínima participación de personas identificadas con identidades de género no binarias 1%.

Las mujeres tienen mayor representación que los hombres en las tres agencias. Ninguna en la máxima magistratura. En la Judicatura se ubica el 61,1%, en el MDP el 20.8% y el 18% en el MPF.

En la etapa 1 del programa, en el ámbito de la magistratura las mujeres alcanzaron el 100% y los varones el 97%.

Entre las empleadas, las mujeres alcanzaron el 99,4% y los varones el 76,4 %. Y entre funcionarios y funcionarias, las mujeres alcanzaron el 86,9% y los varones el 97,1%.

En cuanto a las motivaciones, el 80% sostuvo que lo hacía para brindar un buen servicio de justicia o por razones personales y sólo el 13% para cumplir con la obligación.

Las opiniones sobre igualdad, idoneidad, medidas de acción positiva, se modificaron luego de concluir las etapas de sensibilización y capacitación en función de la reflexión e interpelación planteada como objetivo a través del conocimiento.

A partir de la implementación del POG circularon discursos, argumentaciones y experiencias vitales en la mayoría de las oficinas del Poder Judicial que se vinculaban con la perspectiva de género, afianzando la agenda de género, corriendo el velo de la aparente neutralidad en torno a los derechos, oportunidades, igualdad y discriminación.

Según el parte de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial, estos resultados son relevantes, no sólo para las personas que integran el Poder Judicial como institución sino, y principalmente, para quienes son destinatarias del sistema y para la sociedad en su conjunto.#