El Bolsón: Río Negro Suelo Urbano, una alternativa Habitacional para cientos de familias
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable, Laura Perilli, a fin de avanzar en la implementación en la localidad del programa Río Negro Suelo Urbano.
“Este encuentro nos permitió avanzar con los equipos técnicos y trabajar en la búsqueda de soluciones a la problemática habitacional, que es histórica en nuestra ciudad”, señaló el jefe comunal, al tiempo que adelantó “la alternativa de elaborar zonificaciones que puedan incorporarse al plan y de esta manera proyectar diversas urbanizaciones”.
A su turno, Laura Perilli precisó que “el programa Río Negro Suelo Urbano es una propuesta que se convirtió recientemente en ley y tiene por objetivo facilitar el acceso a la tierra de muchas familias rionegrinas. Estamos trabajando conjuntamente con cada municipio en fortalecer las políticas activas, realizando relevamientos e interiorizándonos acerca de la disponibilidad de tierras y factibilidad de servicios, por ello es importante el trabajo mancomunado”.
Cabe destacar que el programa provincial Río Negro Suelo Urbano tiene como principal objetivo “reducir el déficit habitacional a través de una política pública transversal y sostenida”.
Para dicho cometido, abarca diversos ejes: “por un lado el banco de tierras que pretende relevar y registrar los inmuebles del dominio público y privado del Estado nacional, provincial o municipal, como así también de entidades intermedias y particulares, disponibles para el desarrollo urbano y habitacional de las familias rionegrinas. Y, por otro lado, el registro de demanda que permite registrarse, cumpliendo ciertos requisitos, para acceder a un lote”, se graficó en la oportunidad.
En la jornada laboral estuvieron presentes la secretaria comunal de Planificación Territorial y Hábitat, Juliana Ortega; el director de Catastro, Mario Mastroianni; el director de Infraestructura, José María Pilotto; la coordinadora de la Secretaría de Planificación Claudia Oliveira Mattos; el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Claudio Romero; y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.
Registro único
Cabe recordar que el municipio de El Bolsón cerró hace poco la primera etapa del Registro Único de Demanda Habitacional, que contempla a unas 1200 familias, aunque los propios funcionarios estiman que “hay otras tantas que por una razón u otra no se anotaron”.
La expectativa de dar respuesta concreta se orienta a la transferencia a la administración municipal en el corto plazo de un predio de 12 hectáreas propiedad de Gendarmería Nacional, en gestión desde hace dos décadas. Además, hay tierras todavía disponibles en la reserva forestal Loma del Medio (bajo jurisdicción del Inta y también en proceso de cesión); más otros lotes en la zona norte de El Bolsón, que “permitirían solucionar buena parte de la actual demanda e incluso planificar el futuro desarrollo urbanístico, toda vez que el crecimiento poblacional es exponencial por la cantidad de nuevas familias que se han conformado, sumado a la radicación permanente de gente en la zona”, indicó la secretaria de Planificación Territorial y Hábitat, Juliana Ortega.
Tomas
Se estima que un 20% de la población total de El Bolsón vive en las urbanizaciones surgidas a partir de la toma irregular de tierras, con un proceso que ya lleva al menos unos 20 años.
Son unas 35 ocupaciones caracterizadas al principio por espacios cercanos a la costa del río Quemquemtreu, aunque luego se extendieron hacia los cuatro puntos cardinales. Las propias condiciones de precariedad después han puesto en apuros al municipio para la provisión de los servicios básicos. A la fecha, todavía quedan barrios enteros sin agua potable o energía eléctrica.
La toma más significativa fueron las 200 hectáreas de Loma del Medio, donde se han delimitado unos mil lotes, aunque en realidad viven allí unas 600 familias. La ocupación más reciente fue en el sector conocido como Mirador del Azul y Cabeza del Indio, dos de los puntos turísticos por excelencia de la ciudad, donde la justicia federal mantiene la orden de desalojo para el 28 de diciembre para unas 130 familias. El predio está custodiado desde hace meses por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para evitar que los ocupantes introduzcan materiales o mejoras.
“Este encuentro nos permitió avanzar con los equipos técnicos y trabajar en la búsqueda de soluciones a la problemática habitacional, que es histórica en nuestra ciudad”, señaló el jefe comunal, al tiempo que adelantó “la alternativa de elaborar zonificaciones que puedan incorporarse al plan y de esta manera proyectar diversas urbanizaciones”.
A su turno, Laura Perilli precisó que “el programa Río Negro Suelo Urbano es una propuesta que se convirtió recientemente en ley y tiene por objetivo facilitar el acceso a la tierra de muchas familias rionegrinas. Estamos trabajando conjuntamente con cada municipio en fortalecer las políticas activas, realizando relevamientos e interiorizándonos acerca de la disponibilidad de tierras y factibilidad de servicios, por ello es importante el trabajo mancomunado”.
Cabe destacar que el programa provincial Río Negro Suelo Urbano tiene como principal objetivo “reducir el déficit habitacional a través de una política pública transversal y sostenida”.
Para dicho cometido, abarca diversos ejes: “por un lado el banco de tierras que pretende relevar y registrar los inmuebles del dominio público y privado del Estado nacional, provincial o municipal, como así también de entidades intermedias y particulares, disponibles para el desarrollo urbano y habitacional de las familias rionegrinas. Y, por otro lado, el registro de demanda que permite registrarse, cumpliendo ciertos requisitos, para acceder a un lote”, se graficó en la oportunidad.
En la jornada laboral estuvieron presentes la secretaria comunal de Planificación Territorial y Hábitat, Juliana Ortega; el director de Catastro, Mario Mastroianni; el director de Infraestructura, José María Pilotto; la coordinadora de la Secretaría de Planificación Claudia Oliveira Mattos; el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Claudio Romero; y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.
Registro único
Cabe recordar que el municipio de El Bolsón cerró hace poco la primera etapa del Registro Único de Demanda Habitacional, que contempla a unas 1200 familias, aunque los propios funcionarios estiman que “hay otras tantas que por una razón u otra no se anotaron”.
La expectativa de dar respuesta concreta se orienta a la transferencia a la administración municipal en el corto plazo de un predio de 12 hectáreas propiedad de Gendarmería Nacional, en gestión desde hace dos décadas. Además, hay tierras todavía disponibles en la reserva forestal Loma del Medio (bajo jurisdicción del Inta y también en proceso de cesión); más otros lotes en la zona norte de El Bolsón, que “permitirían solucionar buena parte de la actual demanda e incluso planificar el futuro desarrollo urbanístico, toda vez que el crecimiento poblacional es exponencial por la cantidad de nuevas familias que se han conformado, sumado a la radicación permanente de gente en la zona”, indicó la secretaria de Planificación Territorial y Hábitat, Juliana Ortega.
Tomas
Se estima que un 20% de la población total de El Bolsón vive en las urbanizaciones surgidas a partir de la toma irregular de tierras, con un proceso que ya lleva al menos unos 20 años.
Son unas 35 ocupaciones caracterizadas al principio por espacios cercanos a la costa del río Quemquemtreu, aunque luego se extendieron hacia los cuatro puntos cardinales. Las propias condiciones de precariedad después han puesto en apuros al municipio para la provisión de los servicios básicos. A la fecha, todavía quedan barrios enteros sin agua potable o energía eléctrica.
La toma más significativa fueron las 200 hectáreas de Loma del Medio, donde se han delimitado unos mil lotes, aunque en realidad viven allí unas 600 familias. La ocupación más reciente fue en el sector conocido como Mirador del Azul y Cabeza del Indio, dos de los puntos turísticos por excelencia de la ciudad, donde la justicia federal mantiene la orden de desalojo para el 28 de diciembre para unas 130 familias. El predio está custodiado desde hace meses por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para evitar que los ocupantes introduzcan materiales o mejoras.