Abrieron la investigación contra la jueza Arbilla y el abogado José Venancio

En horas de la tarde de ayer se desarrolló una extensa audiencia en los Tribunales de Esquel, en el marco de la demanda iniciada por el Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristobal López, a la jueza civil Alicia Arbilla; al presidente del Colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio, y al empresario Elías Simeoni. Fue aceptada también como querellante Ganadera Santa Elena, también del empresario López.

La fiscal general que lleva la causa, María Bottini, dispuso a fines de diciembre del 2020 abrir una investigación contra Alicia Arbilla y el presidente del colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio, “por maniobras destinadas a apoderarse de activos del Grupo Indalo”.

En ese contexto, imputó penalmente a la jueza y al abogado, por delitos vinculados a “una maniobra de estafa e intento de desapoderamiento de activos del Grupo Indalo”, que integra Cristóbal López, entre otros accionistas.

Bottini explicó en FM Tiempo Esquel que la audiencia se programó para la formalización de la investigación, e información a los imputados de los delitos que se están investigando, y habilitar su derecho de defensa.

Asistieron en este contexto el juez penal Ricardo Rolón que interviene en la causa; la fiscal María Bottini y el funcionario fiscal Martín Robertson, y los imputados son la jueza Arbilla; el abogado José María Venancio, y el empresario local Silvano Simeoni. Los cargo que se le hacen son: a Venancio estafa procesal; al empresario el mismo delito pero en carácter de partícipe necesario, y a la jueza “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Asimismo la fiscal del caso amplió que los denunciantes -Grupo Indalo-, se presentaban en la audiencia con sus letrados, como parte querellante, y formulando cargos similares a los de la Fiscalía. Pero con alguna variación en la calificación legal.

Para esta instancia en los Tribunales de Esquel, arribaron los abogados de la querella, encabezados por Carlos Beraldi, con participación también del asesor legal local, Guillermo Vila.

Durante la audiencia que comenzó alrededor de las 15 y finalizó a las 19, el juez Rolón aceptó al grupo empresario como querellante. Las otras partes se opusieron. Pero el magistrado decidió aceptar a Ganadera Santa Elena como querellante. Declararon José María Venancio, y la jueza Alicia Arbilla.

Tras esta audiencia -indicó la fiscal María Bottini-, seguirá la tarea de investigación, atendiendo los descargos que puedan hacer los imputados, y pedidos de eventuales medidas de prueba de la querella. Precisó que la investigación tiene un plazo de 6 meses, y concluido ese tiempo, la Fiscalía podrá acusar o pedir el sobreseimiento de los imputados.

La demanda está direccionada a distintas acciones encaradas contra el frigorífico Santa Elena SA -con aval judicial de la jueza en cuestión- que funcionó en Gobernador Costa, subidas al contexto de reclamos laborales, y que permitieron a los imputados hacerse de bienes a través de remates y embargos, que son considerados improcedentes y enmarcados en un delito, según el planteo del Grupo Indalo.

Uno de los imputados le dio a las autoridades judiciales domicilios inexistentes, en los cuales estarían esos bienes que estaban bajo guarda judicial. La causa podría avanzar hacia una presunta asociación ilícita.

La fiscal general Bottini dispuso la apertura de la investigación, después de haber tomado medidas preliminares, relacionadas con la denuncia del Frigorífico Santa Elena que el abogado Venancio demandaba indemnizaciones por juicios laborales.

La primera causa es de 2016, cuando reclamó en nombre de un cliente una suma superior a $ 800.000, y la jueza civil Alicia Arbilla falló parcialmente a su favor, pero fijó la suma total en $ 25.266, en 2018.

Después procedió al embargo de bienes, y Venancio se dirigió al lugar del frigorífico para llevarse un generador Caterpillar, que fue rematado en febrero de 2019, adjudicándose la subasta el empresario Simeoni, que pagó por el generador $ 97.000, valuado a su precio real en más de 150.000 dólares.

A principios de enero de este año, la fiscal Bottini ordenó un allanamiento en la empresa Masteva, ubicada en las afueras de la ciudad, propiedad de Silvano Simeoni, en el marco de la causa por presunta estafa procesal que involucra a la jueza Arbilla, con el objetivo de constatar la tenencia en el lugar de un grupo electrógeno propiedad de la empresa Establecimiento Santa Elena S.A., que denunció que fue embargado y rematado de manera irregular.

Las diligencias fueron llevadas a cabo por el personal de la División de Investigaciones de Esquel, a cargo del comisario Pablo Carrizo, que constató que efectivamente el grupo generador Caterpillar valuado en alrededor de 161.000 dólares, que fue rematado en la irrisoria cifra de 97.999 pesos, estaba guardado en un container.

Venancio, sabiendo que el equipo no pertenecía a la parte demandada en el juicio laboral, sino a otra sociedad que es Ganadera Santa Elena S. R. L., planteó que se debía proceder a su embargo, teniendo conocimiento también que dicho bien tenía un valor que superaba ampliamente la cifra de la deuda que Establecimiento Santa Elena S.A. tenía con su cliente, expuso la fiscal Bottini al dar lugar a la investigación.

La Justicia asoció estas maniobras con otras similares, también con el aval de la magistrada Arbilla.

“En toda esta maniobra participó el señor Silvano Simeoni, de manera necesaria, en tanto, el bien en cuestión al ser trasladado a Esquel, fue dejado en un predio de su propiedad”.

Además, Simeoni era el “testigo” que Venancio aportaba en distintas causas, y la denuncia contra la jueza Arbilla se tramita en Magistratura.