Una jueza se “olvidó” de mandarlo a la cárcel y lo encontraron paseando en el shopping

05 ABR 2021 - 20:08 | Actualizado

Si un vecino no ve al homicida de Juan Chávez paseando en el shopping de Bariloche, la familia de la víctima jamás se hubiese enterado de que sigue en libertad, aun cuando reconoció su autoría y está condenado a 10 años de cárcel”, graficó ayer el referente del grupo Justicia Comarca, Luis Albornoz.

“Lamentablemente, nuevamente tenemos que levantar la voz por un acto administrativo que esta vez compete a la jueza Sandra Raguza, quien se ‘olvidó’ de dar la orden de aprehensión para que lo lleven el penal”, detalló.

“Quisiéramos creer –agregó-, que se trata de una omisión involuntaria. Es una medida que debió haberse dictado hace casi cuatro meses y recién quedaría firme en una audiencia fijada para mañana” (por hoy). En realidad, el desenlace será “porque la familia se movilizó, fue hasta la fiscalía y preguntó. Demuestra una vez más que para la justicia rionegrina, en El Bolsón seguimos siendo ciudadanos de segunda”, valoró.

Desde su óptica, “nos hacen sentir como parias. Aunque suene duro, si eres pobre y no tienes dinero, la justicia queda lejana, tarde o nunca”, aseveró.

Al respecto, recordó enseguida que “seguimos reclamando con vehemencia sobre la urgente necesidad de crear una oficina de atención a las víctimas. No puede ser que sigan llegando a mi casa, incluso los fines de semana, a preguntar por el avance de las causas, cuando solo soy un vecino común, tampoco soy abogado y no tengo vínculo con los organismos judiciales. De todas maneras, se me estruja el corazón al escuchar a la gente y no puedo permanecer insensible”.

“Entendemos que el Estado debe estar presente. Ojalá que ahora que tenemos un ministro de Justicia rionegrino (Martín Soria), lleguen los recursos necesarios a la zona andina sur. Llamamos al Observatorio Nacional de Víctimas, en Buenos Aires, y nos dicen que está todo organizado, incluso para las mismas asociaciones que vinieron y firmaron el convenio con el municipio, pero hasta ahora no hemos visto esa oficina inaugurada”, señaló.

En decadencia

En coincidencia, desde varias organizaciones sociales subrayaron ayer en un comunicado que “la justicia de Río Negro está cada vez más en decadencia. Se sigue ocupando de lo insignificante, de lo superficial, mientras que las cuestiones de fondo siguen siendo desatendidas”.

Puntualmente, recalcaron que “los familiares de las víctimas -e incluso las víctimas-, seguimos siendo re victimizados por un sistema que ni siquiera es capaz de atender, escuchar o llamar a una madre, hermana o familiar que ha perdido a un ser querido en un hecho de violencia”.

“Este accionar –insisten-, echa por tierra lo que el Poder Judicial pregona, borrando con el codo lo que escribe con la mano, para ser un mero generador de discursos vacíos, que no encuentran sustento ni siquiera en sus propios integrantes, ya que se les cae la cara por no poder defender lo indefendible”.

A su criterio, el reciente “olvido” de la jueza Sandra Raguza en el caso del asesinato de Juan Chávez, es “un desprecio indecoroso hacia los ciudadanos que contribuimos con nuestros esfuerzos y vocación por el respeto republicano, para vivir en paz y bajo los estándares que propone la justicia”.

A pesar de que la persona fue condenada el 14 de diciembre pasado a 10 años y 8 meses de prisión, “pesa la impericia y el desinterés manifiestos de los integrantes del Poder Judicial de Río Negro, quienes no solo se olvidan de una diligencia de tamaña implicancia, sino que ni siquiera son capaces de llamar a sus familiares para dar alguna explicación”.

De igual modo, resaltaron que “lamentablemente tenemos que decir que no es la primera vez que esto sucede: venimos insistiendo con el caso de Mauricio Burgos (asesinado en el año 2017), donde la madre sigue cruzándose todos los días en Lago Puelo con los homicidas de su hijo porque la justicia no resuelve llevarlos a la cárcel pese a que los condenó”.

Sumaron “el caso de Franco Gavilán que, según las propias palabras del Poder Judicial, no saben dónde se encuentra el expediente”.

Concluyen remarcando que “como ciudadanos nos da vergüenza que el Poder Judicial se ocupe en comunicar hechos como que ‘el dueño de un perro fue condenado porque el animal mordió a otro animal’, pero se olvida de comunicarse con una madre desesperada que, aún con los asesinos de su hijo condenados y cumpliendo la pena, jamás tendrá paz, algo que evidentemente los señores jueces no llegan a comprender”.

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05 ABR 2021 - 20:08

Si un vecino no ve al homicida de Juan Chávez paseando en el shopping de Bariloche, la familia de la víctima jamás se hubiese enterado de que sigue en libertad, aun cuando reconoció su autoría y está condenado a 10 años de cárcel”, graficó ayer el referente del grupo Justicia Comarca, Luis Albornoz.

“Lamentablemente, nuevamente tenemos que levantar la voz por un acto administrativo que esta vez compete a la jueza Sandra Raguza, quien se ‘olvidó’ de dar la orden de aprehensión para que lo lleven el penal”, detalló.

“Quisiéramos creer –agregó-, que se trata de una omisión involuntaria. Es una medida que debió haberse dictado hace casi cuatro meses y recién quedaría firme en una audiencia fijada para mañana” (por hoy). En realidad, el desenlace será “porque la familia se movilizó, fue hasta la fiscalía y preguntó. Demuestra una vez más que para la justicia rionegrina, en El Bolsón seguimos siendo ciudadanos de segunda”, valoró.

Desde su óptica, “nos hacen sentir como parias. Aunque suene duro, si eres pobre y no tienes dinero, la justicia queda lejana, tarde o nunca”, aseveró.

Al respecto, recordó enseguida que “seguimos reclamando con vehemencia sobre la urgente necesidad de crear una oficina de atención a las víctimas. No puede ser que sigan llegando a mi casa, incluso los fines de semana, a preguntar por el avance de las causas, cuando solo soy un vecino común, tampoco soy abogado y no tengo vínculo con los organismos judiciales. De todas maneras, se me estruja el corazón al escuchar a la gente y no puedo permanecer insensible”.

“Entendemos que el Estado debe estar presente. Ojalá que ahora que tenemos un ministro de Justicia rionegrino (Martín Soria), lleguen los recursos necesarios a la zona andina sur. Llamamos al Observatorio Nacional de Víctimas, en Buenos Aires, y nos dicen que está todo organizado, incluso para las mismas asociaciones que vinieron y firmaron el convenio con el municipio, pero hasta ahora no hemos visto esa oficina inaugurada”, señaló.

En decadencia

En coincidencia, desde varias organizaciones sociales subrayaron ayer en un comunicado que “la justicia de Río Negro está cada vez más en decadencia. Se sigue ocupando de lo insignificante, de lo superficial, mientras que las cuestiones de fondo siguen siendo desatendidas”.

Puntualmente, recalcaron que “los familiares de las víctimas -e incluso las víctimas-, seguimos siendo re victimizados por un sistema que ni siquiera es capaz de atender, escuchar o llamar a una madre, hermana o familiar que ha perdido a un ser querido en un hecho de violencia”.

“Este accionar –insisten-, echa por tierra lo que el Poder Judicial pregona, borrando con el codo lo que escribe con la mano, para ser un mero generador de discursos vacíos, que no encuentran sustento ni siquiera en sus propios integrantes, ya que se les cae la cara por no poder defender lo indefendible”.

A su criterio, el reciente “olvido” de la jueza Sandra Raguza en el caso del asesinato de Juan Chávez, es “un desprecio indecoroso hacia los ciudadanos que contribuimos con nuestros esfuerzos y vocación por el respeto republicano, para vivir en paz y bajo los estándares que propone la justicia”.

A pesar de que la persona fue condenada el 14 de diciembre pasado a 10 años y 8 meses de prisión, “pesa la impericia y el desinterés manifiestos de los integrantes del Poder Judicial de Río Negro, quienes no solo se olvidan de una diligencia de tamaña implicancia, sino que ni siquiera son capaces de llamar a sus familiares para dar alguna explicación”.

De igual modo, resaltaron que “lamentablemente tenemos que decir que no es la primera vez que esto sucede: venimos insistiendo con el caso de Mauricio Burgos (asesinado en el año 2017), donde la madre sigue cruzándose todos los días en Lago Puelo con los homicidas de su hijo porque la justicia no resuelve llevarlos a la cárcel pese a que los condenó”.

Sumaron “el caso de Franco Gavilán que, según las propias palabras del Poder Judicial, no saben dónde se encuentra el expediente”.

Concluyen remarcando que “como ciudadanos nos da vergüenza que el Poder Judicial se ocupe en comunicar hechos como que ‘el dueño de un perro fue condenado porque el animal mordió a otro animal’, pero se olvida de comunicarse con una madre desesperada que, aún con los asesinos de su hijo condenados y cumpliendo la pena, jamás tendrá paz, algo que evidentemente los señores jueces no llegan a comprender”.


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