Jair Bolsonaro en guerra contra la Corte de Brasil, que ordenó investigar su gestión de la pandemia
El presidente de Brasil le declaró hoy la guerra a la Corte Suprema de Justicia y calificó como "cobarde moral" al juez del máximo tribunal que aceptó un pedido para que el Senado investigue el rol del jefe del Estado y el Ministerio de Salud frente al colapso en la pandemia.
La luz verde para investigar al gobierno federal brasileño sobre su rol de la pandemia provocó una reacción desencajada de Bolsonaro contra el Supremo Tribunal Federal porque le abre un nuevo frente crítico que puede erosionarlo más de cara a su buscada reelección en octubre de 2022.
"Quieren desgastarme", subrayó el ultraderechista.
En ese marco, el presidente pidió a la Corte que active también los procesos de juicio político contra los jueces del máximo tribunal reclamados por el bolsonarismo desde su llegada al poder, en enero de 2019.
"No tengo dudas de que existe una interferencia del Supremo Tribunal Federal en todos los demás poderes", fustigó el presidente ultraderechista al repudiar la decisión del juez de la alta corte Luis Roberto Barroso, que aceptó un pedido de 31 senadores para que se abra una comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre la pandemia.
Dijo que Barroso carece de "coraje moral" para aceptar investigar a los propios jueces de la Corte y lo acusó de "activismo judicial" luego de recordar que llegó a la corte suprema como candidato de la presidenta Dilma Rousseff luego de haber defendido al italiano Cesare Battisti, condenado por terrorismo en su país.
"Use su poder en defensa de la vida y del pueblo y no para hacer politiquería", afirmó Bolsonaro, quien el año pasado participó de manifestaciones a favor de cerrar la Corte Suprema y el Congreso cuando se comenzaban a discutir las cuarentenas en la pandemia.
El Supremo Tribunal Federal reaccionó con un comunicado en el que indica que los jueces de la corte "toman decisiones conforme la Constitución y las leyes y dentro del estado democrático de derecho".
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, aliado reciente de Bolsonaro, dijo que cumplirá la orden pero la criticó al afirmar que una comisión "adelanta la campaña electoral de 2022 y Brasil no necesita en este momento de ese debate".
En colapso sanitario desde febrero y con más de 1.000 personas fallecidas en la espera de una cama de UTI debido a la explosión de contagios, Brasil registró ayer el récord de 4.249 muertes por Covid-19 en 24 horas, llegando a los 345.025 fallecidos en total.
Esta es la primera comisión parlamentaria sobre la pandemia en medio de denuncias y pedidos de juicio político por genocidio "sanitario" contra Bolsonaro, quien se niega a las cuarentenas e insiste en recomendar remedios sin valor científico como posibles remedios a los pacientes con Covid-19.
"Brasil está sufriendo mucho -dijo el mandatario en una entrevista exclusiva con CNN Brasil- y no necesitamos conflictos. Yo respeto la Constitución, hago todo dentro de sus limites pero sería bueno que todos jueguen dentro de las cuatro líneas".
Negó haber cometido delitos y también desestimó responsabilidades del general Eduardo Pazuello, quien durante diez meses fue el ministro de Salud.
El pedido de investigación parlamentaria tiene como eje el escándalo por falta de oxígeno en los hospitales del estado de Amazonas en enero a raíz del cual fallecieron más de 20 pacientes intubados en hospitales de Manaos y otros municipios amazónicos.
"Nosotros hicimos nuestra parte. Con Pazuello compramos las vacunas el año pasado. Me pregunto por qué esta comisión apenas investiga al gobierno federal", dijo Bolsonaro.
El mandatario también repudió la decisión de la corte por 8 votos contra 2 de prohibir la apertura de iglesias y templos durante las cuarentenas en las ciudades al afirmar que existen "muchos suicidios por la falta de empleo".
"Hay gente que necesita buscar a Dios en la desesperación pero llega y el templo está cerrado", afirmó el ultraderechista, que tiene como abogado del gobierno a un pastor, André Mendonça, y cuenta con una gran base de apoyo evangélica.
El presidente Bolsonaro se encuentra en medio de la pandemia con un conflicto de articulación política para promulgar el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso debido a las partidas presupuestarias prometidas a sus aliados parlamentarios.
Hasta el momento, para cumplir con estas obligaciones, el gobierno debería sortear parte de la ley de responsabilidad fiscal, hecho que fue motivo del juicio político que destituyó en 2016 a la presidenta Dilma Rousseff.
La luz verde para investigar al gobierno federal brasileño sobre su rol de la pandemia provocó una reacción desencajada de Bolsonaro contra el Supremo Tribunal Federal porque le abre un nuevo frente crítico que puede erosionarlo más de cara a su buscada reelección en octubre de 2022.
"Quieren desgastarme", subrayó el ultraderechista.
En ese marco, el presidente pidió a la Corte que active también los procesos de juicio político contra los jueces del máximo tribunal reclamados por el bolsonarismo desde su llegada al poder, en enero de 2019.
"No tengo dudas de que existe una interferencia del Supremo Tribunal Federal en todos los demás poderes", fustigó el presidente ultraderechista al repudiar la decisión del juez de la alta corte Luis Roberto Barroso, que aceptó un pedido de 31 senadores para que se abra una comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre la pandemia.
Dijo que Barroso carece de "coraje moral" para aceptar investigar a los propios jueces de la Corte y lo acusó de "activismo judicial" luego de recordar que llegó a la corte suprema como candidato de la presidenta Dilma Rousseff luego de haber defendido al italiano Cesare Battisti, condenado por terrorismo en su país.
"Use su poder en defensa de la vida y del pueblo y no para hacer politiquería", afirmó Bolsonaro, quien el año pasado participó de manifestaciones a favor de cerrar la Corte Suprema y el Congreso cuando se comenzaban a discutir las cuarentenas en la pandemia.
El Supremo Tribunal Federal reaccionó con un comunicado en el que indica que los jueces de la corte "toman decisiones conforme la Constitución y las leyes y dentro del estado democrático de derecho".
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, aliado reciente de Bolsonaro, dijo que cumplirá la orden pero la criticó al afirmar que una comisión "adelanta la campaña electoral de 2022 y Brasil no necesita en este momento de ese debate".
En colapso sanitario desde febrero y con más de 1.000 personas fallecidas en la espera de una cama de UTI debido a la explosión de contagios, Brasil registró ayer el récord de 4.249 muertes por Covid-19 en 24 horas, llegando a los 345.025 fallecidos en total.
Esta es la primera comisión parlamentaria sobre la pandemia en medio de denuncias y pedidos de juicio político por genocidio "sanitario" contra Bolsonaro, quien se niega a las cuarentenas e insiste en recomendar remedios sin valor científico como posibles remedios a los pacientes con Covid-19.
"Brasil está sufriendo mucho -dijo el mandatario en una entrevista exclusiva con CNN Brasil- y no necesitamos conflictos. Yo respeto la Constitución, hago todo dentro de sus limites pero sería bueno que todos jueguen dentro de las cuatro líneas".
Negó haber cometido delitos y también desestimó responsabilidades del general Eduardo Pazuello, quien durante diez meses fue el ministro de Salud.
El pedido de investigación parlamentaria tiene como eje el escándalo por falta de oxígeno en los hospitales del estado de Amazonas en enero a raíz del cual fallecieron más de 20 pacientes intubados en hospitales de Manaos y otros municipios amazónicos.
"Nosotros hicimos nuestra parte. Con Pazuello compramos las vacunas el año pasado. Me pregunto por qué esta comisión apenas investiga al gobierno federal", dijo Bolsonaro.
El mandatario también repudió la decisión de la corte por 8 votos contra 2 de prohibir la apertura de iglesias y templos durante las cuarentenas en las ciudades al afirmar que existen "muchos suicidios por la falta de empleo".
"Hay gente que necesita buscar a Dios en la desesperación pero llega y el templo está cerrado", afirmó el ultraderechista, que tiene como abogado del gobierno a un pastor, André Mendonça, y cuenta con una gran base de apoyo evangélica.
El presidente Bolsonaro se encuentra en medio de la pandemia con un conflicto de articulación política para promulgar el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso debido a las partidas presupuestarias prometidas a sus aliados parlamentarios.
Hasta el momento, para cumplir con estas obligaciones, el gobierno debería sortear parte de la ley de responsabilidad fiscal, hecho que fue motivo del juicio político que destituyó en 2016 a la presidenta Dilma Rousseff.