Trelew: acusan a un hombre de abusar sexualmente de su hija menor de edad
Tiene 38 años y fue imputado por llevar adelante una serie de actos sexuales perversos y bajo amenaza por un período aproximado de seis años. La víctima denunció que le pegaba con látigos, cintos y cables.
Una persona de 38 años fue imputada por graves hechos de abuso sexual mediante una presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal representado por el funcionario de fiscalía Rubén Kholer en una audiencia de control de detención efectuada en sala de audiencias de la oficina judicial en los tribunales de Trelew, en la que participó el Juez Sergio Piñeda y actuó como defensora Gilda Acomazo.
Durante el relato, el funcionario indicó que en fecha que podría ser datada luego del 21 de enero de 2017, cuando la víctima tenía 15 años y vivía junto al imputado que resulta ser su padre según reconocimiento realizado el 20 de julio de 2005, este último utilizando medios violentos de la relación de poder asimétrica que existe entre ambos, llevó adelante una serie de actos sexuales perversos respecto de la menor, por un período aproximado de seis años. Todo esto lo hacía bajo amenaza de que si no accedía a ser ultrajada por él, le quitaba el celular, no dejaba salir y la hacía responsable sobre el futuro incierto de su madre y sus hermanos ante una eventual denuncia.
Los hechos fueron ocurriendo primero en el domicilio que habitaban junto a su madre y hermanos menores en Puerto Madryn. Allí el imputado aprovechaba los momentos en que la madre de la víctima atendía el negocio familiar y mandaba al resto de sus hijos a jugar o bañarse, para finalmente cosificar a la víctima en distintos sitios de la vivienda.
Cuando ya contaba con 17 años el grupo familiar se traslada a Trelew, a la casa de la abuela y allí el hombre ordenaba a la víctima conducirse hasta su habitación, en forma diaria, con mensajes instantáneos donde le ordenaba someterse con la amenaza de encerrarla. En el mes de agosto de 2020, la familia se muda a otra vivienda, lugar en el que el causante continuó con los abusos hasta que finalmente es expulsada del hogar, aduciendo sus padres que la menor era rebelde.
Los hechos descriptos encuadran como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en la modalidad de delito continuado, artículos 119, 3er y 4to. párrafos inciso b del código penal, enmarcado en el contexto de la ley 26485 de violencia de género. Quedan a cargo de la investigación la fiscal general jefa Silvia Pereira y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer.
Entre los numerosos elementos presentados por la fiscalía se encuentra la denuncia realizada por la víctima donde da cuenta que siempre sufrió violencia por parte de sus padres que le pegaban con látigos, cintos, cables y la han lastimado mucho e incluso en la escuela a la que iba en Puerto Madryn tenían conocimiento de estos hechos. Como antecedente existe una prohibición de acercamiento dictada por el doctor Di Biasse notificada el 31 de marzo del presente año.
En su resolución el Juez Sergio Piñeda valoró la presentación fiscal y tuvo en cuenta los riesgos de fuga y entorpecimiento para determinar la apertura de investigación por el término de seis meses imponiendo al imputado la prisión preventiva en dependencia policial por el mismo plazo legal.
Una persona de 38 años fue imputada por graves hechos de abuso sexual mediante una presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal representado por el funcionario de fiscalía Rubén Kholer en una audiencia de control de detención efectuada en sala de audiencias de la oficina judicial en los tribunales de Trelew, en la que participó el Juez Sergio Piñeda y actuó como defensora Gilda Acomazo.
Durante el relato, el funcionario indicó que en fecha que podría ser datada luego del 21 de enero de 2017, cuando la víctima tenía 15 años y vivía junto al imputado que resulta ser su padre según reconocimiento realizado el 20 de julio de 2005, este último utilizando medios violentos de la relación de poder asimétrica que existe entre ambos, llevó adelante una serie de actos sexuales perversos respecto de la menor, por un período aproximado de seis años. Todo esto lo hacía bajo amenaza de que si no accedía a ser ultrajada por él, le quitaba el celular, no dejaba salir y la hacía responsable sobre el futuro incierto de su madre y sus hermanos ante una eventual denuncia.
Los hechos fueron ocurriendo primero en el domicilio que habitaban junto a su madre y hermanos menores en Puerto Madryn. Allí el imputado aprovechaba los momentos en que la madre de la víctima atendía el negocio familiar y mandaba al resto de sus hijos a jugar o bañarse, para finalmente cosificar a la víctima en distintos sitios de la vivienda.
Cuando ya contaba con 17 años el grupo familiar se traslada a Trelew, a la casa de la abuela y allí el hombre ordenaba a la víctima conducirse hasta su habitación, en forma diaria, con mensajes instantáneos donde le ordenaba someterse con la amenaza de encerrarla. En el mes de agosto de 2020, la familia se muda a otra vivienda, lugar en el que el causante continuó con los abusos hasta que finalmente es expulsada del hogar, aduciendo sus padres que la menor era rebelde.
Los hechos descriptos encuadran como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en la modalidad de delito continuado, artículos 119, 3er y 4to. párrafos inciso b del código penal, enmarcado en el contexto de la ley 26485 de violencia de género. Quedan a cargo de la investigación la fiscal general jefa Silvia Pereira y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer.
Entre los numerosos elementos presentados por la fiscalía se encuentra la denuncia realizada por la víctima donde da cuenta que siempre sufrió violencia por parte de sus padres que le pegaban con látigos, cintos, cables y la han lastimado mucho e incluso en la escuela a la que iba en Puerto Madryn tenían conocimiento de estos hechos. Como antecedente existe una prohibición de acercamiento dictada por el doctor Di Biasse notificada el 31 de marzo del presente año.
En su resolución el Juez Sergio Piñeda valoró la presentación fiscal y tuvo en cuenta los riesgos de fuga y entorpecimiento para determinar la apertura de investigación por el término de seis meses imponiendo al imputado la prisión preventiva en dependencia policial por el mismo plazo legal.