Abandonaron la toma y la Fiscalía ya identificó a las 15 mujeres que ocuparon el IPV en Esquel

Ayer un grupo de mujeres siguió con la ocupación de las oficinas del Instituto Provincial de la Vivienda en la Delegación Esquel, a la espera de una respuesta al planteo de revisión del listado de los casos especiales que se contemplaron, que no fueron a sorteo con las 108 viviendas de Valle Chico, por tener una adjudicación previa, en el marco del Decreto Nº 574 que lo avala.

A las 14 avisaron que abandonaban el edificio, pero que no bajarán los brazos en su lucha por una casa digna. No obstante las vecinas piden que todas las unidades habitacionales sean sorteadas nuevamente, por considerar que se produjeron irregularidades el viernes cuando se realizó el procedimiento.

El martes por la noche permanecieron en el interior del edificio alrededor de 10 mujeres, mientras un grupo acampó en la vereda, para acompañar el reclamo. Allí también tienen sede el Registro Civil, el Juzgado de Paz, archivo de Tribunales y otras reparticiones, que ayer decidieron suspender la atención al público, por los acontecimientos de conflicto en el IPV.

Marisa De Luca, delegada del organismo en la zona, con la Asesora Legal fueron a Fiscalía. Atendió el caso el fiscal Ezequiel Forti, quien informó en FM Tiempo Esquel que la funcionaria y su abogada formalizaron una denuncia contra unas 15 personas que ocuparon las oficinas, reclamando por un supuesto procedimiento irregular en el sorteo de las casas en cuestión, principalmente en lo correspondiente a casos especiales, advirtiendo que por su situación de vulnerabilidad deben tener una adjudicación.

Forti puntualizó que las personas denunciadas estaban identificadas, y se investigaría si su acción entra en la figura de un ilícito penal reprimido por el Código Penal Argentino.

A priori analizó que se trataba de un hecho de coacción, al estar intimando al IPV a la adjudicación de por lo menos 15 viviendas, caso contrario no se desocuparían las instalaciones. “Trabajamos en coordinación con las fuerzas policiales, que están en el edificio para garantizar el resguardo del mobiliario y la seguridad de las personas que ingresen y salgan, además de custodiar la documentación pública existente en las oficinas”.

El fiscal indicó que se planteó la posibilidad del desalojo de las oficinas del Instituto, por entorpecimiento de un servicio público. “Pero -remarcó-, tenemos un impedimento legal, ya que en el Código Procesal Penal, no están previstas estas medidas”. Por ende, se instaría a las autoridades y a la otra parte, a resolver la situación mediante el diálogo. Horas más tardes se produciría la desocupación del lugar.

Gabriela Fernández, una de las voceras del grupo de mujeres que manifestó el reclamo, que se encontraba afuera del edificio, en horas de la mañana solicitaba la presencia de organismos de derechos humanos, porque “no pueden pasar al baño ni recibir agua, comida, café o mate”.

Comentó que 9 mujeres pasaron la noche del martes adentro del IPV, y el resto acampó en la vereda para acompañar la protesta. Tras reiterar que hasta no tener una respuesta no se retirarán, subrayó que no hacen lío ni rompen nada en la ocupación de las oficinas, por lo que la policía estaba para resguardar el edificio, haciendo su trabajo de seguridad.

Temían un desalojo a la fuerza sostuvo Gabriela, porque sabían que la delegada del Instituto de la Vivienda, Marisa De Luca, había estado en Fiscalía realizando esa gestión. “Pero vamos a resistir, porque necesitamos una vivienda para las 16 personas que vinimos a reclamar. Además -recalcó-, queremos pagar nuestra casa, y somos casos especiales y vulnerables”.

La vecina señaló que es mamá soltera con tres hijos, está desempleada y paga alquiler. Para reunir el importe que debe abonar vende pan y planchad ropa.

Por su situación y la de otras mujeres, Gabriela manifestó que piden una casa, que se revean los 36 casos especiales que tendrán adjudicación directa, y advirtió que no se confeccionó bien el listado porque no se hizo la visita social y “la delegada Marisa De Luca improvisó. Nosotros somos casos especiales, el de las 16 mujeres que tomamos el IPV”.

Remarcó que la mayoría son madres solteras y se encuentran en situación de calle, con varios hijos. Contó que algunas vecinas viven de manera precaria, sin un baño dentro de la casa, y sus maridos apenas tienen changas. Gabriela reprochó que no se acercó ningún concejal ni el intendente Sergio Ongarato, y tampoco la delegada Marisa De Luca, ni organismos de derechos humanos.

Luego de dejar el edificio en calle Darwin al 400 cerca de las 14 horas, Gabriela aseguró que “dejamos las instalaciones como estaban antes de la toma. Pero Marisa De Luca cuando recibió las oficinas no quiso hablar, no dio la cara”.