Intendentes rionegrinos denunciaron a Jones Huala por “incitar a la violencia colectiva”
Intendentes rionegrinos radicaron ayer una denuncia penal contra el líder de la RAM, Facundo Jones Huala (actualmente preso en Chile), a quien acusan de “incitar a la violencia colectiva” luego de los incidentes ocurridos en la Comarca Andina, donde llamó concretamente a “vengar” la muerte de Elías Garay, el comunero asesinado en Cuesta del Ternero.
En la presentación, apuntan a la carta pública firmada por el lonco mapuche desde la cárcel de Temuco, donde llama a su organización a “luchar contra el estado, entre otros puntos que resultan sumamente preocupantes”, a criterio de los jefes comunales. Sus dichos, como “es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la recuperación territorial para la reconstrucción y liberación nacional mapuche” o “que la sangre sea vengada y la tierra recuperada” sean más que consignas, que las balas se van a devolver”, son algunas de las frases que “demuestran el llamado a vulnerar la tranquilidad pública, la paz o el orden público, no solo teniendo como destinatario al
Estado, sino incluso a los particulares a través de la búsqueda de la recuperación de territorio mediante la fuerza”, argumentaron en su pedido de investigación ante la justicia con el patrocinio de los abogados Damián Torres y Leandro Lezcano, por “los presuntos delitos de acción pública, tipificados en los artículos 212 y 213 bis del Código Penal Argentino, cuyos autores resultan ser Jones Huala y otros que aún se desconocen, integrantes del grupo Lof Quemquemtreu”. Los intendentes que firmaron la petición son Bruno Pogliano (El Bolsón); Gustavo Gennuso (Bariloche); Diego Jesús Ramello (Choele Choel); Mariano Lavin (Fernández Oro); Robin Del Río, (Luis Beltrán); Silvina Frias (Maquinchao); Monica Balseiro (Dina Huapi); Gustavo San Román (Río Colorado); Néstor Ayulef (Pilcaniyeu); Raúl Hermosilla (Comallo); Mabel Yahuar (Los Menucos); Pedro Pesatti (Viedma); Claudio Di Tella (Cipolletti); Héctor Fabián Galli (Contralmirante Cordero); Liliana Martín (Allen), Viviana Germanier (Catriel) y Roberto Orazi, (Villa Regina). En su carta, Jones Huala señala que “nuestros caídos vivan en la gloria de haber hecho lo que muchos solo discursean, que esa furia se transforme en tralka kai kutral (armas de fuego), que la palabra no se nos tuerza y cumplamos con ella. Si hay que dialogar, que sea entre nosotros, porque se nos va la vida en esta lucha digna, no con el Estado ni los vendidos, que son sus cipayos”.
Desde su óptica, “ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema. No solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la recuperación territorial para la reconstrucción y liberación nacional mapuche”. Según la denuncia, “sabido es que últimamente se han propiciado ataques y daños a distintos bienes, tantos privados como públicos de manera consecutiva, no aislada, demostrando organización y violencia en los mismos”. En consecuencia, dicha carta “tiene un destinatario, que es el grupo violento identificado como la RAM, organización que no respeta las autoridades constituidas, no reconoce al Estado y utiliza la violencia como sello distintivo”. Según se expone, si bien la misiva “fue escrita y publicitada en Chile, los efectos del delito se producen exclusivamente en nuestro territorio, más precisamente en la provincia de Río Negro. Esto es claro y notorio, puesto que demanda la venganza del joven asesinado en Cuesta del Ternero”, advierten. Desde la óptica de los intendentes, “estos actos vienen a alterar la tranquilidad o el orden público de una sociedad que cada vez más se encuentra consternada por la cuestión. No hay una ‘incitación específica a cometer un delito’, sino a la violencia en general. Debemos decir que forman parte de aquellos delitos de peligro, lo cual fundamenta la intervención del poder punitivo”, concluyen.
Fernando Bonansea/ Especial para Jornada.
En la presentación, apuntan a la carta pública firmada por el lonco mapuche desde la cárcel de Temuco, donde llama a su organización a “luchar contra el estado, entre otros puntos que resultan sumamente preocupantes”, a criterio de los jefes comunales. Sus dichos, como “es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la recuperación territorial para la reconstrucción y liberación nacional mapuche” o “que la sangre sea vengada y la tierra recuperada” sean más que consignas, que las balas se van a devolver”, son algunas de las frases que “demuestran el llamado a vulnerar la tranquilidad pública, la paz o el orden público, no solo teniendo como destinatario al
Estado, sino incluso a los particulares a través de la búsqueda de la recuperación de territorio mediante la fuerza”, argumentaron en su pedido de investigación ante la justicia con el patrocinio de los abogados Damián Torres y Leandro Lezcano, por “los presuntos delitos de acción pública, tipificados en los artículos 212 y 213 bis del Código Penal Argentino, cuyos autores resultan ser Jones Huala y otros que aún se desconocen, integrantes del grupo Lof Quemquemtreu”. Los intendentes que firmaron la petición son Bruno Pogliano (El Bolsón); Gustavo Gennuso (Bariloche); Diego Jesús Ramello (Choele Choel); Mariano Lavin (Fernández Oro); Robin Del Río, (Luis Beltrán); Silvina Frias (Maquinchao); Monica Balseiro (Dina Huapi); Gustavo San Román (Río Colorado); Néstor Ayulef (Pilcaniyeu); Raúl Hermosilla (Comallo); Mabel Yahuar (Los Menucos); Pedro Pesatti (Viedma); Claudio Di Tella (Cipolletti); Héctor Fabián Galli (Contralmirante Cordero); Liliana Martín (Allen), Viviana Germanier (Catriel) y Roberto Orazi, (Villa Regina). En su carta, Jones Huala señala que “nuestros caídos vivan en la gloria de haber hecho lo que muchos solo discursean, que esa furia se transforme en tralka kai kutral (armas de fuego), que la palabra no se nos tuerza y cumplamos con ella. Si hay que dialogar, que sea entre nosotros, porque se nos va la vida en esta lucha digna, no con el Estado ni los vendidos, que son sus cipayos”.
Desde su óptica, “ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema. No solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la recuperación territorial para la reconstrucción y liberación nacional mapuche”. Según la denuncia, “sabido es que últimamente se han propiciado ataques y daños a distintos bienes, tantos privados como públicos de manera consecutiva, no aislada, demostrando organización y violencia en los mismos”. En consecuencia, dicha carta “tiene un destinatario, que es el grupo violento identificado como la RAM, organización que no respeta las autoridades constituidas, no reconoce al Estado y utiliza la violencia como sello distintivo”. Según se expone, si bien la misiva “fue escrita y publicitada en Chile, los efectos del delito se producen exclusivamente en nuestro territorio, más precisamente en la provincia de Río Negro. Esto es claro y notorio, puesto que demanda la venganza del joven asesinado en Cuesta del Ternero”, advierten. Desde la óptica de los intendentes, “estos actos vienen a alterar la tranquilidad o el orden público de una sociedad que cada vez más se encuentra consternada por la cuestión. No hay una ‘incitación específica a cometer un delito’, sino a la violencia en general. Debemos decir que forman parte de aquellos delitos de peligro, lo cual fundamenta la intervención del poder punitivo”, concluyen.
Fernando Bonansea/ Especial para Jornada.