Lago Escondido: incidentes y audiencia para el 9 de marzo por nuevo acceso por El Manso
La premisa es “ventilar las características del nuevo acceso público por el valle de El Manso, sus condiciones de seguridad, los recaudos ambientales de una traza y, fundamentalmente, las garantías y sanciones en caso de incumplimiento”, sostienen desde la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche.
Mientras un grupo de militantes que formarán parte de la sexta marcha por la soberanía al lago Escondido (anunciada para la próxima semana) protagonizó incidentes este viernes con pobladores de El Foyel, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche citó a las partes a una audiencia prevista para el próximo 9 de marzo, con la premisa de “ventilar las características del nuevo acceso público por el valle de El Manso, sus condiciones de seguridad, los recaudos ambientales de una traza y, fundamentalmente, las garantías y sanciones en caso de incumplimiento, como paso previo a la necesaria homologación del acuerdo presentado”.
Puntualmente, para la Secretaría de Ambiente de Río Negro “importa la posibilidad del efectivo control territorial de una zona del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido (ANPRALE), que hoy no ejerce. Necesidad de evidente actualidad si atendemos, por ejemplo, que el incendio del lago Martín corre a escasos metros del área en cuestión”.
De igual modo, revelaron que “existe una gran expectativa en el sector turístico, que observa con este acceso público hasta el lago Escondido una posibilidad de desarrollo de un nuevo polo para la actividad, de creciente importancia para toda la comunidad de El Manso”.
A criterio de los analistas, “de darse el final esperado en esta nueva citación, estaríamos asistiendo a una complementación de intereses, respetando el derecho de propiedad -cuya indiscutible vigencia no impide su armonización con los derechos colectivos, como el acceso a los espejos de agua-, en conjunto con los ambientales y una visión sostenible de la actividad económica”.
En detalle, la resolución firmada por la jueza María Marcela Pájaro notifica a la demandante (la actual titular de INAI y ex senadora Magdalena Odarda) que “la Constitución de la provincia de Río Negro indica en su artículo 71° que son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción, que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de éstas debe ser otorgado por autoridad competente. El código de aguas regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral del recurso, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificados como interés social. La provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes”.
Incidentes
Según denunció esta tarde Pablo Puchy, un poblador de El Foyel que vive sobre el mal llamado camino de Tacuifí (en realidad se llama Domingo Puchy en recuerdo del pionero que lo construyó), un grupo de personas llegó hasta la tranquera de acceso (sobre la ruta nacional 40), donde “fuimos hostigados y con provocación y por la fuerza quisieron ingresar a nuestra propiedad sin ningún tipo de apoyo judicial y al margen de la ley”. En principio, dijo que “intenté conversar con ellos, pero se pusieron a gritar y exigir la apertura del camino, haciendo oídos sordos y atropellando los derechos de quienes vivimos acá”.
Reiteró que “este camino es privado, los fiscales de la provincia se lo dijeron bien claro la última vez, no entendemos por qué siguen insistiendo”.
Graficó que “golpearon a nuestros hijos y mujeres, rompieron tranqueras y alambrados”, al tiempo que se preguntó “porqué tendríamos que dejarlos pasar. No hay ningún fallo judicial como ellos dicen, mientras que nosotros vivimos acá desde hace más de 150 años y este camino nunca llevó al lago Escondido”.
Marcha
Por su lado, desde la organización de la sexta marcha por la soberanía al lago Escondido indicaron que hoy partió una columna constituida por integrantes de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA), más diferentes organizaciones sindicales, sociales, políticas y de ex combatientes de Malvinas, quienes marcharán por el camino de montaña, a través del Cajón Azul. “Luego de cruzar con kayaks los lagos Soberanía y Montes, arribaremos, navegaremos y nos asentaremos en ambas cabeceras del lago Escondido”, anticiparon.
En coincidencia, el martes 8 de febrero, una segunda columna pretende ingresar por el camino de Tacuifí, a la altura del paraje El Foyel. Bajo la consigna “Malvinas nos Une, el lago Escondido también”, sus referentes anticiparon que se reunieron con autoridades nacionales “para garantizar que se cumpla con la ley y se respeten los derechos humanos de los marchantes”. El regreso de ambas travesías se prevé por el camino de Tacuifí para el 11 de febrero.
Rechazo
Por su lado, el juez de Primera Instancia, Santiago V. Moran, rechazó hoy “in limine” un amparo presentado por el abogado Montecino Odarda, quien pidió que se “remuevan tranqueras, portones, cámaras de seguridad y elementos que obstaculicen o impidan el libre acceso” presentes en el camino privado de uso vecinal de El Foyel, con el objetivo de que “puedan ingresar manifestantes de ATE y FIPCA” venidos desde Gran Buenos Aires, solicitud que fue “denegada en todos sus términos por ser manifiestamente improcedente”.
Mientras un grupo de militantes que formarán parte de la sexta marcha por la soberanía al lago Escondido (anunciada para la próxima semana) protagonizó incidentes este viernes con pobladores de El Foyel, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche citó a las partes a una audiencia prevista para el próximo 9 de marzo, con la premisa de “ventilar las características del nuevo acceso público por el valle de El Manso, sus condiciones de seguridad, los recaudos ambientales de una traza y, fundamentalmente, las garantías y sanciones en caso de incumplimiento, como paso previo a la necesaria homologación del acuerdo presentado”.
Puntualmente, para la Secretaría de Ambiente de Río Negro “importa la posibilidad del efectivo control territorial de una zona del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido (ANPRALE), que hoy no ejerce. Necesidad de evidente actualidad si atendemos, por ejemplo, que el incendio del lago Martín corre a escasos metros del área en cuestión”.
De igual modo, revelaron que “existe una gran expectativa en el sector turístico, que observa con este acceso público hasta el lago Escondido una posibilidad de desarrollo de un nuevo polo para la actividad, de creciente importancia para toda la comunidad de El Manso”.
A criterio de los analistas, “de darse el final esperado en esta nueva citación, estaríamos asistiendo a una complementación de intereses, respetando el derecho de propiedad -cuya indiscutible vigencia no impide su armonización con los derechos colectivos, como el acceso a los espejos de agua-, en conjunto con los ambientales y una visión sostenible de la actividad económica”.
En detalle, la resolución firmada por la jueza María Marcela Pájaro notifica a la demandante (la actual titular de INAI y ex senadora Magdalena Odarda) que “la Constitución de la provincia de Río Negro indica en su artículo 71° que son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción, que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de éstas debe ser otorgado por autoridad competente. El código de aguas regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral del recurso, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificados como interés social. La provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes”.
Incidentes
Según denunció esta tarde Pablo Puchy, un poblador de El Foyel que vive sobre el mal llamado camino de Tacuifí (en realidad se llama Domingo Puchy en recuerdo del pionero que lo construyó), un grupo de personas llegó hasta la tranquera de acceso (sobre la ruta nacional 40), donde “fuimos hostigados y con provocación y por la fuerza quisieron ingresar a nuestra propiedad sin ningún tipo de apoyo judicial y al margen de la ley”. En principio, dijo que “intenté conversar con ellos, pero se pusieron a gritar y exigir la apertura del camino, haciendo oídos sordos y atropellando los derechos de quienes vivimos acá”.
Reiteró que “este camino es privado, los fiscales de la provincia se lo dijeron bien claro la última vez, no entendemos por qué siguen insistiendo”.
Graficó que “golpearon a nuestros hijos y mujeres, rompieron tranqueras y alambrados”, al tiempo que se preguntó “porqué tendríamos que dejarlos pasar. No hay ningún fallo judicial como ellos dicen, mientras que nosotros vivimos acá desde hace más de 150 años y este camino nunca llevó al lago Escondido”.
Marcha
Por su lado, desde la organización de la sexta marcha por la soberanía al lago Escondido indicaron que hoy partió una columna constituida por integrantes de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA), más diferentes organizaciones sindicales, sociales, políticas y de ex combatientes de Malvinas, quienes marcharán por el camino de montaña, a través del Cajón Azul. “Luego de cruzar con kayaks los lagos Soberanía y Montes, arribaremos, navegaremos y nos asentaremos en ambas cabeceras del lago Escondido”, anticiparon.
En coincidencia, el martes 8 de febrero, una segunda columna pretende ingresar por el camino de Tacuifí, a la altura del paraje El Foyel. Bajo la consigna “Malvinas nos Une, el lago Escondido también”, sus referentes anticiparon que se reunieron con autoridades nacionales “para garantizar que se cumpla con la ley y se respeten los derechos humanos de los marchantes”. El regreso de ambas travesías se prevé por el camino de Tacuifí para el 11 de febrero.
Rechazo
Por su lado, el juez de Primera Instancia, Santiago V. Moran, rechazó hoy “in limine” un amparo presentado por el abogado Montecino Odarda, quien pidió que se “remuevan tranqueras, portones, cámaras de seguridad y elementos que obstaculicen o impidan el libre acceso” presentes en el camino privado de uso vecinal de El Foyel, con el objetivo de que “puedan ingresar manifestantes de ATE y FIPCA” venidos desde Gran Buenos Aires, solicitud que fue “denegada en todos sus términos por ser manifiestamente improcedente”.